‘Para que vamos a invertir millones de dólares en algo que no va a tener un resultado’, cuestionó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al ser abordado si apelará la determinación del Tribunal de Primera Instancia, que ordenó que se restituyeran los integrantes de la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública.

‘Si la Comisión de Auditoría determina que la deuda 1,2 y 3 es legal y que la deuda 4,5 y 6 es ilegal, qué ustedes creen que va a hacer la deuda 4,5 y 6? Nos va a llevar al Tribunal. Y será el Tribunal quien dirá si la deuda es ilegal o no. Yo les puedo garantizar que ningún crédito va a aceptar que cualquier comisión le diga que es ilegal y lo va a llevar al Tribunal’, añadió.

Según el Gobernador, si se toma en cuenta que hay dos posibles escenarios en los tribunales y que el peor de los casos es que la Corte invalide la determinación de la auditoría, el país a su juicio puso en entredicho su credibilidad ante los mercados financieros.

El Primero Ejecutivo alegó que la Comisión en el tiempo que estuvo en funciones, ‘gastó miles de dólares y no obtuvo ningún resultado’.

El Tribunal de Primera Instancia ordenó la restitución de los integrantes expulsados de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, trascendió el jueves.

‘La determinación de la jueza muestra que teníamos razón al plantear que era improcedente la destitución de los representantes del interés público en la Comisión de Auditoría Integral por parte del Gobernador. Esto nos permitirá retomar la importante labor de la Comisión, y conocer cuál es el monto real de la deuda, el uso que se le dio al dinero producto de los préstamos tomados’, indicó en declaraciones escritas Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

‘Además, si en efecto se violó o no la Constitución y las leyes de Puerto Rico en varias de las emisiones de bonos y quienes fueron los responsables de las posibles violaciones. Esperamos que no haya más intentos de evitar que se realice esta auditoría y que nuestro País conozca la verdad sobre el proceso de endeudamiento que nos ha sumido en la crisis que hoy vivimos. Los tribunales no investigan, determinan a base de la prueba presentada’, añadió Pagán Rodríguez.

El caso se remonta al pasado 25 de febrero cuando Pagán Rodríguez y los profesores José González y José Alameda Lozada, demandaron al gobernador Ricardo Rosselló por expulsarlos de la comisión que fue creada por la Ley Número 21 del 2016.

A base de lo prueba presentada por los demandantes, el Tribunal dispuso que procede la concesión del ‘Injuction’ preliminar y permanente a donde ‘se le ordena a la parte demandada (gobernador Ricardo Rosselló Nevares) a cesar y desistir de intervenir indebidamente con la Comisión mediante la destitución de sus miembros’, dicta la sentencia emitida por la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo.