La jueza Lauracelis Roques Arroyo ordenó a la Gobernadora, el Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) entregar el informe sobre el polémico almacén de suministros de Ponce para ella examinarlo y poder determinar si el documento debe ser publicado en su totalidad.

La orden de la jueza es para lo que se conoce como un examen ‘en cámara’ del documento y viene como consecuencia de una demanda que sometieron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo que buscan acceso del público y de la prensa al informe que la Gobernadora ordenó realizar sobre el manejo del almacén del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y de los suministros guardados allí.

La jueza encontró que el documento tiene naturaleza pública y que, a través de sus alegatos, Justicia no pudo justificar satisfactoriamente los reclamos de confidencialidad que hacían sobre el mismo.

‘[P]rocede la inspección en cámara del Informe Preliminar, ya que es esencial para que sea posible efectuar el análisis necesario que permita concluir si procede o no la divulgación del referido documento a la parte demandante’, concluye al especificar que el gobierno tiene hasta las 2:00 pm del 3 de marzo para la entrega del documento.

‘El incumplimiento con lo anterior podrá conllevar desacato civil’, advierte.

‘Este Tribunal concluye que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o ‘justificaciones específicas’ que acreditaran la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. No obstante, por prudencia judicial, ante lo certificado por los representantes legales de la parte demandada que el Informe Preliminar contiene impresiones de los agentes del NIE sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta examinada, así como la identificación de los testigos entrevistados y el testimonio ofrecido, la inspección en cámara del documento en controversia es cónsono con las normas establecidas por nuestro Tribunal Supremo y abona a dilucidar con premura esta controversia. En síntesis, aun cuando el Estado no cumplió con su carga probatoria de forma detallada e inequívoca los privilegios reclamados, al haberse certificado por los representantes legales de la parte demandada que ese Informe Preliminar contiene información confidencial, con la inspección en cámara este Tribunal podrá evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada’, estableció Roques Arroyo.

El informe sobre el almacén es también objeto de una demanda por parte de la Cámara de Representantes, que reclama acceso al mismo y en la cual el juez Anthony Cuevas ya ordenó a Justicia que entregara el documento, pero la dependencia se resiste a entregarlo. Esta tarde, el Tribunal de Apelaciones paralizó la orden del juez Cuevas y estableció que la Cámara tiene hasta el miércoles para convencerlos de por qué debe sostenerse la orden de entrega del documento contra Justicia.

Vea la resolución y orden aquí.