En vista en Tribunal de San Juan.

La paralización o continuación de la pesquisa que realiza la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre los vagones de suministros hallados en los predios de la agencia será decidido por escrito por la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo.

La decisión surgió como resultado del pleito llevado por la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, quien busca frenar la investigación de los furgones con comida, agua y otros productos que debían ser entregados a los damnificados del huracán María por entender que un análisis de ese tipo va más allá de las capacidades y deberes de la CEE.

Pese a que no dictó sentencia, la jueza se inclinó por una investigación enfocada en los protocolos de seguridad de la agencia electoral.

‘Tienen que verlo dentro de los protocolos de seguridad. Quien se los llevó, cuántos se fueron, a que hora. Pero que había y que no había, eso sí puede que se salga de jurisdicción’, mencionó Roques Arroyo, antes de intentar propiciar un acuerdo entre las partes, acto que resultó infructuoso.

Previamente la jueza había declarado no ha lugar a la petición de la Comisionada Electoral del PNP, pero citó a las partes hoy, viernes, para escuchar sus argumentos.

Durante la vista, la representación legal de la exsenadora incluyó entre sus planteamientos que el tema de los vagones fue utilizado como un acto de persecución política con el fin de causar una distracción y cambiar el tema de conversación dominante en el país.

‘Este caso tiene su genesis no en la CEE, sino fuera de la CEE, precisamente por una noticia de dos abogados hablando mal de Puerto Rico y se usó la CEE para desviar la atención’, arguyó el licenciado Hector Díaz Vargas.

El abogado hacía referencia a la propaganda antiestadista tambien destapada a mediados de agosto que involucró al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Hector Ferrer Ríos, y el aspirante a la gobernación, Roberto Prats Palerm.

‘La Ley Electoral dicta que para que la Comisión intervenga, se requiere un asunto de carácter electoral, como lo fue el caso del ‘chat’, que el juez fue sancionado. Este no es un asunto de carácter electoral’, reiteró Díaz Vargas.

Fue en la CEE que, mediante una resolución firmada por el presidente interino, Nicolás Gautier Vega, se decidió investigar todo lo relacionado a los vagones que posteriormente aparecieron en una finca en Toa Alta y luego fueron removidos por la Guardia Nacional.

Díaz Vargas aseguró que la CEE había realizado un informe interno, documento que debe ser suficiente para ponerle punto final al caso. Por esa vía, solicitó al tribunal que desintegrara el comite creado para encaminar la investigación, se establecieran límites en la pesquisa para evitar cuestionamientos jursidiccionales y que se garantizara la representación balanceada de los partidos entre el nuevo comite investigador.

El abogado además defendió la legitimidad de su clienta en ser quien lideraba el caso ante el tribunal, lo que fue punto de enfoque de la defensa. Basado en el estado de derecho, argumentaron, Burgos Andújar no tiene justificación alguna para presentar el caso.

‘Es el derecho de aquella parte afectada por la investigación de venir aquí a plantear al tribunal que la investigación en curso no procede. En este caso, no es el Partido Nuevo Progresista el que está investigado. Lo que sí hay en la mente colectiva del país, es un requerimiento de saber que pasó con la ayuda que no llegó. Podemos estipular que se le ha pedido [a Burgos Andújar] que participe en los procesos’, defendió Manuel Izquierdo Encarnación, abogado de Gautier Vega.

Según el licenciado, se han citado a siete personas como parte de la investigación de la CEE sobre los furgones. Dos se han presentado y un número no especificado se ha negado a declarar.

En la línea que cuestiona la legitimación activa de Burgos Andújar tambien rebatieron los abogados Nelson Rodríguez Vargas –en representación del Comisionado Electoral del PPD– y María de Lourdes Santiago Negrón, tambien Comisionada Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Santiago Negrón señaló que su homóloga del PNP debía probar sufrimiento de un ‘daño real, palpable e irreparable’ en caso de continuarse la investigación sin intervención del tribunal.

‘A esta sala, a este tribunal, puede venir quien tenga un reclamo de quien ha sufrido. Ese daño no puede ser imaginario. No puede ser abstracto. Tiene que ser palpable’, exclamó la codemandada.

En su alocución, Santiago Negrón descartó la premisa de que la investigación fuera motivada por la persecución política, ya que Burgos Andújar –al igual que el resto de los comisionados– tenía a su haber nombrar quien la representara en los procesos.

De acuerdo a la licenciada, la importancia detrás de la pesquisa yace en reiterar la capacidad de una agencia de fiscalizarse a sí misma y de revisar los protocolos de seguridad de la CEE.

La agencia, justificó, es sede de unas 6,000 máquinas de escrutinio electrónico utilizadas durante las elecciones, alberga información confidencial de electores en y fuera de Puerto Rico, y archivos históricos, papeletas y la manifestación mueble de una inversión de dinero público.

Entre el público en la sala se encontraban los comisionados electorales y alternos de los tres partidos políticos principales del país.