Alrededor de 171 querellas de estorbos públicos en el municipio de Guaynabo han quedado desatendidas desde el 2014 ante la falta de ejecución de un reglamento, vigente desde ese año cuando aún Hector O’Neill fungía como alcalde.

Además, y aunque el municipio determine resolver la situación, la Oficina de Planificación e Infraestructura del ayuntamiento carece del personal necesario para realizar la labor, según confesó su directora Ada Bones durante las vistas de transición de Guaynabo.

En su ponencia, Bones —quien dirige la oficina desde el 2004— explicó que el reglamento fue revisado en el 2014, pero no se pusieron en práctica las nuevas estipulaciones.

Inicialmente, el total de casos a la fecha rondaba 291, sin embargo, no fue especificado si esos 120 asuntos fueron resueltos y de qué manera o se echaron a pérdida. Del mismo modo, se desconoce si el municipio adquirió esas propiedades catalogadas como estorbos públicos.

Las vistas de transición también revelaron que Guaynabo tiene información suficiente para certificar o validar únicamente un 46% de la propiedad mueble e inmueble del municipio, lo que incluye vehículos, llaves, celulares y computadoras, entre otros bienes.

En diciembre de 2010, Guaynabo aprobó un Plan Territorial con vigencia hasta diciembre de 2018, empero, no será revisado hasta septiembre de 2017.

Mientras, el Comité de Transición del ahora alcalde Ángel Pérez Otero mostró preocupación ante la dejadez en el municipio.

‘Es sumamente preocupante que la persona encargada del uso de terrenos y de los estorbos públicos nos diga que por los pasados tres años no se ha manejado ningún nuevo caso esperando a que un reglamento se atempere a la ley’, expresó Antonio Pabón Batle, presidente del equipo de trabajo.

Ahora le corresponde al alcalde Pérez Otero responsabilizarse por el inventario y certificar la existencia de todos sus componentes.

El ejecutivo municipal juramentó el viernes en la noche en compañía de múltiples miembros del liderato novoprogresista, entre ellos el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Entre sus prioridades destacó una auditoría a las operaciones y las finanzas municipales.

‘En nuestra Administración la transparencia será la regla y no la excepción. Nada quedará oculto. El que actuó correctamente, no tiene de qué preocuparse. El que no actuó conforme lo dispone la ley, que sepa, que en esta nueva Administración no hay espacio para la impunidad’, exclamó Pérez Otero en su discurso inaugural.

El alcalde comienza su incumbencia de manera oficial el lunes, 21 de agosto.

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