Si Puerto Rico fuese un Estado, es decir, un país soberano e independiente con los atributos de los más de 190 que hay en el mundo, el título de esta columna sería el Estado roto. Sin embargo, Puerto Rico es una colonia “propiedad” de Estados Unidos de América, pero no forma parte de esa federación de estados, cuyo conjunto es un Estado. En rigor, este artículo trata sobre el gobierno roto de la colonia rota.

Los gobiernos pueden aspirar, y de hecho, pueden ser más o menos democráticos. Las colonias nunca son democráticas y mientras sean colonias nunca podrán aspirar a ser democráticas. Pueden imitar formas democráticas localmente, las más banales de tipo contable —los votos se cuentan— mientras que las más evolucionadas lo hacen, con procesos participativos, transparencia, robusta fiscalización y equilibrio de controles.

Puerto Rico es una colonia de formas democráticas banal, intervenida federalmente en todo, con combo agrandado por la Junta de Supervisión Imperial. El gobierno —que quizás si lo dejasen y tuviese voluntad podría aspirar a ser eficiente— es un gobierno roto. Está desbaratado por los efectos acumulativos del colonialismo mismo, por la corruptela que lo descompone y por poderosas corrientes vinculadas a la carencia de democracia en el propio imperio y debido a su visión expoliadora del mundo y de su propia gente.

Estados Unidos de América es un estado roto, una máquina de extraer riqueza y concentrarla, que tiene un modelo de gobierno al servicio de una visión egoísta y avara de la economía y del poder al servicio de quienes controlan la riqueza y las finanzas.

En su colonia “minimí”, Puerto Rico, cuyos gobernantes imitan y adoptan acrítica y resignadamente su modelo, el gobierno está más roto aún. Tanto, que es irreconocible. Un proceso degenerativo de décadas unido a los males y “gajes del oficio” ha institucionalizado la incompetencia, la ineficiencia, negligencia y la corrupción en tantas instancias que un subestándar de gobernabilidad se posa haciendo más difícil la vida de la gente.

Como si ese subestándar de gobernabilidad no fuese suficiente, para haber provocado la peor emigración del siglo XX que haya experimentado el hemisferio —casi dos terceras partes de los puertorriqueños no viven en Puerto Rico— se suman todos los males del achicamiento del gobierno, de la destrucción de los controles a los sectores económicos dominantes, la desreglamentación y la privatización de todo lo que habiendo siendo público es privatizado para ser peor y más costoso.

En ese escenario se opera bajo poderosas ficciones. Un ejemplo de ello es imaginar que sus organismos, tales como las Juntas Examinadoras, funcionan. La fábula de la eficiencia administrativa permite justificar la devastación de estructuras cuasi públicas, creadas por ley, que organizan y mantienen los estándares de calidad y que por supuesto presionan y pugnan para que el gobierno roto corrija sus dislates y ponga en cintura a quienes se apoderan de subsistemas completos, como el de la Salud, presión que ejercitan los colegios profesionales. Estos que están bajo asedio por las fuerzas del mercado —como las aseguradoras de salud en el caso de las profesiones de la salud— las cuales disfrutan del privilegio de falsos controles y del abandono del ejercicio de la reglamentación que el ejercicio del influencismo político les garantiza, hacen de tripas corazones cubriendo las deficiencias del aparato reglamentador y sirviendo de contrapeso a los desmanes que provoca la gula del mercado.

La guerra de estos poderosos intereses económicos contra los colegios profesionales empezó hace ya tres décadas como secuela de la exitosa campaña de desreglamentación que el neoliberalismo de mercado consiguió implantar en EEUU y Gran Bretaña, y luego alrededor del mundo. Ese fue el primer gran Covid gubernativo que abarcó a gran parte de la Humanidad y que tiene a toda la especie al borde de la destrucción planetaria. La lógica del capital y del Gran Capital, persigue sólo la ganancia, no tiene alma, ni conciencia, no es empática, simplemente sirve a la avaricia del presente. Como copia al carbón la administración gubernamental en Puerto Rico asumió el papel de auto podadora bajo un mantra cuestionable hoy más que nunca, de que un gobierno achicado sería más provechoso y menos costoso. La realidad ha sido otra, piues en una economía y estrutura social y gubernativa derrumbada cualquier privatización conlleva un traslado de bienes a una actividad privada gananciosa, lo que de suyo supone pérdida de lo público. En Puerto Rico se juntaron el esmayamiento y la gula cuando se exige el traslado de facilidades públicas (de la administración) durante décadas y además se les paga un canon por hacerlo y mano libre para cobrar lo que sea. Lo público así quebrantado deviene privado al servicio de su lógica y además de las contribucipnes la gente tiene que pagar por lo que aantes era gratis, por una eficiencia que bien pudo conseguirse si administraran personas de mérito, bajo estándares de competencia y excelencia, sin amiguismos , ni corrupción.

Debido a ello, los gobiernos menos rotos y los Estados menos rotos son aquellos que le ponen control a esas fuerzas del mercado golosoas y hambrientas de ganancias que generalmente no tienen bridas, ni las quieren, como tampoco poseen alma.

Nuestro gobierno roto, en la colonia rota, del imperio con gobierno roto, tiene que trabajar intensamente y de prisa para desfacer este entuerto, esta madeja de inutilidad que tantos sufrimientos provoca, que pone en peligro la casa global común y la convivencia. El Dios del Mercado desbocado con su ganancia y explotación obscenas está construyendo el infierno en la tierra.