Los 20 propietarios en Salinas que DRNA tiene en la mira
Documentos en poder de NotiCel evidencian que las propiedades tienen número de catastro y que la agencia intentó sin éxito confirmar la titularidad de las propiedades con el CRIM
Hace 18 meses, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le comunicó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que según una investigación interna, 29 residencias estaban en incumplimiento con los reglamentos de construcción, permisos y planificación en la Bahía Jobos de Salinas y le pidió ayuda para confirmar los titulares a los que se le había asignado incluso un número de catastro, a pesar de que los terrenos pertenecían al DRNA y a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
De acuerdo al documento interno obtenido por NotiCel, los números de catastro que el DRNA pretendía confirmar muestran un buen número de médicos, ingenieros y contratistas prominentes. Sus nombres están incluidos en una carta, con fecha del 22 de septiembre de 2020, que fue dirigida al director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, y está firmada por el entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, quien renunció el lunes a la posición.
Las 29 residencias, de acuerdo al documento, pertenecían a una menor cantidad de titulares porque más de uno tiene dos o hasta tres propiedades a su nombre en la zona.
El documento identifica con números de catastro propiedades pertenecientes a Jorge L. Torres Martínez, José M. Rivera Lamboy -dos propiedades- Ramón Antonio López Vélez, Celestino Flores Carmona, Eduardo N. Hernández Rodríguez, Jorge R. Arce -dos propiedades-, Luis R. Paraliticci Lizardi, Juan Jusino Díaz, Guillermo Cedre Miranda, Jorge Oppenheimer Méndez -dos propiedades-, Guillermo Torres Cabrera -tres propiedades- y Manuel Pérez Faura -tres propiedades-.
Además, se identifica a Enrique Jr. Báez, Gilberto Senosse Ramírez -dos propiedades-, David De Sevilla Quintero, María I. Arrufat Ríos, Héctor M. López, Luis Rafael Soler, Juan A. Rodríguez y Julio A. Calcaño.
Varios de éstos son prominentes médicos, ingenieros y contratistas, según una búsqueda en internet.
En un momento se identificó a Cedre Miranda (como lee el documento del DRNA) como hermano del secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda. La Oficina de Gerencia de Permisos aseguró de inmediato que ese solar no correspondía a él, sino al señor Miguel Angel Torres Flores. Trascendió que éste había vendido en 1993.
Según documentos públicos en internet, varios de estos titulares han confrontado situaciones en las que oficialmente han objetado que sus propiedades ubiquen en la extensión geográfica de la zona protegida que tiene colindancia con terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, la Central Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Camino del Indio y la comunidad Las Mareas, así como por el Mar Caribe, además de "otros terrenos privativos", según apunta la carta.
NotiCel se comunicó con el doctor Torres Martínez, quien defendió la legalidad de su título y reiteró que en la discusión pública se están mezclando propiedades con título y permisos legales, con propiedades y terrenos que podrían no tener sus documentos en orden.
"Yo no soy invasor, tenemos más de 30 años viviendo allí", indicó el galeno. Defendió que la propiedad a su nombre está fuera de la reserva federal y que fue adquirida en un proceso de liquidación en el Tribunal de Quiebras.
Los terrenos objeto de la controversia se convirtieron en reserva federal en 1981, una calificación que no prohíbe que hayan dueños privados, pero sí limita en extremo el uso que se le puede dar. De una decisión judicial federal de ese mismo año que el Centro de Periodismo Investigativo publicó, se desprende que se emitió un interdicto contra un grupo de dueños en el área dándole 180 días para llevar a cabo acciones específicas de remediación por actos dañinos al ambiente que habían ocurrido desde por lo menos el 1972.
El interdicto aplicaría tanto a los dueños que se nombran en el documento, como a sus sucesores o herederos y las agencias encargadas de cotejar el cumplimiento eran la fiscalía federal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. El juez Hernán G. Pesquera estableció, como hechos del caso, que las áreas protegidas están comprendidas en dos parcelas, conocidas como La Cuarta y La Quinta, del sector Los Indios en el barrio Las Mareas.
En ese momento, las actividades ilegales incluían destrucción de mangles, rellenos y dragados ilegales, construcción de muelles y estructuras y el corte del flujo de la corriente entre el Mar Caribe y un cuerpo de agua conocido como el Mar Negro. Aparte de los actos remediativos específicos, el interdicto permitía que los propietarios formalizaran algunas de las estructuras mediante solicitud de permisos al Cuerpo de Ingenieros.
Las personas objeto del interdicto de 1981 incluyen varias de las que aparecen como propietarios en la carta del DRNA al CRIM, pero el documento federal no entra en el detalle de cómo cada cual obtuvo la propiedad. El abogado y notario William Veguilla de Jesús, quien atendió la defensa en el caso de una multa que el DRNA buscó imponer en 2015 y quien ha emitido escrituras relacionadas con estos terrenos, indicó a NotiCel que una controversia que todavía está viva es "establecer quién era dueño de qué y hasta dónde llega cada terreno".
Veguilla de Jesús es sobrino del licenciado Guillermo J. Godreau Marrero, un dueño original que fue asesinado en 2006 y cuyos bienes maneja ahora su único hijo. El notario reconoció que el tracto de las propiedades en el área refleja que hubo venta de terrenos sin hacer segregación formal, que hubo ventas no llevadas al Registro de la Propiedad (lo cual no es obligatorio) y que su tío hizo ventas a comuneros, que es lo mismo que decir que lo que vendió fue una participación en su terreno y a través de esa participación se convertían en dueños del porciento comprado.
Una escritura de 1976, notarizada por Jorge J. Oppenheimer Méndez, otro de los que aparece como dueño en el terreno en controversia, da cuenta de cómo Godreau Marrero adquirió la parcela La Cuarta (cinco cuerdas y media) mediante compra en el Tribunal de Quiebras a los síndicos de la Hacienda Don Guillermo González Hernández por $55,000. El documento consigna que ya Godreau Marrero había dividido el terreno en 44 participaciones. Veguilla de Jesús aseguró que el DRNA aceptó estipular el caso de 2015 por una multa menor a la inicialmente imputada cuando se dieron cuenta de este tracto.
Un agrimensor contratado por el DRNA, Carlos Vega, realizó una investigación que según se establece en la carta, evidenció que cerca de 21 parcelas han sido establecidas dentro de los predios de la reserva y el área del Camino del Indio.
“La Reserva ha trabajado junto al Cuerpo de Vigilantes y la Oficina de Asuntos Legales de DRNA para tratar de resolver los casos de violaciones a los recursos naturales localizados dentro y fuera de los terrenos de la Reserva. Las personas que están llevando a cabo estas acciones ilegales alegan tener la titularidad de los terrenos que pertenecen al DRNA y a la NOAA, y que conforman la parte occidental de la Reserva”, lee la carta de Machargo Maldonado al Director Ejecutivo del CRIM.
Según estableció, se identificaron una serie de residencias que no cumplían con los permisos y que sin embargo, cuentan con servicios de agua y luz, como casas remolques vagones, lo que está prohibido incluso por los reglamentos de la Junta de Planificación.
“Verificando la base de datos del CRIM, nos hemos percatado que a esas propiedades se les ha asignado un número de catastro. Es importante se nos provea la información provista por estas personas para demostrar titularidad sobre estos terrenos que pertenecen a la reserva”, lee la carta, en la que pasa a enumerar los alegados titulares con número de catastro.
Cinco meses más tarde…
A pesar del carácter de premura que se percibe en la carta del DRNA, el CRIM respondió la misiva cinco meses más tarde, el 16 de febrero de 2021, de acuerdo al documento en poder de NotiCel.
La escueta respuesta vino del licenciado Esdras Vélez Rodríguez, entonces subdirector ejecutivo del CRIM de Servicios Operacionales. Y aportó muy poco o nada.
“Hemos verificado la información sometida y la mayoría de los catastros indicados existen en nuestro sistema contributivo desde Hacienda. Por tanto, muy pocos de los catastros tienen datos registrales en nuestro sistema”, lee el documento que a su vez, pasa la papa caliente con una sugerencia de indagar en el Registro de la Propiedad.
Los permisos
Una de las preguntas más básicas sobre este asunto, que movieron de la inercia al exsecretario del DRNA y al gobierno en general, es quién le otorgó los permisos para servicios básicos como agua y luz.
De acuerdo con los documentos que revisó NotiCel, el DRNA hizo gestiones tanto con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se cortaran los servicios de hidrantes y de contadores de energía. Ambas cartas tienen la misma fecha, el 22 de septiembre de 2020, y contienen foto de los hidrantes, y su ubicación, así como 10 números distintos de contadores, específicamente en el área de los cámpers. Solo tres están identificados en el documento con nombres de clientes. Según ha dicho el director ejecutivo actual de la AEE, Josué Colón Colón, siete de esos permisos fueron falsificados.
Sin embargo, en la respuesta inicial de la AEE, se sostuvo, al igual que en la de AAA, que no se desconectarían los servicios debido a que los clientes habían cumplido con todos los requisitos y que incluso habían mostrado documentos que la acreditaban con derecho a la propiedad.
El lunes, en el programa Jugando Pelota Dura, el jefe de la Oficina de Gerencia de Permisos, Gabriel Hernández, identificó a un profesional autorizado - gestor- de algunos permisos, como Angel Rodríguez. Según supo NotiCel, el profesional autorizado al que aludió Maldonado se trata del ingeniero Angel R. Rodríguez Sánchez. El ingeniero no respondió llamadas ni textos, ni mensajes de voz de NotiCel mediante lo cual se trató de obtener reacción a esa imputación de OGPE.
La alcaldesa de Salinas
En numerosas ocasiones la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, ha sostenido que se enteró de esta situación de invasores de la reserva natural en el 2017. Sin embargo, ayer NotiCel publicó una carta del 2014 en la que la secretaria municipal, Mignelia Reyes Santiago, comunicaba a OGPE no tener objeción en que se otorgara uno de los permisos de electricidad a precisamente uno de los clientes que la AEE había pedido cortarle el servicio, el señor Angel L. Cruz Hernández, dueño de un camper. La alcaldesa, que lo es desde 2013, aseguró posteriormente en declaraciones escritas que no objetar no significa endosar y que esas cartas se emiten haciendo la salvedad, como en efecto se hizo, de que hay una condición de que de que se cumpla con todos los reglamentos aplicables, so pena de nulidad.
Alegó, además, que con la información que tiene el municipio, no se puede asegurar si el predio ubica o no en la reserva, debido a que la demarcación siempre ha sido responsabilidad del DRNA.
La presión de este caso, revivido por las denuncias de la representante de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, hizo que Machargo Maldonado renunciara a la posición, tras lo cual el gobierno ha emprendido una misión de demostrar que bajo su dirección, el DRNA sí actuó y ha iniciado procedimientos internos, incluido el Departamento de Justicia, que podrían culminar en el desalojo y demolición de las estructuras. Para lograr ese mismo objetivo, Machargo Maldonado había tenido que contratar un bufete externo, mientras Justicia dejaba inicialmente el asunto en sus manos.
La Cámara de Representantes citó entonces vistas públicas para el lunes, pero fue necesario suspenderla tras un atropellado proceso que dio paso a que se citara una comisión total hoy en Salinas.
Vea la carta del DRNA al CRIM aquí:
Vea el interdicto de 1981 en USA v. Guillermo Godreau, et al
Vea:
Desde el 2014 municipio de Salinas endosó permiso de electricidad para un camper en zona protegida
Alcaldesa de Salinas insiste no tiene que ver con construcciones en Bahía Jobos
Federales sobre Bahía Jobos: “Tenemos mucho interés en el tema”