El contralor electoral informó que el 4 de mayo divulgará la auditoría al comité de Miguel Romero y adelantó también que pedirá a Justicia Federal el récord del juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, afirmó que hay situaciones irregulares y datos suficientes para investigar las donaciones que se hicieron al comité de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, para las elecciones de 2020, aunque aclaró que el asunto está en evaluación.

La reacción de Vélez Martínez se da luego de que el contratista convicto por corrupción, Oscar Santamaría Torres, y según trascendió en el juicio por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, hizo donaciones a la campaña política de Romero Lugo de $50,000 y $10,000, pero en la Consulta de Donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solo aparecen $5,000 reportados.

Respecto de las revelaciones que se hicieron en el juicio, el funcionario sostuvo a NotiCel que "en el caso de la Oficina del Contralor Electoral nosotros estuvimos como parte del proceso judicial y te puedo decir que nuestra presencia fue por dos cosas: número uno, porque eramos parte, como testigos, con dos empleados de la oficina y, número dos, por las alegaciones relacionadas a posibles infracciones al financiamiento de campañas electorales".

En ese sentido, declaró que "todo lo que se comunicó en el juicio, que pudiera tener relación con asuntos del financiamiento de campañas, se está analizando y se está evaluando por la Oficina del Contralor Electoral. Ya había algunas de las cosas que se plantearon que ya nosotros las sabíamos, pero puede haber otra información nueva que también la estamos evaluando".

Consultado sobre si hay datos suficientes y situaciones irregulares que den pie para poder investigar el caso de Romero Lugo, respondió: "Claro, hay unas alegaciones que hay que tomarlas con mucha seriedad, porque se plantean donativos en exceso a los límites que impone la ley, pero son situaciones que nosotros tenemos que evaluarlas en qué contexto se dan, si en realidad fueron donativos ilegales, dónde está ese dinero, si era para la campaña, si no se usó para la campaña y se usó para otro motivo. Son cosas que nosotros, por supuesto, vamos a estar evaluando".

Agregó que "ya nosotros tenemos conocimiento de lo que se dijo en el tribunal. Y ya teníamos conocimiento de algo que se planteó allí, pero nosotros también necesitamos obtener, y se lo vamos a pedir a justicia federal, el récord de este caso para evaluar todo el asunto".

Detalló que la investigación, si se da, "no tiene un término definido. Terminan cuando terminan. ¿Por qué? Hay veces que se citan personas para tomar declaraciones juradas o deposiciones, a veces la persona no puede ir y si no quiere ir tenemos que acudir al tribunal, y buscar una orden para obligar a que la persona vaya a declarar ante nuestra agencia".

De acuerdo con el funcionario, "la ley no nos impone una fecha específica. Si se detectara, dentro de la evaluación que nosotros vamos a hacer, violaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, hay dos vías: imposición de multas, dependiendo de la ilegalidad que se haya cometido, y número dos, si se detectara que se emitió un informe falso, que es un delito tipificado en la Ley de Financiamiento, pues eso ya sería un referido al Departamento de Justicia, para que la agencia procese el asunto en los tribunales".

En el caso específico de las supuestas donaciones a la campaña de Romero Lugo, comentó que "estoy impedido por ley de hablar de este asunto, toda vez que la auditoría del municipio de San Juan no ha concluido. Nosotros tenemos hasta mayo 4 para publicar las auditorías de todos los comités políticos que participaron en las elecciones de 2020".

Explicó que "esto no significa que una vez se publique la auditoría, que puede salir con un hallazgo, dos o tres, o puede salir bien, eso no significa que se cierre una investigación o cualquier asunto, o que se abra una investigación. Tenemos hasta el 4 de mayo para publicar las auditorías pendientes, entre ellas la del municipio de San Juan. Mi recuerdo que la auditoría al municipio de San Juan pudo haber comenzado hace ocho o nueve meses".

Vélez Martínez indicó que luego de las elecciones "la ley nos otorga 30 meses para realizar todas las auditorías. Eso se hace con un sorteo y así comienzan las auditorías. Son casi 1,000 comités".

En el juicio, Santamaría Torres admitió las donaciones por encima de la ley, pero no dio detalles.

Sí se hizo referencia en el proceso judicial a dos eventos en 2020 para recaudación de fondos: uno en “La Casona" y otro en “El Olivo".

En estas dos actividades, Santamaría Torres presuntamente aportó $50,000 y $10,000 que se pasaron a nombre de otras personas, lo que también es una violación a la ley de financiamiento de campañas.

Los donativos habrían sido entregados a miembros de la campaña política de Romero Lugo, incluyendo al anterior vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, que renunció abruptamente en septiembre de 2022 “por razones estrictamente profesionales”.

El Registro de Donantes de la OCE refleja que Santamaría donó $2,500 en efectivo al Comité del alcalde de San Juan, Romero Lugo, y otros $2,500 al Comité Municipal San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El primer donativo se realizó el 17 de julio de 2020, y el segundo se efectuó el 23 de julio del mismo año.

El reglamento de la OCE establece que los donativos por una persona natural no deben exceder los $2,800.

De igual manera, el partido político o algún comité autorizado, “no tiene que identificar un donante (conocido o anónimo) que done $50 o menos en un acto político colectivo”.

Sobre los donantes, la OCE exige que los comités registren nombre y apellidos, dirección postal o física, número de licencia de conducir o de tarjeta electoral u otra identificación emitida por el gobierno federal o estatal que incluya nombre y apellidos, foto, firma, dirección y código de seguridad.

La directora de la división de Asuntos Legales de la OCE, Sarah Rodríguez, aseguró en el juicio que el máximo a donar en efectivo es $2,800, y que de recibir “cash”, el candidato no puede gastar ese dinero de inmediato sino que tiene que ponerlo en su cuenta y de ahí usar cheques para cubrir gastos.