El abogado del convicto por pornografía infantil y excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, busca que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico finalmente libere a su cliente puesto que ya cumplió con la sentencia federal, en su caso concurrente con la estatal.

El licenciado Edwin Castro dijo a Telemundo (Dando Candela) que sometió un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina para que reitere que la sentencia estatal, al ser dos años menor a la sentencia federal, ya cumplió con su condena por lo que debe ser liberado.

En 2013, el juez federal Gustavo Gelpí lo sentenció también a cinco años de libertad supervisada por cargos de pornografía infantil relativos a una menor de edad que era vecina suya, pero la acusación luego fue desestimada.

La investigación contra el exoficial de seguridad bajo la administración del otrora alcalde Jorge Santini, comenzó por alegaciones de su propia hija por hechos que tienen que ver con fotos y conversaciones cibernéticas de índole sexual que tuvo con su vecina menor de edad.

Pero para 2016, un Gran Jurado federal acusó nuevamente a Cordero, esta vez de trata humana, como parte de la continuación de la controversia legal que incluyó pornografía infantil. La enmienda a la acusación fue un intento de parte de la Fiscalía federal por darle la vuelta a la impugnación que intentó Cordero para que no se admitiera como evidencia material encontrado en ciertos aparatos electrónicos y discos duros que la Policía ocupó en el momento de su arresto en 2011.

Fue entonces que en agosto de este año, tras declararse culpable, el hombre de 59 años de edad fue sentenciado por Gelpí a 104 meses de cárcel y 12 años de libertad supervisada por el cargo de posesión de pornografía infantil en el segundo pliego, luego que la primera acusación fuera desestimada.

Cordero ya se había declarado culpable por los cargos sometidos en esa primera acusación de 2011. Como parte del acuerdo con el Gobierno, el convicto se había reservado el derecho de apelar la supresión de la prueba en su contra.

El exfuncionario municipal lleva encarcelado 93 meses y se supone que el tiempo que lleva en prisión se acredita a su sentencia.