La demanda data de cuando López León era procuradora de las personas en edad avanzada.

Luego de que la senadora Rossana López León hiciera expresiones públicas y señalara a otros políticos por mantener una »doble vara» al manejar casos de discrimen, hoy traen a la mesa una demanda federal de hace 8 años, y en el que señalan a la legisladora por encubrir un patrón de hostigamiento sexual y discrimen contra una empleada cuando dirigía lo que era conocido como la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

La demanda a la que se refieren fue presentada en el 2012 por quien entonces fuera una coordinadora de programa en la OPPEA, Noemí Rodríguez Arce, quien, tras comenzar labores en la agencia, sostuvo una relación con su supervisora, Wilma Cruz Calo. A su vez, Cruz Calo habría sostenido una relación con Carmen Ortiz Calderón, su supervisora en la misma agencia, lo que generó una serie de acciones que crearon condiciones de trabajo »intolerables» para la demandante.

En ese momento, y según reza la demanda, López, exprocuradora de las personas en edad avanzada, «no protegió a la demandante de las represalias y la conducta discriminatoria de género y participó en la ocultación de la conducta de Ortíz-Calderón y Cruz-Calo mediante la aplicación de decisiones laborales discriminatorias y de represalia contra la demandante».

“Es claro que la última persona en Puerto Rico que puede señalar a otros sobre el tema de discrimen, ya sea laboral, de raza o sexual, es la senadora Rossana López. Cualquiera que lea las 18 páginas de la sentencia del tribunal federal podrá darse cuenta que esta señora es una revanchista y opresora. Los detalles de los relatos de la demanda dejan mucho que decir de una mujer que anda por los medios en Puerto Rico adjudicándose ser la mayor defensora de los derechos y la igualdad. Como legislador y funcionario público me impactó en gran medida el que una funcionaria que ocupó la silla dirigida a defender los derechos de las personas de edad avanzada en Puerto Rico fuera parte de las atrocidades que se cometieron contra esa empleada de gobierno”, expresó el legislador José «Quiquito» Meléndez en declaraciones escritas.

Meléndez también condenó que el proceso legal le costara al erario público el pago de sobre $115 mil dólares por daños.

Asimismo, el representante emplazó al Partido Popular Democrático (PPD), a su presidente Aníbal José Torres, y a su Comisionado Electoral, a que publiquen cómo la senadora López contestó el formulario de candidatos oficiales del PPD, particularmente en la parte donde pregunta si en los pasados 10 años ha tenido una sentencia en su contra, civil y/o criminal, que haya advertido final y firme, y dictada por un tribunal estatal o federal.

Meléndez también instó a los candidatos a la gobernación Eduardo Bathia, Carmen Yulín Cruz y Charlie Delgado, a que se expresen sobre las acciones de la senadora López en el pasado, y que están redactadas en una sentencia del Tribunal Federal en Puerto Rico.

“El liderato del PPD, sus candidatos a la gobernación, y los candidatos por San Juan deben decir si le solicitarán la renuncia a la senadora Rossana López con la misma euforia y pasión que se la han pedido a otros políticos. El ejemplo comienza por la casa. Y es en momentos como estos que se demuestra la verticalidad y rectitud de los líderes. El pueblo ha demostrado en más de una ocasión que esta atento a las acciones y expresiones de todos los líderes políticos”, concluyó Meléndez.

Puede ver a continuación la demanda: