El actual administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Hector Mayol Kauffmann, fungió como ‘underwriter’ en las tres perdidosas emisiones de bono de $3,000 millones que realizó la agencia en el 2008, y a las que la Administración Fortuño les adjudica haber echado el credito del sistema cuesta abajo.
Este medio digital obtuvo copia del acuerdo entre la ASR y la firma Samuel A. Ramirez <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Itemid=105’agosto del 2010/a Mayol Kauffmann había afirmado que el pago a los bonistas era de unos $167 millones anuales y que aumentaría $50 millones para el 2021. Además los intereses de los bonos sumaban $187 millones./p
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En unaa href=’http://www.vocero.com/3-mil-millones-de-interrogantes/’ entrevista otorgada a El Vocero/a el funcionario había aceptado que era el’managingdirector’ de la firma y que había sido comanejador en la venta de los bonos./p
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Sin embargo, en una vista pública efectuada por la Legislatura en a href=’http://www.noticel.com/noticia/105131/administrador-de-asr-no-apoya-emision.html’mayo 2011/a, Mayol Kauffmann, admitió que fue’managing director’de la firma, pero se distanció de la compra y adquisición de los bonos./p
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A pesar de que se adjudica a esa emisión ser el el último clavo en el ataúd del descalabrado sistema, a cuatro años y después de varios informes de la Cámara de Representantes, todavía no se vé movimiento investigativo alguno por parte del Departamento de Justicia./p
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NotiCel publicó en exclusiva recientemente que Justicia investigaba una inversión hecha por Retiro en el parque temático Punto Verde, pero eso no tiene que ver con el esquema de si la emisión de bonos de $3,000 millones se manejó fraudulentamente o no. Esa emisión estuvo orquestrada por UBS como consultores de Retiro, como principales vendedores de bonos, y como casi únicos compradores de esos bonos./p
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La dilación en Justicia sobre esto implicó que la propia representante Lourdes Ramos, miembro de la mayoría novoprogresista, apuntara a que los fiscales de Justicia no tenían capacidad para manejar esta pesquisa./p
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