El gobernador Alejandro García Padilla y el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica continúan improvisando medidas para paliar la tempestad fiscal mientras esperan por alguna acción del Congreso de Estados Unidos respecto a la crisis del territorio, a la vez que la amenaza de una deficiencia de flujo de efectivo dejaría a más de 200 mil contribuyentes sin reintegro y miles de empleados públicos sin el pago del bono de Navidad.

De acuerdo al secretario de Estado, Víctor Suárez, el próximo viernes, 11 de diciembre, es una fecha clave para que el Congreso actúe, a la vez que insisten en que se acoja la propuesta que presentó la Administración Obama para Puerto Rico. Si pasa esta fecha y no ocurre nada, ‘las cosas van a cambiar’, sentenció la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, en conferencia de prensa el martes.

La prensa increpó a los funcionarios por las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla ante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico del Senado federal, donde advirtió que la posibilidad de un impago se torna cada vez más fuerte ante la presión entre pagar la deuda a los acreedores o que el Gobierno continúe proveyendo los servicios esenciales a la ciudadanía. Sin embargo, en Puerto Rico se anunciaba la firma de una Orden Ejecutiva que retuvo fondos a varias corporaciones públicas para pagar las obligaciones con garantía constitucional a la vez que una carta circular del Departamento de Hacienda retrasó sin garantías de una próxima fecha de pago el bono de Navidad de los empleados públicos.

Suárez aquilató que el Gobierno incumplió el pasado agosto con el pago de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) y con la Orden Ejecutiva se suspendieron los pagos a los fideicomisarios de estas entidades.

La Orden Ejecutiva 2015-046 ordenó al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, retener ciertos ingresos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Además, se ordenó a la Compañía de Turismo transferir a Hacienda los fondos del impuesto sobre el Canon de Ocupación de Habitación (Room Tax), que deben usarse para el pago de las obligaciones del Distrito de Convenciones de Puerto Rico.

De acuerdo a Acosta Febo, algunas de estas entidades tenían en reserva los fondos suficientes para pagar los próximos vencimientos. De esta manera trató de disipar las preocupaciones de que el Gobierno esté redestinando para otros fines los fondos de estos pagos.

‘No necesariamente porque no estemos enviando el dinero (al Fideicomisario de los Bonos), no quiere decir que no se vaya a pagar la deuda’, puntualizó la Presidenta del BGF sobre los vencimientos pendientes de las dependencias a las cuales se les aplica el denominado ‘clawback’.

La funcionaria detalló que luego de que el lunes el Primer Mandatario firmara la orden, se retuvieron $22 millones a la ACT que iban destinados al Fideicomisario de Bonos de dicha corporación pública. Además, sostuvo que el vencimiento de $354.7 millones de notas del BGF se pagó con los fondos de la institución financiera a la vez que resaltó que el pago se hizo para respetar los acuerdos pactados porque al menos $273.3 millones tienen garantía constitucional. Aludió que esto les permite concretar un proceso ordenado de negociación con los acreedores sin tener que batallar a la misma vez con un cúmulo de demandas.

A su vez, el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, reconoció que con las retenciones de ingresos de estas corporaciones, ‘se podría interpretar como que hay un tipo de ‘default’ técnico en la medida que se retiene el dinero que iba destinado para eventualmente pagar una deuda cuando venciera. Pero lo cierto es que la deuda no ha vencido, y que en el momento del vencimiento se podrá concretar un ‘default’ absoluto si no se paga. Alguien podría interpretar que no retener hoy el dinero que se va a utilizar para pagar eventualmente el vencimiento puede constituir un ‘default’. Es cuestionable jurídicamente y va a depender de lo que disponga cada uno de los contratos de emisión que se hicieron’.

La Orden, que retiene $329 millones de estas dependencias entre diciembre 2015 a junio 2016, se une a otras medidas de emergencia como la dilación en el pago de los reintegros a los contribuyentes; la posposición del pago a los suplidores; las modificaciones en las aportaciones a los sistemas de retiro gubernamentales; y los $400 millones de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés) que adquirieron la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal y la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Mientras, Suárez no pudo concluir si el Gobierno contará con los recursos para pagar los reintegros de las planillas de contribución sobre ingresos, la nómina de los empleados públicos, y el bono de Navidad.

El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, precisó a este diario que hasta el pasado 27 de noviembre 329,025 contribuyentes habían recibido sus reintegros y faltan por pagar 215,258. En cuanto al bono de Navidad, manifestó que ‘se están buscando todas las alternativas para pagar el Bono de Navidad a los empleados públicos en o antes del 20 de diciembre, según lo establece la Ley. Sin embargo, el pago está sujeto a la liquidez del Gobierno, que se evalúa diariamente’.

Tanto Acosta como Suárez no aclararon cómo queda la liquidez del Gobierno tras las modificaciones en los estimados de recaudos de Hacienda. En septiembre, el BGF publicó un informe realizado por la firma de consultores Conway MacKenzie, que pronosticó que para diciembre habría una deficiencia en el flujo de efectivo de $205 millones. El Secretario de Estado se limitó a aseverar que la mayor presión en el flujo de efectivo se experimentará en el segundo semestre del presente año fiscal.

Por su parte, Zaragoza Gómez, no pudo señalar a este diario en qué momento se vería forzado a acudir a los tribunales para solicitar un síndico para el BGF. ‘La situación fiscal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se evalúa diariamente y aunque en efecto, la decisión de solicitar un síndico recae sobre el Secretario de Hacienda, por sus repercusiones, es una que habría que atenderse junto al Gobernador. En estos momentos hay unos procesos de negociación que atienden tanto la deuda del Gobierno Central, como la del BGF y otras corporaciones públicas, por lo que es prudente esperar los resultados’, sostuvo.

‘Ya no nos quedan muchas medidas extraordinarias que tomar’, determinó Suárez Meléndez, al tiempo que insistió en la necesidad de una intervención del Congreso para que permitan a las corporaciones públicas de la Isla acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.