Podemos aceptar como cierto algo que afirma Melba Acosta, la saliente presidenta del Banco Gubernamental de Fomento: al asumir el mando del BGF enfrentó una difícil situación, producto de una crisis económica y fiscal que se había ido gestando desde hace más de una decada. Aceptemos tambien que no existía un 'roadmap', como ella afirma, para atender esa situación. Igualmente absurdo es decir que Acosta 'quebró el BGF', como he oído decir a varios portavoces del PNP. Es una teoría conveniente que quiere borrar la culpa compartida de las administraciones PNP y PPD. Pero luego de tres años y medio de gestión es legítimo preguntarse si la manera que Acosta y la presente administración enfrentaron la crisis y si el mapa adoptado fueron los mejores.

Acosta revela que su opinión sobre la crisis la cambió el informe Krueger, de junio 2015. En ese momento se convenció que sería necesario renegociar la deuda del gobierno central y no solo la deuda de las corporaciones públicas. El BGF, afirma además, lo quebró el gobierno, al usarlo como fuente de fondos para agencias y dependencias que no tenían capacidad de repago. (Olvida indicar que ella ha sido parte de varios gobiernos.) Afirma también que a nadie le gusta la Junta, pero apoya la ley PROMESA, pues permite reestructurar toda la deuda y no solo la deuda de las corporaciones públicas. La junta parace ser el precio que hay que pagar para lograr lo segundo. Por último, señala que se debe trabajar ahora en las 'reformas estructurales' que permitan recuperar el desarrollo económico.

Estas afirmaciones invitan varios comentarios. En primer lugar, mucho antes del informe Krueger, año y medio antes, nosotros señalamos que la deuda, incluyendo la deuda del gobierno central era insostenible. El impago era inevitable. Lo que estaba en juego era, no si se llegaba, sino bajo que condiciones y en que momento se llegaría al impago. Señalamos que la emisión de $3.5 mil millones de deuda adicional en marzo de 2014 (gestionada por Acosta), lejos de aliviar, agravaría el problema. La presidenta saliente debiera reconocer que, si bien no había un 'roadmap', otros sectores apreciaron mucho más certeramente la situación del país. No tuvimos que esperar al informe Krueger.

Señalamos igualmente, apoyándonos en la experiencia de otros países como Grecia y estudios de más de un economista, que seguir implantando políticas de austeridad para pagar una deuda insostenible, como la ley 66, la crudita, el aumento del IVA, recortes en servicios públicos, aumentarían la desigualdad y la injustica social y perpetuarían la crisis económica, sin evitar el impago. De nuevo, la presidenta saliente debiera reconocer la justicia de esa apreciación del PPT y reconocer también que con la estrategia de cumplir con los pagos a cualquier precio social no se evitó el impago sino que tan solo se aseguró que llegaramos al impago en la peores condiciones posibles.

En tercer lugar, decir que al BGF lo quebró el gobierno al usarlo para financiar agencias que no tenían capacidad de repago es quedarse a mitad del camino. Hay que preguntarse por qué los recaudos del gobierno no eran suficientes para las necesidades del país. Esto no puede separarse de la falta de crecimiento económico, que a su vez no puede desconectarse del agotamiento de la política de exención contributiva. Esa política no genera crecimiento económico, a la vez que permite que del país salgan miles de millones de dólares en ganancias, que tributan muy poco. Si la aportación debida de los sectores más rentables y sin crecimiento económico a quién le sorprende que el gobierno se endeude para cumplir con parte de sus obligaciones sociales? Cuándo ha cuestionado la presidenta saliente esta caduca política económica? Repito: la crisis del BGF es parte de la crisis fiscal y la crisis fiscal parte de algo más amplio. Desde su nacimiento el PPT ha señalado la necesidad de revisar esa política de incentivos. La presente administración no ha hecho nada al respecto.

Acosta señala que no le gusta la Junta, pero que bajo la ley PROMESA se podrá reestructurar la deuda, incluyendo la deuda de obligaciones generales. La presidenta saliente olvida señalar que la ley no nos permite renegociar la deuda, sino más bien que la Junta la renegocie por nosotros y nosotras. Y olvida señalar que nada asegura que una Junta que no elegimos ni podemos revocar vaya a negociar de acuerdo a los mejores intereses de Puerto Rico. Se le olvida indicar que como miembro del gobierno de Puerto Rico, ella y la administración de la que es parte, han abdicado su responsabilidad de representarnos en un organismo externo que no nos representa.

Nosotros insistimos que otro camino era posible. Desde inicios de 2014 indicamos que era necesario auditar la deuda, anular la parte que fuese demostradamente ilegal, inconstitucional o corrupta, suspender los pagos cuando fuese más adecuado, exigir al Congreso acción inmediata para atender la situación legal resultante y movilizar al país para lograr una renegociación habilitante de la deuda, a la vez que se reevaluaba la política económica y de incentivos del gobierno. Se necesetiban y necesitan acciones audaces, afirmativas, que Acosta nunca consideró, quizás porque ella representa, no al sector privado como ella dice, sino a los sectores más poderosos del sector privado, incapaces de pensar en salirse de las reglas diseñadas para favorecerlos. Acosta dice que en el juego de la deuda le toco 'una mano terrible'. Pero la realidad es que tenía cartas que no quiso jugar: la carta de la auditoría, la carta de la suspensión de pagos, la carta de la movilización, la carta de la revisión de las exenciones contributivas, entre otras.

Por otro lado, ya sabemos a que se refieren los portavoces del gobierno y los sectores patronales cuando hablan de 'reformas estructurales'. No hay duda de que el futuro de Puerto Rico y de cualquier país del mundo depende del aumento de su productividad (desde una perspectiva sustentable). Pero estos sectores confunden productividad con explotación: cuando hablan de productividad se refieren a aumentar la explotación del trabajo. Por eso hablan de bajar el salario mínimo, de reducir la paga de overtime, de facilitar el despido, de reducir vacaciones y medidas del mismo tipo. Los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico queremos ser más productivos para vivir mejor y más saludablemente, pero no queremos que nos exploten más para enriquecer a una minoría de acaparadores. Para lo primero tenemos que organizarnos y crear un gobierno del pueblo trabajador, de otro modo nos impondrán lo segundo.

El legado de esta y las pasadas administraciones es el estancamiento ecomómico, las consecuencias destructivas del ambiente del crecimiento anterior, una aguda crisis fiscal y una deuda insostenible. De esa situación tan solo podemos salir con un proyecto propio de reconstrucción económica. Ese proyecto tiene que incluir una auditoría de la deuda y la lucha por eliminar la parte ilegal o inconstitucional, una renegociación habilitante de la deuda que privilegie la protección de las pensiones, los servicios públicos y un desarrollo económico sustentable, y una amplia movilización del país para apoyar esta y otras exigencias. A mediano y largo plazo necesitamos un plan de reconstrucción económica, como el propuesto por el PPT y que comentamos en nuestro artículo anterior.

(PPT ante propuesta de nueva política industrial, http://abrepaso.com/el-ppt-ante-propuesta-de-nueva-politica-industrial-comentarios-a-informe-del-cne/)

*El autor es candidato a la gobernación por el PPT.