Un informe reciente de la Oficina del Contralor encontró que meses antes de que la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) realizara las tres perdidosas emisiones de bono por $3,000 millones permitió que una persona privada tuviera acceso a información privilegiada y tomara decisiones relacionadas a las inversiones.

Hasta ahora, esta opinión de la Contraloría de que la participación de un ciudadano privado en las reuniones de la Junta de Directores de la ASR es el único señalamiento formal que se ha hecho fuera de la Legislatura de la transacción de $3,000 millones que ha sido objeto de demandas federales, artículos en Estados Unidos, y que es el chivo expiatorio de la Administración Fortuño para cualquier problema que surja en Retiro. La transacción estuvo manejada totalmente por el banco de inversiones UBS, donde el hermano del gobernador Luis Fortuño está encargado de las inversiones en el sector público.

De acuerdo al informe de auditoría RF-12-05 publicado el pasado 26 de marzo del 2012, se hallaron unas ‘deficiencias relacionadas con la participación de un ciudadano privado como miembro en las reuniones celebradas por el comité de inversiones de la Junta antes y después de que se le nombrara como miembro ad honorem’.

El portavoz de prensa de la ASR, Carlos Ramos, precisó a NotiCel que esta persona privada se trataba del ex banquero José Fernández-Bjerg, quién fuera presidente de la Junta de Directores de Oriental Financial Group y de Oriental Bank and Trust hasta el 2006.

Cabe señalar que información que publicó el<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Howie (LIH), Noemí Díaz, identificó a Fernández-Bjerg ‘como uno de los que puso $40,000 en el pote para cubrir gastos ilegales de la campaña de Acevedo Vilá en LIH’./p
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Además expuso que ‘Oriental ha manejado emisiones de la Compañía de Fomento Industrial, y de la Agencia de Financiamiento Municipal. Desde el 2004, los ejecutivos de Oriental han donado oficialmente $359,250 a distintas campañas federales, incluyendo las de Acevedo Vilá y Roberto Prats’. El CPI lo describió como miembro de la Junta del Museo de Arte de Puerto Rico y fundador del Puerto Rico Center for Social Concerns./p
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Según el informe del Contralor, el 29 de agosto de 2007, el entonces vicepresidente de la Junta de Síndicos de la ASR y presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), Jorge Irizarry Herráns, recomendó y solicitó el que los miembros de la Junta de Síndicos de la ASR permitieran la participación de Fernández-Bjerg como recurso externo que fuera de apoyo para el Comité de Inversiones. Y aseguró que Fernández-Bjerg tenía más de 40 años de experiencia en el campo de las inversiones, que estaba retirado, por lo que se ponía a la disposición de la Junta sin recibir ninguna compensación económica. La petición fue entonces aprobada por los miembros de la Junta de Síndicos de la ASR./p
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Ya para el 7 de septiembre del 2007, Fernández-Bjerg participó de una reunión del Comité de Inversiones de la ASR como ‘invitado especial’./p
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‘El ciudadano privado (Fernández Bjerg) manifestó, entre otras cosas, haber comparecido ante el Comité al entender que su participación sería como miembro con voz y voto, y no como invitado. El entonces Presidente de la Junta (el licenciado Ángel Castillo Rodríguez) le aclaró que su comparecencia debía estar conforme al ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual era necesario que la Asesora Legal General de la Junta estudiara el asunto e hiciera la recomendación que procediera con respecto a la naturaleza y al alcance de su participación en el Comité’, detalla el Informe de Auditoría./p
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Pese a esto Fernández-Bjerg continuó en la reunión aunque estableció que su participación en el Comité de Inversiones estaba condicionada a que se convirtiera en otro miembro y no como invitado especial./p
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Sin embargo, el 11 de septiembre de 2007, nuevamente Fernández-Bjerg participó como invitado especial en la reunión del Comité de Inversiones./p
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‘En esta reunión el ciudadano privado tuvo una participación activa en la discusión de los asuntos de inversiones que se atendieron’, puntualizó el Informe de Auditoría./p
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No fue hasta el 14 de septiembre de 2007 que la entonces asesora Legal General de la Junta de Síndicos, la licenciada Maritza Incle Figueroa, sometió su opinión legal sobre la designación de Fernández-Bjerg./p
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‘La Junta de Síndicos debe tener presente durante su proceso de revisión y evaluación, que el alcance de la participación de personas privadas es de asesoramiento y no poder decisional. Esto es así, ya que conforme al ordenamiento jurídico vigente, la Junta de Síndicos es quien tiene la responsabilidad, no tan solo de velar por que los comités lleven a cabo sus labores a través de su Presidente, sino que el deber fiduciario de los miembros, le impone la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de las leyes que la crean y por los fondos de los fideicomisos que le han sido encomendados’, concluyó Incle Figueroa./p
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Ante esto, Incle Figueroa, recomendó que se enmendaran las Reglas para la Organización y Funcionamiento Interno de la Junta de Síndicos de manera que se pudiera permitir la participación de personas privadas como miembros ‘ad honoren’. Esta sugerencia fue aprobada por los miembros de la Junta el 16 de octubre del 2007./p
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Fue así que Fernández Bjerg fungió como miembro ad honoren del Comité de Inversiones de la ASR hasta el 17 de abril del 2008 cuando renunció./p
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Por otra parte, a href=’http://www.vocero.com/camaleonico-punto-verde/’ target=’_blank’un reportaje del rotativo El Vocero /areveló que en aquel entonces la ASR destinó $10 millones para la creación del ecoparque Punto Verde. La cosa interesante es que Fernández-Bjerg figuraba como uno de los accionistas mayoritarios de la empresa Parque Verderol, Inc., a quién el 5 de septiembre del 2008 Punto Verde PT le transfirió sus activos a cambio de $1 millón en acciones de la compañía, tras un alegado plan de reorganización./p
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Sobre el Informe de Auditoría, la Oficina del Contralor levantó bandera roja de que Fernández-Bjerg hubiera participado como invitado en las reuniones del Comité de Inversiones de la ASR sin que Incle Figueroa hubiera evaluado la viabilidad de su participación./p
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Además, abundó que ‘el ciudadano privado participó en cinco reuniones del Comité como Miembro ad honorem con voz y voto del 6 de noviembre de 2007 al 29 de enero de 2008 sin contar con un nombramiento para ello. En reunión de la Junta del 31 de enero de 2008, el entonces Presidente presentó y fue aprobado el nombramiento del ciudadano privado como Miembro ad honorem del Comité’./p
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‘La Junta no enmendó las Reglas para la Organización y el Funcionamiento Interno de la Junta para establecer garantías de confidencialidad y que se le requiriera a cualquier ciudadano privado nombrado que cumpliera con las mismas. Por otro lado, la Junta tampoco le requirió al ciudadano privado formalizar un acuerdo de confidencialidad sobre los asuntos discutidos y la información obtenida en las reuniones del Comité. Además, la Junta no tomó medidas o salvaguardas para evitar posibles conflictos entre el interés privado del ciudadano y el interés público’, detalló./p
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Esto no queda ahí porque ‘según surge de las minutas de las reuniones, el ciudadano participó activamente en las discusiones, solicitó y tuvo acceso a toda la información relacionada con las inversiones, y sus opiniones eran determinantes en las decisiones que tomaba el Comité. De una lectura de las minutas, se colige un aparente dominio por parte del ciudadano privado en las discusiones y su insistencia, en ocasiones, en que prevalecieran sus posturas’./p
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Para la Oficina del Contralor, ni la Junta de Síndicos ni el Comité de Inversiones de la ASR pudieron mantener un control de la información tratada en las reuniones ni a la hora de la toma de decisiones./p
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A lo que advirtió que ‘esto pudo propiciar que personas ajenas a dichos cuerpos advinieran en conocimiento de los asuntos discutidos y que la información pudiera ser utilizada para beneficio de intereses privados. Además, pudo propiciar que las decisiones tomadas por dichos cuerpos estuvieran influenciadas por intereses ajenos al fin público’./p
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Finalmente la Oficina del Contralor recomendó el que a la Junta de Síndicos se abstenga de incluir la participación de personas privadas en las reuniones de los comités sin que esté definido su rol dentro de las reglamentaciones existentes. De igual forma, indicó que los ciudadanos privados deber tener nombramientos por escrito para poder ejercer sus funciones. También, sugirió que sea meritorio el que se establezcan garantía para ver por la confidencialidad de los procesos y establecer mecanismos que eviten el que surjan conflictos de interés a raíz de la participación de persona privada./p
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Para ver el Informe de Auditoría pulse a href=’http://www.ocpr.gov/informes_en_PDF/pdf_2011_2012/rf/RF-12-05.pdf’ target=’_blank’aquí/a/p