La licenciada y presidenta del Panel Especial sobre el Fiscal Independiente, Nydia Cotto Vives, informó a NotiCel que a la senadora, , Mari Tere González se le radicaron 12 cargos a las 2:00 de la tarde.

‘A las senadora se le radicaron cuatro cargos por infracción al artículo 212 del Código de Falsedad Ideológica, cuatro cargos por el retículo 217 de posesión y traspaso de documentos falsificados, el artículo 269 por perjurio y un cargo por violación al código de ética’, detalló Cotto Vives a NotiCel.

JenniferRodríguez, portavoz de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), dijo aNotiCelque laOEGtiene jurisdicción sobre los estados financieros de la exfuncionaria.

A preguntas de este diario digital sobre si la Oficina de Ética está llevando a cabo una investigación sobreGonzález, Rodríguez indicó no poder brindar información sobre ese caso por el momento.

De igual forma, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, en declaraciones escritas, alentó al proceso legal por el cual pasará González.

‘Siempre he creído firmemente en que las leyes deben aplicarles a todos por igual, sin distinción. Estando en posiciones de responsabilidad pública, debemos medirnos y actuar conforme a, una vara más alta. El Partido Popular Democrático tiene que ser reflejo, hoy y en el futuro, de esos valores. El proceso que ahora comienza contra la exsenadora Mari Tere González debe seguir su curso. La presunción de inocencia y las garantías procesales de nuestro sistema penal protegerán sus derechos como ciudadana. Como servidora pública, sin embargo, el desenlace de este proceso debe servir como nota cautelar para todo el que pretenda abusar de la confianza que el pueblo de Puerto Rico deposita en sus funcionarios electos. El país espera más de nosotros; nos toca restablecer la confianza de la gente en sus instituciones’, afirmó Ferrer.

A la exsenadora se le impuso una fianza de $5,000 dólares por cargo para un total de $65,000.La vista preliminar fue señalada para el 20 de marzo.

González invocó, durante el juicio federal contra los coacusados del caso del exrecaudador de la Pava, Anaudi Hernández Pérez la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no auto incriminarse.

A González se le preguntaba sobre el pago de 2,000 dólares que le hizo Hernández Pérez y si colaboró con este para el nombramiento de Sonia Barreto, exdirectora de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Como consecuencia de su testimonio, González renunció a su candidatura a la reelección al Senado.