El Panel determinó acoger la recomendación de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, para disponer el archivo de este asunto

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR), suscrito por Ia exsecretaria, Dennise Longo Quinones, de archivar los casos contra la gobernadora Wanda Vãzquez Garced, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado Gonzalez y el alcalde Aguada, Manuel Santiago Mendoza. Sin embargo, éste último fue referido a Ia Oficina de Ética Gubernamental.

La investigación contra la gobernadora Vázquez Garced, según se indica en el informe del DJPR, se originó con una querella anónima presentada ante ese departamento. Sus remitentes solamente se identificaron como Servidores Públicos con Dignidad. Agrega que, a pesar del carácter desconocido de la comunicación, contenía suficientes datos para originar dicha investigación, a la cual se le dio curso porque aludía a la alegada utilización de fondos públicos para fines políticos.

Los hechos se relacionan con el supuesto requerimiento a empleados públicos de participar en la actividad denominada “Parranda con la gobernadora en Plaza Las Américas”, el 5 de diciembre de 2019. El escrito anónimo aduce que un grupo de los funcionarios expresaron su negativa a participar en dicha actividad. Adujeron, que esa actividad estaba relacionada con el inicio o anuncio de campaña política de la gobernadora Vázquez.

El informe señala que en el escrito anónimo se argumentó que tanto las señoras Marisol Blasco, Avudante Especial de Ia Gobernadora y Lillian Sánchez, Subsecretaria de la Gobernación fueron parte de ese esfuerzo, a instancias de Ia Gobemadora.

Asimismo, se expone que William Villalobos Torres, de Ia Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), promovió dicha movilización política.

El Informe de Investigación Preliminar subraya que “a los fines de poder realizar una investigación sabre los alegados hechos, el DJPR entrevistó a posibles testigos que surgían de una grabación que publicó Notiseis 360 PR de Ia parranda y de la actividad efectuada en Plaza Las Américas”, así como a varios jefes de agencias gubernamentales. Allí se concluyó que la actividad de “No Más Balas Al Aire” es una que se celebra todos los años y que no hay evidencia de que la gobernadora hiciera expresiones políticas durante Ia misma.

Luego de considerar el informe de investigación del Departamento de Justicia, así como las declaraciones juradas que se unieron al mismo, el Panel determinó acoger la recomendación de Longo Quiñones, consistente en disponer el archivo de este asunto.

En la que respecta al caso de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, el Panel indicó que recibió un referido del DJPR, cuya Informe de Investigación Preliminar señala que ese departamento recibió un correo electrónico en el cual se expresaba la existencia de posible corrupción relacionada con el usa de fondos de FEMA par parte de la alcaldesa.

Los alegados hechos de corrupción denunciados se vinculan con un proyecto, en el Barrio Vaga, Sector Vaga 3, de ese municipio, sufragado con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Además, se adujo una relación de parentesco entre Rio Negro y Ia alcaldesa. La investigación demostró que no existe vínculo de parentesco alguno entre la alcaldesa y el señor Rivera Cortés.

A tenor con el informe y el récord de la investigación del DJPR, el Panel concurrió con el análisis y recomendación efectuada al considerar que los mismos no arrojan evidencia para determinar que existe causa conducente a demostrar que la alcaldesa de Morovis ha cometido algún delito que deba ser investigado y procesado ante los tribunales de justicia.

Por otro lado, el Panel decidió referir el caso del alcalde de Aguada, Gabriel (Gabino) Santiago Mendoza, a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) acogiendo así una recomendación del DJPR en tal sentido.

El Informe de Investigación Preliminar del DJPR indica que Ia conducta imputada al alcalde Santiago Mendoza, mediante querella no juramentada, fue presentada ante ese departamento por el Lcdo. Christian E. Cortés Feliciano, Legislador Municipal de Aguada.

En la querella, Cortés Feliciano solicitó al DJPR que realizará una investigación, para lo cual alegó un posible esquema de corrupción gubernamental en el Municipio. Ello, relacionado con los contratos de servicio de respuesta a desastres que fueron adjudicados a Ia compañía W Construction LLC.

Cortés Feliciano alegó que el alcalde Santiago Mendoza le dio preferencia a W Construction al momento de adjudicar contratos municipales debido a que su presidente, Wilson Matos Ruiz, había tenido una relación de negocios con el hijo de un ayudante especial del alcalde.

La Resolución del Panel hace constar que Cortés Feliciano no tenía conocimiento personal de los hechos que alegó en su queja. Además, del expediente no surge evidencia tendente a demostrar la infracción a leyes de índole penal.

En su Resolución, el Panel expresó que —luego de examinar la evidencia recopilada en el curso de la Investigación Preliminar de Justicia—, no existe en el récord evidencia que aporte Ia causa suficiente para disponer que el alcalde Santiago Mendoza ha incurrido en posible conducta delictiva, por lo que no se justifica la designación de un FEI.

No obstante, ante Ia negligencia atribuida al alcalde, —en el referido informe de investigación—, el Panel acogió la recomendación del DJPR de que este asunto debe ser referido a la UPAD, para la evaluación y determinación correspondiente.