El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) refirió ayer al Departamento de Justicia (DJ) prácticas antieticas de bufetes y abogados extranjeros, algunos sin licencia para practicar en la isla, que invitan y solicitan clientes potenciales en torno a la controversia de los inversionistas de la casa de corretaje UBS.

La firma de corretaje dio mal asesoro al Gobierno de Puerto Rico provocando pérdidas millonarias por la emisión de bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Según comunicación escrita del CAPR, las declaraciones son hechas en cumplimiento de su deber legal y moral, tanto para con los abogados y abogadas del país como con la ciudadanía. ‘La situación en torno a las posibles acciones legales contra UBS aparenta ir en aumento, lo que potencialmente podría acentuar la entrada de abogados no admitidos al ejercicio de la profesión en nuestro foro en busca de clientes incautos’, reza la comunicación.

Señalaron particularmente el hecho de que estos bufetes extranjeros en ocasiones se asocian con abogados o abogadas locales para ofrecer representación a los inversionistas afectados sin tener licencia para ejercer la profesión en el país, en clara violación de los cánones éticos que rigen la profesión legal en Puerto Rico.

Casualmente, las advertencies del CAPR se dan tras la orientación que el bufete de abogados Zamansky LLC de Nueva York, junto al bufete González López <><><><><><><><><>& López Adames de Puerto Rico, dio a inversionistas /apara que presenten un recurso de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), por la mala asesoría que recibieron de UBS para invertir en bonos de la Isla./p
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Más allá de advertir sobre la licencia, el Colegio recalcó que tan reciente como en agosto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que los abogados que comparezcan ante un procedimiento de arbitraje en esta jurisdicción sin la debida autorización serán referidos al Secretario de Justicia y al máximo foro de la jurisdicción en donde sí están admitidos para que estos tomen las acciones pertinentes./p
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Más aún, los inversionistas orientados no son favorecidos con esta práctica ilegal. Además, los abogados locales que se asocian a personas no autorizadas para ejercer la profesión localemente se exponen a sanciones disciplinarias, aparte de violar cánones éticos por contratar bajo condiciones onerosas e ilegales a las mismas./p
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Por último, el CAPR organizará orientaciones para la ciudadanía y profesionales del derecho sobre responsabilidades éticas en el proceso contratación, además de campañas informativas en las redes sociales.br /
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