A la medianoche, la legisladora deja su escaño tras acusaciones de corrupción pública.

El telón político baja a la medianoche de hoy para la representante María Milagros “Tata” Charbonier Laureno. Ya funcionarios de la Cámara de Representantes realizaron el inventario de propiedad de su oficina. Solo queda retirar su credencial del sistema.

"Charbo", como le decían sus allegados y la identifica la acusación federal, presentó su renuncia con fecha del 15 de septiembre, pero el presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, invocó el Código Político y decretó que la dimisión entrará en vigor el 3 de septiembre a la 12:01 de la madrugada.

“Podría retirar la renuncia, pero sé que no lo va a hacer”, comentó Méndez Núñez a NotiCel.

Cincuenta días después de despertar con el grito de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tocando a la puerta de su apartamento en Río Grande, la expresidenta de la Comisión de Ética abandona el escaño asediada por acusaciones federales de corrupción pública y sin mesada.

“Los legisladores no acumulan licencia regular, ni licencia de vacaciones”, detalló el presidente cameral.

Diecisiete días después de sentir el frío de las esposas en sus manos y de pasar de honorable a defendant, la legisladora deja el cargo que ocupó durante ocho años sin despedidas y sin glorias.

¿Quién es Tata?

La representante por Acumulación soltó su primer grito el 24 de noviembre de 1963, en Fajardo. Es caridura y sagitariana. Aprendió a leer y a escribir, a sumar y a restar en el sistema público de enseñanza. En 1986, año en que el Challenger estalló en pedazos y el actor Ronald Reagan habitaba en la Casa Blanca, Charbonier Laureano lanzó al aire su birrete al graduarse con una especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. También es jerezana. Junto a su esposo y también acusado federal, Orlando Montes Rivera estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde obtuvo su juris doctor. “Eran novios en esa época”, recordó una compañera de estudios.

Fue secretaria general del Partido Nuevo Progresista (PNP) bajo la presidencia del exgobernador Pedro Rosselló González. Su nombre surgió tras una búsqueda de "nuevo talento" realizada por Juan R. Melecio y Leo Díaz Urbina, según informes de prensa de la época. Tenía caudal político por su vínculo con las iglesias protestantes de la región este de la isla, un sector poderoso que la colectividad quería cultivar. Es cristiana y se oponía a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En el 2008, intentó sin éxito sin convertirse en la alcaldesa de Río Grande. Definiéndose como una política de centro y defensora de los valores cristianos, se estrenó como representante por Acumulación en el 2012. Revalidó al cargo en el 2016 logrando la mayor cantidad de votos de la elección. Durante la contienda primarista previa a esa elección, se alió al equipo de Ricardo Rosselló Nevares, que enfrentó al entonces comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia, a quien ahora endosaba como candidato a gobernador en las próximas elecciones.

Perdió la primaria hace unas semanas al quedar en último lugar en el cuadro de precandidatos a la Cámara baja por acumulación. Al día siguiente, el FBI la arrestó.

Tropiezos éticos

Pese a que ha proclamado una moral estricta, la legisladora ha enfrentado múltiples tropiezos éticos, que llevaron al Tribunal Supremo a amonestarla y a eventualmente suspenderla del ejercicio de la notaría.

El 11 de abril de 2002 y mientras ocupaba la secretaría del penepé, el Supremo la censuró por juramentar una declaración jurada preimpresa con cuatro nombres en el 1999 cuando solo dos personas acudieron a su oficina para el trámite. En su defensa, la abogada aseguró que la acción no respondió a la mala fe sino a “falta de cuidado”. Por tratarse de su primera queja o querella, la curia solo la regañó y la apercibió contra futuras infracciones.

Pero no escuchó.

El Supremo volvió a censurarla el 30 de junio 2015 por irregularidades que una auditoría de la Oficina del Contralor detectó en las facturas que presentó mientras se desempeñaba como asesora legal del alcalde de Canóvanas José “Chemo” Soto Rivera entre el 2001 y 2003.

En síntesis, el municipio de Canóvanas contrató a Charbonier Laureano para asesorar al ayuntamiento en asuntos legales a razón de $50 la hora. Había un tope de 1,140 horas. Entre abril de 2002 y octubre de 2003, la abogada facturó $69,350 por 1,387 horas. De esta cifra, $54,850 o 1,097 horas correspondían a representación legal de residentes supuestamente indigentes, pero esos servicios no estaban contemplados en los cuatro contratos que firmó con el gobierno municipal.

La auditora senior Waleska Rolón Osorio identificó que el municipio desembolsó $10,600 en pagos por trabajos duplicados y otros $31,950 por casos cuyas vistas no aparecían en los calendarios de los tribunales. Identificó también que el esposo de Charbonier Laureano la sustituyó en 139 casos (726 horas), pese a que no era la parte contratada.

La Oficina del Contralor refirió los señalamientos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Justicia determinó no presentar cargos criminales, pero Ética impuso una multa de $2,000 al alcalde y otra de $1,500 al entonces vicealcalde Miguel Jiménez Carrión y a la directora de Finanzas Lilliam Rodríguez García. La controversia llegó al Tribunal de Apelaciones, pero dicho foro ratificó la decisión de la agencia. Luego el Supremo sostuvo la decisión del foro inferior por estar igualmente dividido.

Los tres funcionarios, que certificaron las facturas y los desembolsos, finalmente pagaron la multa, confirmó la OEG.

Aunque Justicia determinó no presentar cargos, ordenó al ayuntamiento recuperar el dinero que pagó sin observar las reglas de sana administración pública. NotiCel solicitó por escrito al portavoz de prensa del ayuntamiento evidencia del recobro del dinero, pero no recibió respuesta.

“Relajamiento del criterio de honestidad”

Pese a la gravedad de estos señalamientos, la mayoría del Supremo determinó archivar la queja contra Charbonier Laureano, quien en ese momento se desempeñaba como representante por Acumulación. Solo recibió una amonestación.

“Atendidos el informe final de la Procuradora General y la Moción en cumplimiento de orden de réplica que presentó la Lcda. María Milagros Charbonier Laureano, el Tribunal censura a la letrada ante la inexactitud de sus facturas y la identificación de horas exactas que no corresponden a las horas reales en que se rindiera los servicios legales. Ello apunta a un relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige a todo abogado el Canon 35 del Código de Ética Profesional”, expuso la mayoría en la resolución del 30 de junio de 2015.

El documento también consignó que la Oficina de la Procuradora General atendió la queja con lentitud y que no fue hasta agosto de 2014 –seis años y medio después- que presentó el informe final.

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“Pedirle a la abogada que luego de tanto tiempo explique los detalles de sus facturas la colocaría en un estado de indefensión provocado por la demora inexplicada en la investigación de esta queja. Tampoco hay prueba clara, robusta y convincente de que los servicios facturados no se prestaron”, apuntó el foro a pesar de que tanto el Apelativo y la OEG documentaron las irregularidades en la facturación.

Pero en un voto particular disidente la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez criticó a la mayoría por despachar el asunto como un mero “relajamiento del criterio de honestidad”.

“La mayoría ignora el hecho de que, al momento de la auditoría que dio lugar a la queja, la licenciada Charbonier Laureano no pudo proveer documentación a los auditores con relación a los servicios prestados”, apuntó.

“La supuesta indefensión de la licenciada no es producto del tiempo transcurrido entre el inicio del procedimiento y el Informe de la Procuradora, sino más bien de la falta absoluta de evidencia tendente a justificar el cobro de las horas por servicios profesionales”, agregó.

Cinco años después, el Supremo finalmente suspendió a Charbonier Laureano del ejercicio de la notaría por un término de seis meses por otro trámite irregular en el manejo de una escritura de compraventa.

A pesar que la resolución tenía fecha del 26 de junio de 2020, fue notificada el 22 de julio debido a la suspensión de labores que causó la pandemia del COVID-19. Una semana antes agentes del FBI allanaron la residencia de la legisladora para ocupar su celular, el celular de su esposo y dos iPads.

En ese momento, la entonces presidenta de la Comisión de Ética y de lo Jurídico cameral aseguró que impugnaría la sanción y no descartó elevar su reclamo al Tribunal Supremo Federal.

Casi un mes después, un gran jurado federal la acusó junto a su esposo, a su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonier y a su empleada Frances Acevedo Ceballos de participar en un alegado esquema fraudulento mediante el cual cobró comisiones ilegales o “kickbacks” para quedarse con una tajada del jornal de esa empleada.

Hoy a la medianoche pierde el título de honorable.

Lee la acusación federal aquí.

Lee el Per Curiam del Supremo del 2012 aquí.

Lee la resolución del Supremo del 2015, con voto disidente de la jueza Anabelle Rodríguez, aquí.

Lee la resolución del Supremo, que suspendió a la abogada, aquí.

Lee la querella de la OEG aquí

Lee la resolución de la OEG aquí.

Lee la decisión del Apelativo, que ratificó decisión de la OEG, aquí.