La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) contemplan realizar cambios al Sistema de Retiro de la institución, lo cual posiciona al programa en ruta al colapso, según denunció la Junta de Retiro en conferencia de prensa hoy, martes.

Las modificaciones abordan un cambio al Plan de Beneficios actual, ya sea mediante una enmienda, congelación o cierre, acción que perjudicaría a 19,000 personas. De ellas, la más nefasta sería la idea de congelar el Plan de Beneficios Definidos actual y adoptar un Plan de Contribución Definida, de acuerdo al presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos Torres.

'Esta acción de congelar significa que los participantes activos siguen aportando hasta que tengan derecho a pensión. Los nuevos van a un plan de contribución definida. Estos dos escenarios presentan la problemática de que el Plan de Beneficios Definidos va a desaparecer porque las aportaciones no van a llegar. A la larga, el Sistema va a colapsar por falta de aportación', alertó.

De cerrar el sistema actual, los participantes con derecho a pensión recibirían una pensión correspondiente a los años de servicios acumulados a esa fecha y, los años restantes, adquirirían una suma total --o 'lump sum'-- de lo aportado.

Por otra parte, de enmendarse el estatuto vigente, se adoptaría entonces un Plan de Beneficios Definidos Reducidos para los nuevos participantes y los miembros activos con derecho a pensión serían movidos a las nuevas determinaciones con pensiones reducidas.

'Estos escenarios provocarían que los participantes del Retiro de la UPR pierdan sus beneficios vigentes y al momento de su jubilación no reciban una pensión justa y razonable, condenándoles a un estado de pobreza absoluta', acotó Berríos Torres, quien tambien subrayó que las propuestas nacen de entes externos a la universidad sin la debida consulta a la Junta de Retiro.

En esa línea, argumentó, estas acciones representan una afrenta a la autonomía universitaria ya que es la AAFAF --agencia creada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares-- quien propone los cambios mediante su representante ante la Junta de Gobierno de la UPR, Alejandro Camporreale.

'Ese miembro de la Junta de Gobierno es el que está actuando. Si el es representante de una entidad gubernamental, pues es lógico pensar eso. Claro, el gobernador de turno ha dicho que respeta la autonomía. Nosotros lo emplazamos a que la respete y que AAFAF tambien la respete. Una cosa es la palabra y otra es la acción. Si van a respetar la autonomía, que nos respeten a nosotros como Junta [de Retiro] tambien, porque nosotros somos electos por ustedes [la comunidad universitaria]', subrayó.

Asimismo, Berríos Torres recordó que fue AAFAF, que elaboró el Plan Fiscal de la UPR, redujo $4 millones del presupuesto de la Junta de Retiro.

Las exigencias de AAFAF a la UPR surgen luego de que saliera a relucir que los directivos de la agencia solicitaron aumentos salariales que luego fueron detenidos por La Fortaleza.

Durante una reunión el pasado 17 de noviembre, la Junta de Retiro aprobó una resolución en la cual le exigen a la Junta de Gobierno de la UPR que paralice y rechace las recomendaciones de AAFAF y permita a la Junta de Retiro culminar el análisis para identificar alternativas que fortalezcan el Fideicomiso de Retiro de la institución educativa.Reacciona la Junta de Gobierno

En un comunicado de prensa, y luego del evento organizado por la Junta de Retiro, la Junta de Gobierno de la UPR aseguró haber solicitado al Sistema de Retiro UPR un nuevo análisis actuarial. Esto luego de que el primer borrador entregado estuviera basado 'en premisas erradas que no se ajustan a la realidad de la institución'.

'La solicitud se realiza porque la información provista hasta la fecha por la Junta del Sistema de Retiro de la Universidad está basada en premisas erradas que no se ajustan a la realidad de la institución, lo que podría poner en riesgo el pago de las pensiones a largo plazo. Quedarnos de brazos cruzados sería irresponsable', sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, el licenciado Walter Alomar Jimenez.

Igualmente, el abogado y tambien profesor de la institución educativa criticó la falta de receptividad de la Junta de Retiro en cuanto a la petición de datos financieros.

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó Santiago, destacó la necesidad de realizar un análisis a base de datos verídicos para salvaguardar el retiro de los participantes, presentes y futuros.

'Lo que perseguimos es que el Sistema sea uno auto sustentable para garantizar tanto su estabilidad, como la estabilidad de las finanzas de la Universidad. Si bien el Sistema no tiene un problema de liquidez actualmente, existen unos retos financieros al enfrentar una tendencia de mayor número de retirados y menos miembros activos aportando a ese Sistema, lo que se traduce a una deuda actuarial en crecimiento que pesa sobre un proyecto universitario al servicio de nuestros estudiantes de ahora y del futuro', expresó Buxó Santiago, abogada y presidenta Comite del Sistema de Retiro en el máximo ente rector de la UPR.

La licenciada añadió que el Sistema de Retiro 'presenta mayores egresos que ingresos. No se requiere de una aritmetica compleja para llegar a estas conclusiones'.

Las exigencias financieras se dan en el marco de la elaboración del nuevo plan fiscal de la UPR, ya que en su reunión del 31 de octubre la Junta de Control Fiscal decretó que el Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias debían someter planes fiscales revisados que se atemperaran a las realidades estructurales y poblacionales de la Isla suscitadas por el impacto de los huracanes Irma y María.

En el caso de la universidad, fijaron el 9 de febrero de 2018 como fecha de entrega, con miras de ser certificado el 16 de marzo de 2018.