Con la destitución de Elizabeth Torres y la renuncia de María Meléndez Altieri solo quedan cuatro de los cuestionados cabilderos por la estadidad.

Todo era protocolo y formalidad cuando el 1 de julio de 2021 el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia encabezaba la ceremoniosa juramentación de los delegados congresionales, cuya figura hoy aparenta desmoronarse ya no solo en términos de imagen, sino que también en número con la destitución de Elizabeth Torres y la renuncia de María “Mayita” Meléndez.

Ese veraniego día de hace dos años, la ceremonia de juramentación se hizo en La Fortaleza -para darle más realce a estos nuevos cabilderos por la estadidad- y hasta la mansión ejecutiva llegaron Melinda Romero Donnelly, María “Mayita” Meléndez Altieri, Roberto Lefranc Fortuño y Elizabeth Torres (no asistieron el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y Zoraida Buxó).

De ese ímpetu inicial, la iniciativa aparenta quedar un proyecto cosmético, de imagen, que ha debido soportar las críticas del PPD por el salario de estos funcionarios electos y la merma en el número de los delegados congresionales, que ignoran a Ética Gubernamental, son multados y no presentan informes financieros.

El grupo -reducido a 4- tiene como misión principal trabajar en el Congreso a favor del mandato dictado por los votantes en las elecciones celebradas en mayo de 2021 para lograr la estadidad y poner en vigor lo establecido en la La Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico (Ley 167 de 2020).

Así lo explicaba el gobernador Pedro Pierluisi: «Los delegados congresionales trabajarán incansablemente para hacerle justicia a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Desde el 1898 pertenecemos a Estados Unidos y desde el 1917 somos ciudadanos americanos, pero sin todos los derechos que nos corresponden. Juntos vamos a trabajar por la igualdad para nuestra gente”.

Ese «juntos» tuvo su primera excepción con Torres, quien se divorció del PNP en estos años y generó el rechazo de los políticos oficialistas por sus posturas que echaban lodo a la figura de los delegados congresionales: no creía en ella, pero cobraba.

Frente a este escenario, y ya sin el apoyo del PNP ni del gobernador, el 26 de junio pasado el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, ordenó hoy la destitución de la cabildera por no cumplir con los trabajos que le requiere la Ley de la Delegación Congresional, como lo había solicitado el Departamento de Justicia (DJ) en abril de 2022.

Ya con Torres remando en otra dirección, los cabilderos por la estadidad sufrieron ayer otra baja: la de María «Mayita» Meléndez, quien renunció a su puesto y esbozó sus motivos en un mensaje difundido en las redes sociales.

La exalcaldesa de Ponce recordó que hace unos meses «sufrí un percance de salud que ha cambiado mi ritmo de vida».

Al respecto, afirmó que «a pesar de haber llegado a un punto en el que me sentí con fuerzas y retomé mis labores, hoy mi cuerpo me dice otra cosa», ante lo cual consideró que debía concentrar sus energías en su familia y su «sanación».

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la carga de los delegados congresionales se hará más evidente y un flanco abierto para el oficialismo si solo se toma en cuenta el tema de los salarios: en dos años se han desembolsado fondos públicos por más de un millón de dólares en los cabilderos por la estadidad (excepto Rosselló Nevares, quien renunció a recibir sueldo) por una labor que, a todas luces, no se ve.

El reglamento del estatuto define que estos funcionarios electos ganaran $90,000 por concepto de salario y tendrán gastos reembolsables hasta un máximo de $30,000.

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