Solicita a los alcaldes rojos que expliquen

El Partido Popular Democrático (PPD), aunque tiene representantes en las alcaldías y el Capitolio, no se responsabiliza por los señalamientos que se hagan a individuos de la colectividad según su presidente, Hector Ferrer Ríos.

De acuerdo al líder popular, le corresponde a cada uno de los funcionarios electos atender las denuncias que se hacen a sus nombres, cosa que no excluye a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

‘Nosotros tenemos 45 alcaldes y alcaldesas en 45 municipios. El asunto administrativo de estos municipios no lo corre el Partido Popular desde aquí, lo corren los alcaldes y alcaldesas. Por eso, con mucho respeto, yo he dicho a los 45 cuando hay un señalamiento administrativo le corresponde a los alcaldes y las alcaldesas darles explicaciones porque aquí no se corren los municipios’, esbozó Ferrer Ríos desde la sede del PPD.

Las decisiones de Cruz Soto en San Juan han protagonizado discusiones recientes luego de la publicación de renuncias y despidos en cadena por parte de empleados en posiciones de jefatura, como lo fueron el Vicealcalde, el Comisionado de la Policía y el Director del Hospital Municipal. Del mismo modo, Cruz Soto ha sido objeto de investigación por alegados actos de corrupción y fue cuestionada sobre la procedencia del dinero que le permite viajar al exterior de manera constante.

Ante un pedido de acción, Ferrer Ríos reiteró que le toca a la ejecutiva municipal responder por sus actos.

‘Yo no conozco los empleados, nosotros no somos parte de los procesos de compra, los procesos de pago, eso el Partido Popular no tiene nada que ver con eso. Reconocemos que son alcaldes de nuestro partido, que tienen nuestra insignia, los apoyamos, pero en asunto de la administración son ellos los que tienen que dar las explicaciones, no nosotros’, insistió Ferrer Ríos.

A esto añadió que su ‘reclamo a mis 45 alcaldes y alcaldesas es que cuando se hace un señalamiento sobre la administración de sus municipios, son ellos los que tienen que dar las explicaciones’.

El miercoles por la mañana, por ejemplo, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael Rivera Ortega, y el subsecretario del partido, Abel Nazario Quiñones, emplazaron a Ferrer Ríos para que le exigiera la renuncia a la Alcaldesa de San Juan.

Entre sus razones, citaron el abandono de Cruz Soto a sus responsabilidades, el patrón de acoso laboral denunciado por empleados y las investigaciones federales sobre posibles actos de corrupción.

‘Cuando el presidente de facto del PNP, que se llama Thomas Rivera Schatz, le pida al gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) de Puerto Rico, que es el presidente de iure del PNP, que se ponga a trabajar, que se ponga a atender los asuntos importantes del país, que se deje de estar politiqueando en Washington, nosotros haremos lo mismo’, condicionó Ferrer Ríos.

El presidente del PPD tomó como punto de partida la presentación del nuevo proyecto de admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos el miercoles al medio día.

El evento, con lugar en la capital federal, fue encabezado por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y contó con la asistencia del primer mandatario, Ricardo Rosselló Nevares, y los miembros del gabinete Ejecutivo local, como la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

A su juicio, el ‘Acta de Admisión’ carece de base jurídica, no cuenta con el aval del país ni del Departamento de Justicia Federal, y es un documento ‘natimuerto’.

En ese sentido, Ferrer Ríos lo consideró una perdida de tiempo, una falta de respeto a los estadistas puertorriqueños y una manera de mover el foco de atención lejos de las situaciones que acechan al país. ‘Es distraer sobre los problemas que de verdad tiene la Isla’, puntualizó.

Entre ellas, mencionó el panorama fiscal y humano del país tras los huracanes, las movidas de la Junta de Control Fiscal (JCF) y hasta la lucha interna en el PNP a raíz de la discusión sobre la Ley 80 sobre despido injustificado.