Dentro un plazo de cinco meses los directores gerentes en Puerto Rico de Ankura Consulting Group – y tambien exmiembros de la administración de Luis Fotuño – Juan Carlos Batlle y Jorge San Miguel cobrarán $1,606,440 por servicios de asesoría legal al hoy maltrecho Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Batlle fue designado presidente del BGF en el 2011 tras la renuncia de Carlos García – quien hoy es uno de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) – mientras San Miguel sirvió como director de plataforma para la campaña electoral de Fortuño. La contratación de los exmiembros ilustra cómo jugadores de la Administración Fortuño han logrado colocarse en prácticamente todos los lados de la crisis actual, incluyendo en la propia JCF.

Según el contrato que ratificaron el 23 de febrero, de marzo hasta junio recibirán pagos mensuales fijos de $385,799 y el documento deja la puerta abierta para posibles extensiones, más allá del 30 de junio. Además dispone que esta cuantía provendrá de fondos internos generados por el Banco, que está quebrado y esencialmente ha sido reducido a un corredor de propiedades del gobierno.

Como asesores del BGF, ambos se encargaron de desarrollar y evaluar el plan fiscal que el ente entregó a la JCF, y además colaboraran en el desarrollo de la Oficina de Manejo de Proyectos (OMP).

Según el Plan Fiscal, la OMP responde a uno de los pedidos de la ley PROMESA para acompañar ese documento de estrategias operacionales que demuestren cómo el gobierno logrará poner en marcha las reformas que propone. Se ilustra a la OMP como una estructura del gobierno central compuesta por funcionarios o personal designado, con la facultad de supervisar proyectos críticos y asignar fondos para implementar las reformas que presenta el Plan Fiscal.

Para poner en marcha esta encomienda, el contrato inicialmente reconoce a Batlle, San Miguel y el copresidente de Ankura Consulting Group, Kevin Lavin, como las personas que ejecutarán la tarea. Para propósitos de asistencia, los funcionarios de Ankura pueden subcontratar los servicios de un tercero para representarlos, pero no para delegar los servicios que suponen ofrecer al BGF en cuanto el Plan Fiscal y el desarrollo de la OMP.

Aun así, cualquier subcontratación debe contar con la autorización del presidente del BGF, Christian Sobrino Vega, y el pago de estos terceros se deducirá de los $1.6 millones que promete desembolsar el contrato.