La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, describió como 'tortuoso' y 'amañado' el proceso judicial en su contra, según relevado por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI), entidad que lo justificó basándose en que buscaba salvaguardar la integridad de tan importante cargo en el Gabinete Ejecutivo y en Puerto Rico.

Ambas visiones tuvieron su punto culminante el 7 de diciembre de 2018, día en que la jueza Yazdel Ramos Colón no encontró causa para arresto contra Vázquez Garced por uso indebido de su cargo para obtener algún beneficio. Sin embargo, pese a que no retaría la determinación, la OPFEI publicó el informe en el cual insiste en una alegación de culpabilidad contra la funcionaria.

Ese informe, la cobertura noticiosa del suceso y la vista en el tribunal sueltan piezas de un rompecabezas que seguirá en la discusión pública a posteridad debido a sus ramificaciones en la funcionalidad de la OPFEI, al respaldo hacia la labor de Vázquez Garced y la influencia de la opinión pública.

Similar a un escrito anterior, aquí otras dos precisiones de hechos en este caso que quedan consignados para la historia.

En entredicho el fiscal

La alegada intervención indebida de Vázquez Garced se remonta al proceso judicial contra Tyrone Torres Betancourt, quien se declaró culpable de escalar en la vivienda en que se encontraban la hija y el yerno de la funcionaria.

Torres Betancourt, que recibió una condena de 15 años de prisión, actuó en compañía de Francisco Soto Velilla, quien tambien se declaró culpable pero le fue ordenada una sentencia más corta, obtuvo un permiso de estudio y trabajo así como la entrada a un programa de desvío para rehabilitarse del uso de drogas.

En entrevista con NotiCel el 3 de abril de 2018, el fiscal a cargo del caso, Francisco González Muñiz, aseguró que no le daba un tratamiento distinto al suceso por involucrar a familiares de la Secretaria. Sin embargo, en los extractos de las declaraciones juradas publicados por la OPFEI sale a relucir que González Muñiz condicionó la corta sentencia de Soto Velilla a que este declarara en contra de Torres Betancourt.

Del archivo: 'No se le está dando ningún trato preferencial. Es un caso donde hay huellas digitales, es un caso donde hay una confesión, es un caso donde hay testigos oculares, es un testado donde hay fotografías. Es lo que llamamos un burrito amarrao', aseguró González Muñiz el 3 de abril.

De las declaraciones juradas: 'El Fiscal me preguntó que si yo había hablado con mi cliente sobre la oferta del Ministerio Público y volvimos a discutir la condición, que me parecía innecesario exponer a Francisco a testificar. Le exprese que si decía que tenía un 'burro amarrao', como el decía, para que había que exponer a Francisco a testificar contra el otro imputado', según la licenciada Sharon González Maldonado.

Esto levanta cuestionamientos respecto a la posible asignación vertical del fiscal en el caso y el señalamiento de una condena específica por parte de la Secretaria. Sin embargo, ese cargo fue descartado en sala.

Una Asistente Tecnica de Víctimas específica

De la información recopilada por la OPFEI surge un intercambio a traves de mensajes de texto entre la jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, y la fiscal de distrito de San Juan, Melissa Vázquez Sandoval, que se alega comprueba la designación de una Asistente Tecnica de Víctimas (ATV) particular por su cercanía con la Secretaria.

La conversación se dio el 17 de diciembre de 2017, a eso de las 5:40 p.m., fecha en que Rosa Ruiz --la ATV designada-- estaba de vacaciones y su tiempo fuera se suponía extender hasta la próxima vista del caso, pautada para el 20 de diciembre. Además, de acuerdo a mensajes enviados en febrero de 2018 por Vázquez Sandoval a la Secretaria, ya las víctimas habían sido atendidas por Carmen Berríos.

'La Sra. Berríos los atendió y entrevistó desde un principio y por eso ella era quien tenía el número. La Dra. [Cintrón] entiende que la Sra. Berríos es la más recomendada para continuar el caso. Me deja saber si prefiere que hagamos algún cambio', aseguró la Fiscal de Distrito. La OPFEI indicó en su informe que Vázquez Garced no respondió a ese mensaje.

Sin embargo, en sala en abril, Ruiz se desempeñó como ATV y hasta cuestionó la presencia de este diario digital durante la vista. '¿Esperas un caso particular?', '¿Cómo te enteraste?' y la confirmación 'hemos tratado de mantener esto confidencial', fueron sus palabras.

Esto, según la OPFEI, es un uso por parte de la Secretaria de su poder para obtener un beneficio.

El 1 de noviembre de 2018, el día en que Vázquez Garced se expresó ante la prensa, la funcionaria negó a NotiCel cualquier intervención de su parte respecto a pruebas, posibles condenas o incluso haber instruido a los empleados de su agencia a manejar el asunto de manera discreta, aún cuando la ATV del Departamento cuestionó la presencia de la prensa en sala.

Estos dos elementos se unen a otros dos aspectos de suma importancia para los planteamientos de la OPFEI y que fueron respaldados por la defensa de la funcionaria durante la vista en que Vázquez Garced salió airosa.

Aunque no fue considerado como un elemento constitutivo de delito, ambos grupos estuvieron de acuerdo en que medió una participación de la Secretaria en el proceso judicial de los convictos.

Es decir, tanto fiscales como abogados confirmaron que Vázquez Garced sostuvo una reunión con la Jefa de Fiscales, así como otros fiscales quienes resultarían ligados al caso de los jóvenes procesados por el crimen sufrido por la hija de la titular de Justicia.

Incluso, Vázquez Garced --según los participantes del cónclave-- cambió la sede del encuentro a su oficina.

Otro, en cambio, demostró el nivel de secretividad que imperaba en La Fortaleza y los funcionarios que laboran allí, pues tenían conocimiento del asunto desde hace varios meses.

Mientras que la discusión masiva del caso contra Vázquez Garced tomó auge el 1 de noviembre, miembros de la Mansión Ejecutiva conocían de imputaciones en contra de la Secretaria desde abril. Más aún, fue el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tras la mediación de su entonces asesor legal, Alfonso Orona Amilivia.

La OPFEI refirió el informe de Vázquez Garced al Tribunal Supremo y a la OEG. Esta última confirmó a NotiCel el recibo del documento pero su directora ejecutiva, Zulma Rosario Vega, declinó abundar al respecto en aras de mantener la confidencialidad del proceso.

Mira el informe aquí