Eduardo Faría Rodríguez, exdirector de la Oficina de Recursos Humanos de Guaynabo y quien fuera uno de los implicados en los casos de hostigamiento sexual que han plagado el municipio, fue reinstalado a su puesto de carrera en el ayuntamiento, según estipula la Ley de Municipios Autónomos.

'El exdirector de Recursos Humanos todavía es empleado. Él tenía una posición regular, así que él solicitó su reinstalación que es lo que le corresponde y así está en la ley. Está en un puesto de carrera de abogado', explicó Ángel Pérez Otero, alcalde de Guaynabo.

La Ley de Municipios Autónomos dispone que los nombramientos transitorios tienen derecho a regresar a su puesto de carrera, en este caso, la representación legal.

Durante las vistas de transición del municipio salió a relucir que Faría Rodríguez no parecía contar con los requisitos para dirigir la Oficina de Recursos Humanos, por lo que en ese momento —bajo la incumbencia del exalcalde Héctor O'Neill García— se enmendó el plan de clasificación para ajustarlo a la preparación académica y laboral de Faría Rodríguez.

Además de Faría Rodríguez, en el municipio se registraron querellas contra O'Neill García y su hijo Héctor O'Neill Rosa.

En el caso del exalcalde, este fue denunciado ante el Departamento del Trabajo federal por una mujer policía del municipio quien alegó ser agredida y violada. Ambos, según los datos, sostuvieron una relación sentimental desde el 2009 hasta el 2015.

Es por eso que el pasado 7 de mayo se emitieron alrededor de $30 mil en multas al municipio, por las cuales la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) continúa su investigación en colaboración con la nueva administración de Guaynabo.

'En total eran alrededor de 30 mil dólares en multa. El proceso continúa, por eso hicimos bien claro que estamos viendo esto de manera prospectiva. Hay unos procesos de los cuales yo no puedo hablar. Hay unas investigaciones todavía corriendo, el alcalde así lo conoce y ha puesto a disposición la oficina de la OPM toda la información que nosotras requiramos. Vamos a tenerla a la mano así que, en ese sentido, el procedimiento continúa', expresó Carmen Lebrón González, procuradora interina.

La funcionaria, quien también es abogada, atendió a la prensa luego de una reunión con el ahora alcalde de Guaynabo. A sus declaraciones añadió que la cifra final de las infracciones podría variar, ya que el Municipio cuenta con un plazo para demostrar cumplimiento con los señalamientos de la OPM.

'En ese proceso se determina finalmente cuánto de esa multa se va a cobrar, si se va a cobrar completamente o por si alguna razón ya no procede la multa. Eso yo no lo puedo decir porque el proceso está sometido y está en proceso administrativo. Puede que haya una variación o puede que se impongan los 30 mil dólares al final o puede ser que haya algún ajuste', explicó Lebrón González.

Ante preguntas de la prensa sobre la existencia de protocolos en el municipio para lidiar con casos de hostigamiento, la funcionaria insistió en que la etapa del proceso no le permite abundar en sus expresiones.

Tanto la procuradora interina como el alcalde delinearon un acuerdo colaborativo para educar a los empleados municipales sobre el buen trato hacia la mujer. La iniciativa consistirá de talleres y adiestramientos sobre el tema, así como la creación en Guaynabo de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer.

Aunque limitado en sus expresiones, por las mismas razones que presentó la procuradora interina, el alcalde de Guaynabo reafirmó su compromiso con la pronta resolución de los incidentes.

'Yo lo qué sí puedo decir es que yo les garantizo al pueblo de Guaynabo y a la gente del municipio que nosotros vamos a cumplir con todos los requerimientos de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Vamos a cumplir con eso', subrayó Pérez Otero.