Piden un reforestación ordenada del área impactada

El alcalde de Vega Alta, Oscar Santiago Martínez, anunció la radicación de una demanda por una ciudadana usuaria de las facilidades públicas del Balneario de Cerro Gordo, a la que el Municipio se ha sumado, para solicitarle al tribunal que se detenga la masiva deforestación causada por un contratista pagado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Aunque originalmente se había establecido que la compañía DebrisTech de Mississippi estaba contratada para recogido de escombros luego del paso del Huracán María hace tres años y la poda o tala de unos 14 árboles, según datos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la empresa “arrasó” con cientos de árboles, palmeras y uveros en la zona del Balneario, sin que el DRNA y el DRD hayan supervisado debidamente tal acción, lo que ha sido catalogado como una “masacre ambiental” por los vecinos de Cerro Gordo y visitantes de la zona, conocida por su área de acampar. Allí también hay una ruta deportiva para la práctica del ciclismo de montaña, reconocida internacionalmente.

En la demanda, a cargo del licenciado Pedro Ortiz Álvarez, se solicita al tribunal que ordene de manera inmediata la paralización de la tala indiscriminada de vegetación y que se inicie una reforestación ordenada y completa del área impactada y afectada por las actuaciones impugnadas de los demandados.

“Los daños sufridos y los que se están sufriendo como secuela de las actuaciones de la parte demandada son irreparables porque dolorosamente ya no es posible revertir esta zona de gran valor turístico y deportivo a su estado original. Los árboles que han sido talados en el área tenían más de una década de existencia, al igual que la vasta mayoría de los árboles y palmeras que aún continúan en el área, a expensas de que los demandados aprueben y validen su tala amparados en unos supuestos estudios que nadie ha visto públicamente”, reclamó el alcalde Santiago Martínez.

Por su parte, Ortiz Álvarez dice en el documento sometido al tribunal que “debemos recordar que la normativa jurídica sobre los recursos naturales y el medio ambiente tiene una insoslayable dimensión de orden constitucional, tal como detalla el caso Misión Industrial versus Junta de Calidad Ambiental (JCA) 145 D.P.R. 908, 918 del año 1998”.

El alcalde dijo que lleva desde inicios del cuatrienio solicitando al gobierno central el traspaso de las instalaciones del Balneario de Cerro Gordo al Municipio para su administración y desarrollo turístico, como ha sucedido en municipios como Toa Baja, Guánica y Luquillo.

“Ya el Senado aprobó una resolución de la senadora Rossana López León a esos efectos, pero en la Cámara de Representantes detuvieron la misma sin explicación alguna. Yo les aseguro que el Municipio tuviera la titularidad de dicha zona, esta masacre ambiental nunca hubiera ocurrido”, finalizó Santiago Martínez.