El nuevo presidente del PPD, quien opinó que «había que tener cuidado con los tratos privilegiados», se mostró abierto sin embargo a la discusión de las alianzas electorales.

El nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, opinó hoy que la demanda presentada en el Tribunal de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana, en torno a las candidaturas coaligadas, es una «admisión» de que quienes impulsan el recurso judicial «no podrían ganar una elección bajo las mismas circunstancias que tienen los demás partidos».

El PIP y MVC sometieron ayer una demanda para que se dicte una sentencia declaratoria que decrete la invalidez constitucional de los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral, ya que proscriben la alianza de candidaturas comunes por los partidos políticos.

Además, solicitan que el Tribunal decrete un interdicto preliminar y una sentencia de interdicto permanente que ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a su presidente (Francisco Rosado Colomer) cesar y desistir de poner en vigor los artículos cuestionados.

Sobre la medida legal tomada por los partidos, Ortiz declaró que «el partido analizará el recurso y va a contestar de manera oportuna. Histórcamente el PPD no ha favorecido ese tipo de propuestas de candidaturas coaligadas. La realidad es que nuestro sistema electoral es uno sumamente liberal en términos de las opciones que da al elector, emitiendo votos íntegros, mixtos, por candidaturas, nominación directa».

«Esa capacidad que tiene el elector de ejercer toda esa variedad de opciones a la hora de votar nosotros la vamos a seguir defendiendo. Claro está, este recurso no deja de ser una admisión de quienes lo impulsan de que no podrían ganar una elección bajo las mismas circunstancias que tienen los demás partidos», afirmó el también representante del PPD.

Expuso que «aquí hay unos temas que hay que discutir en términos de privilegios adicionales a candidatos o partidos, en términos de tener posibilidades de doble representación en la Comisión, en términos de que se pueda contabilizar un voto para inscribir dos partidos mientras los demás requieren de un solo voto íntegro para inscribir. Todos esos son datos que hay que analizar».

Pese a sus reparos, el presidente del PPD se mostró «abierto a la discusión de las alianzas y lo hemos dicho como parte de nuestra reacción y nuestros planteamientos en términos de las enmiendas al Código Electoral. Somos fieles creyentes en que todos deben tener participación y que debemos lograr el mayor consenso posible».

No obstante, consideró que «hay que tener cuidado con los tratos privilegiados, a unos versus otros. Nosotros contestaremos el recurso de manera adecuada y ahí estará la posición institucional del PPD».

De acuerdo con los partidos demandantes, la Convención Constituyente «garantizó que no se podrían conculcar o restringir los derechos de los partidos políticos», mientras que la Carta de Derechos «entronizó el valor de la igualdad mediante la igual protección de las leyes y prohibió la discriminación por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas».

Para el PIP y el MVC «estos valores fundamentales han sido vulnerados desde el 2011 por la legislación electoral vigente en Puerto Rico» debido a que el artículo 6.1 del Código Electoral vigente «prohíbe que dos o más partidos políticos acuerden una alianza o postulen candidaturas coaligadas», en tanto que el artículo 7.9 no permite «que una persona sea candidato por más de un partido político».

En las elecciones generales de 2020 compitieron cinco partidos y el candidato a la gobernación del PNP y actual gobernador Pedro Pierluisi Urrutia logró el 33%, mientras que Carlos Delgado Altieri, del PPD, obtuvo el 31% de las preferencias.

Los candidatos a la gobernación de las colectividades restantes —MVC, PIP y y Proyecto Dignidad— acumularon en total alrededor de 35% de los votos emitidos.