La querella había sido presentada el 28 de julio de 2020 por Jorge Dávila Torres contra ambos comités políticos.

El Contralor Electoral de Puerto Rico, Walter Vélez Martínez, archivó hoy la querella contra el Comité Pedro Pierluisi, Inc. al determinar que no se encontró evidencia de que dicho comité y Salvemos a Puerto Rico (SPR) hayan coordinado gastos entre sí.

El Contralor Electoral tampoco halló evidencia de que el comité de Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista hayan coordinados gastos entre sí.

«De los hechos antes detallados y del examen de la evidencia no se desprende evidencia de instancias en que algún gasto específico con fines electorales realizados por SPR haya sido realizado a petición, sugerencia o común acuerdo de estos con el Comité o con el PNP o luego que estos acordaran el contenido, momento, lugar, modo o frecuencia del gasto. Tampoco se encontró evidencia de que la agencia de publicidad, De la Cruz & Asociados, haya provisto servicios a SPR y al Comité o al PNP de manera simultánea», dice textualmente la determinación del Contralor Electoral.

«Tampoco se detectó que De la Cruz hubiera prestado servicios al Comité y, antes del paso de 90 días, hubiera prestado servicios a SPR, luego de haber adquirido conocimiento sobre los planes, proyectos, estrategias, actividades o necesidades del Comité. Por lo cual, basado en los estatutos legales antes expuestos la OCE no puede concluir que existió coordinación de gastos entre SPR y el Comité», agrega.

Vélez Martínez aclaró que la Ley 222 no prohíbe que un aspirante, candidato o personal del Comité le sugieran a un tercero que aporte dinero a un comité de gastos independientes que le favorece, como lo fue SPR, ni tampoco prohíbe que un candidato o personal de su comité le sugieran a alguna persona allegada que organice un comité de gastos independientes para favorecer su candidatura.

«De la misma forma, la Ley 222 no prohíbe que un recaudador obtenga un comité de gastos independientes que apoye al mismo candidato. La Ley de donativos, simultáneamente, para un comité de campaña de un candidato y para 222 lo que prohíbe es que los comités de gastos independientes incurran en gastos coordinados con otro comité, según definidos en el Artículo 2.004 (35)», dice la determinación.

En su decisión, el contralor electoral sugiere que sea la Legislatura la que enmiende la Ley 222.

«Primeramente, para dejar sin efecto las enmiendas introducidas por la Ley 58-2020 a la definición de donativo en el Artículo 2.004 (23) de la Ley 222, la cual dificulta grandemente a la OCE realizar señalamientos de coordinación de gastos entre comités de campaña. Véase Nota al calce 7, supra. Igualmente, corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar si proceden, o no, dentro de los parámetros constitucionales de la libertad de asociación y libertad de expresión, según interpretados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, imponer alguna limitación a los lazos que las personas que organizan comités de gastos independientes y las personas que recaudan fondos para estos puedan tener con los aspirantes o candidatos que apoyan».

La querella había sido presentada el 28 de julio de 2020 por el ingeniero Jorge Dávila Torres contra ambos comités políticos.

Dávila Torres alegaba que SPR se formó con la intención de influenciar un proceso electoral local en Puerto Rico apoyando la elección de Pedro Pierluisi como candidato a gobernador en las primarias del Partido Nuevo Progresista, por lo que debió registrarse ante la Oficina del Contralor Electoral y no en el Federal Election Commission (FEC).

Lea la determinación oficial aquí:

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