Las medidas de austeridad y los recortes de gastos que ha implementado el Gobierno de Puerto Rico con el propósito de presentar el primer presupuesto balanceado en decadas, se han quedado cortas en el objetivo de revertir el estancamiento económico y presentar un presupuesto sin deficit para el siguiente año fiscal. El resultado es que el país está cada vez más cerca de un evento de impago con el agravante de que los servicios fundamentales se pudieran ver afectados.

Del análisis que hizo Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía (CNE), se desprende que los recaudos del Gobierno aún están $578 millones por debajo de los gastos, lo cual significa que para balancear el presupuesto han tenido que recurrir a la emisión de bonos de $3,500 millones que se hizo en marzo de 2014. ‘Es un juego de palabras. No se va a tomar prestado el año que viene, pero es porque tomaron prestado en marzo’, expresó el economista, en referencia a una partida de $422 millones que se reservó de esa emisión para el pago de intereses de 2014 a 2016.

Mientras los intereses de la deuda han aumentado a $269.8 millones, el propio Gobierno ha admitido que hay un alto nivel de dificultad en la ejecución de 23% de los recortes que habían proyectado como parte de la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el año fiscal 2014-2015. Ambos factores provocan que los gastos sean mayores que los recaudos, analizó Marxuach.

En el documento oficial presentado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se admite que del total de recortes de $1,357 millones, 22.7% de ellos ‘conllevan un alto riesgo de estimación y un proceso complejo de implantación’.

Pese a que la mayor cantidad de los ahorros – unos $337 millones – provienen de los costos de nómina al congelar los aumentos en beneficios económicos así como la contratación de puestos vacantes, Marxuach indicó que este no es el motivo detrás del déficit. De hecho, la nómina representa sólo un 35% del total del Fondo General. ‘Las medidas de austeridad tienen el efecto de ampliar la restricción económica y reducir la voluntad de pago’, comentó.

Las verdaderas razones detrás del déficit estructural del Gobierno han sido la reducción de los fondos federales, y el aumento desproporcionado en el servicio de la deuda, lo que impide invertir en el desarrollo socio económico de Puerto Rico. El servicio de la deuda para 2015 representa 16.2% del Fondo General, mientras que la cantidad invertida en mejoras permanentes o bienes públicos es de sólo 4%. En ese año, el pago presupuestado de la deuda alcanzaría los $4,552 millones, lo cual es 81% más alto que el presupuesto de la Policía, 67% más que el presupuesto de la UPR, 51% más que el pago de Mi Salud, y 25% más que el presupuesto del Departamento de Educación.

Las cifras apuntan a que no hay los recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones para con la ciudadanía, los pensionados, losbonistasy el sector privado. ‘El Gobierno tiene que plantearse si van a seguir pagando altos intereses a costa de seguir cerrando escuelas públicas, a costa de que los policías no tengan el equipo necesario y que el Centro Médico tenga que hacer un telemaratón para levantar dinero’, opinó Marxuach.

Giro a la política pública

En ese sentido, el economista sugirió una renegociación de los vencimientos de los bonos de obligación general durante los próximos diez años para que se extienda su duración y se flexibilicen las tasas de interés conforme a los recaudos que obtenga el Departamento de Hacienda. Apuntó a que hay evidencia de que un retraso en la reestructuración de la deudapuede destruir valor económico y conducir a un evento de impago por las altas tasas de interés y las políticas fiscales restrictivas que amplifican las contracciones de la producción.

Sugirió, además, que se prepare un plan financiero a cinco años que incluya una reforma contributiva a fondo, lo cual el Departamento de Hacienda ya ha anunciado que está en proceso de evaluación. Respecto a las corporaciones públicas, comentó que se deben eliminar los subsidios del Fondo General, reducir costos operacionales y reformar la gobernanza. ‘Estoy casi seguro que la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Carreteras van a tener que renegociar la deuda’, comentó, al decir que están a borde de la quiebra.

Adicional a los recortes en nómina central, las medidas implementadas por el Gobierno incluyen un ahorro de $233 millones provenientes de ajustes a las corporaciones públicas, $296 millones de reducciones en el Departamento de Educación, y $132 millones por la congelación de los aumentos por fórmula en la UPR, la Rama Judicial y los Municipios.