Fueron seleccionadas nueve mujeres y tres hombres, mientras que se contemplan 47 testigos, entre ellos la viuda del ejecutivo bancario.

El jurado que deberá decidir el futuro de los seis acusados de asesinar al banquero Maurice Spagnoletti el 15 de junio de 2011 -hace casi 12 años- ya está definido: serán nueve mujeres y tres hombres.

Respecto de los jurados seleccionados, fueron elegidos de un grupo de 58 personas y, entre ellas, también quedaron como alternos un hombre y una mujer.

El proceso judicial que comenzó hoy en el Tribunal Federal del Viejo San Juan se extenderá por cinco semanas, informó el juez Francisco Besosa, quien agregó que para el juicio se contemplan 47 testigos, los que podrían dar su testimonio en sala.

Uno de ellos será Marisa Spagnoletti, la viuda del ejecutivo bancario.

A la mujer se sumarán eventualmente funcionarios del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), agentes del FBI, de la DEA, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, siglas en inglés) y uno del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés).

Mientras, entre los acusados, se ausentó Alex Burgos Amaro, según indicó Tele11, ya que el caso se verá en verano en forma individual por un problema de salud que sufre la madre de la abogada del sujeto, Anita Hill.

La licenciada adelantó que el individuo no será testigo del gobierno ni se declarará culpable.

El proceso judicial es la culminación de un caso que comenzó en el verano de 2011, cuando Spagnoletti, de 56 años y quien laboraba como vicepresidente ejecutivo de Banca e Hipotecas de Doral, recibió varios disparos mientras conducía su Lexus LS-430 por el expreso De Diego, en la zona del túnel Minillas.

Algunos de los proyectiles alcanzaron al banquero en el cuello, matándolo en el acto.

El ejecutivo, quien residía en el área Condado junto a su esposa (Marisa) y su hija (Lucy), de entonces seis años, trabajaba en Doral desde enero de 2011 luego de ser presidente del Carolina First Bank, en Carolina del Sur, y del Fifth Third Bank, en Indiana, así como presidente regional del Summit Bank, en Pennsylvania, y responsable de las operaciones hipotecarias del South Financial Group.

La fiscalía federal, que sometió el caso contra los imputados en 2016 (en una acusación por narcotráfico y posesión de armas que enmendó en tres ocasiones), sólo en 2018 incluyó el asesinato por encargo de Spagnoletti y responsabilizó de su muerte a seis individuos: Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales, Rolando Rivera Solís, Álex Burgos Amaro, Fabian y Alméstica Monge, y Alan Lugo Montalvo, contratistas del banco para dar servicios de mantenimiento.

Antes, la investigación tomó otros rumbos: por ejemplo, que el exjefe Legal de Doral, Enrique Ubarri Baragano, el expresidente Gen Wakeman y la exvicepresidenta de Operaciones, Anelisse Figueroa, estaban involucrados en el asesinato ocurrido en 2011; que Spagnoletti había destapado esquemas de fraude que involucraban a estos ejecutivos y que sus compañeros no veían con buenos ojos sus intentos de enderezar los asuntos en el banco ni su cooperación con el regulador federal, la Federal Deposit Insuance Corporation (FDIC), entre otros (hubo una demanda de la familia del banquero contra la plana mayor del Doral Bank, pero fue retirada).

También se atendieron las declaraciones de un informante del FBI había dicho que el exdueño de Doral, Salomón Levis, se había reunido con él y le había dicho que necesitaba matar a un banquero; que un reo dijo que había asesinado a Spagnoletti por error, porque lo había confundido con un rival en el narcotráfico; que un reo dijo que le habían pagado $200,000 por matar al banquero; y que un exoficial federal le dijo a la viuda que dos ejecutivos habían contratado a mercenarios franceses para matar a Spagnoletti.

Frente a tan variadas teorías del crimen, la postura de los abogados Leonardo Aldridge Kontos, representante del acusado Rivera Solís, y Anital Hill Adames, quien defiende a Burgos Amaro, ha sido que hay evidencia exculpatoria en el caso y por lo tanto pidieron desestimar el cargo relacionado con el asesinato de Spagnoletti o posponer el juicio para ahondar en estos documentos y entrevistas (que se hicieron entre 2011 y 2015), que fue por lo que finalmente se decidió el juez federal Francisco Besosa.

Las alegaciones de que Spagnoletti murió por órdenes de ejecutivos de Doral han rodeado el asesinato desde que ocurrió a la entrada del Túnel Minillas de una manera que en ese momento fue descrita como una ejecución profesional.

El crimen pasó años sin pistas, hasta que el 12 de diciembre de 2018 un gran jurado federal presentó las acusaciones en las que se indica que el asesinato del ejecutivo de Doral Bank fue resultado de las actividades de un grupo de narcotraficantes, dejando en el aire toda la teoría expuesta públicamente hasta ahora, incluso por la familia del ejecutivo, de que se trató de un asesinato por encargo relacionado a investigaciones de cuello blanco en el banco.

El pliego acusa a los seis individuos por ​​conspirar para distribuir sustancias controladas, y posesión de armas de fuego para promover un delito de narcotráfico, anunció en esos días Rosa Emilia Rodríguez Vélez, quien se desempeñaba como jefa de la fiscalía federal. La funcionaria indicó entonces que los miembros de esta "organización criminal violenta" eran los responsables "de al menos tres asesinatos, uno de los cuales fue el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti en el año 2011".

En la acusación se alega que desde el año 2000 hasta el 2014, en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo y Bayamón, los acusados ​​Carmona Bernacet (alias "Canito Cumbre"), Serrano Canales ("Motombo"), Lugo Montalvo, Almestica Monge, Rivera Solís ("El Babalao") y Burgos Amaro ("Yogui") poseían, con intención de distribuir, cocaína, crack y marihuana.

En cuanto al caso de Spagnoletti, en la acusación no se dan detalles del motivo del asesinato o de si entre los supuestos asesinos y Spagnoletti había alguna relación. Sí señala que los sujetos empleaban legalmente a otros miembros de la conspiración en negocios relacionados a mantenimiento y servicios de limpieza para ocultar sus actividades ilegales.

Además, los líderes de la organización practicaban la Santería para proteger las actividades de narcotráfico: usualmente se identificaban vistiendo atuendos y amuletos usados ​​regularmente en esta religión, y realizaban ceremonias y cultos religiosos antes de participar en actividades ilegales y otros incidentes violentos para proteger a los cabecillas, la organización y sus acciones.

De ser declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia mínima de 15 años hasta cadena perpetua por el cargo de conspiración de drogas y desde 5 años hasta cadena perpetua por los cargos por armas. Mientras, por el asesinato de Spagnoletti, los acusados ​​podrían enfrentar la pena de muerte o hasta vida en prisión.