En la mañana del martes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) allanó la Oficina de Compras de la Torre Municipal de San Juan por irregularidades en el ayuntamiento, acto que muchos han catalogado como indicador de corrupción.

No es la primera vez que la agencia se da cita a la Torre Municipal de San Juan ni es la única ocasión en que el FBI ha tomado por sorpresa a figuras locales reconocidas mediante allanamientos que, sin embargo, no siempre han resultado en la radicación de casos.

A continuación, seis allanamientos recientes y notorios:

De Diego 444

El 10 de febrero de 2006 es recordado por muchos como la fecha en que no solo se allanó un edificio por alegadas razones políticas, sino porque el caso tambien tuvo secuelas judiciales que involucraban a la policía y la prensa.

Ese día, el FBI incautó computadora, telefonos móviles y records de contribuciones, entre otros documentos en relación a alegados líderes del Ejercito Popular Boricua-Los Macheteros.

Como parte de los sucesos, un grupo de periodistas y las principales asociaciones de periodistas de la Isla sometieron una demanda contra los agentes del FBI por el uso excesivo de la fuerza en el lugar de los hechos, pues utilizaron gas pimienta.

Años despues, en el 2012, los jueces del Primer Circuito de Boston le dieron la razón al juez Jose A. Fuste, quien sometió una sentencia sumaria en la cual determinó que no hubo un uso excesivo de la fuerza bajo la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Aún hoy, no se conocen de cargos criminales o arrestos producto del allanamiento.

Doral Bank

Las visitas sorpresivas del FBI no se limitan a funcionarios políticos, pues en el 2014 los agentes federales se dieron cita en las oficinas centrales de Doral Bank para obtener documentos, computadoras, discos duros y otros tipos de plataformas de archivo de datos.

Aunque formalmente no se indicó la naturaleza de la investigación, el consenso general rayó en que se trataba de hechos relacionados a la muerte del exvicepresidente del banco, Maurice Spagnoletti, quien fue asesinado el 15 de junio de 2011 por razones aún desconocidas.La familia de Spagnoletti ha reiterado que su muerte se debió al descubrimiento de un supuesto fraude bancario y ello provocó amenazas y la muerte a tiros.

Al día de hoy no se conoce de casos radicados como resultado del allanamiento.

Educación, America Aponte y Asociados

En marzo de 2015, el FBI allanó la oficina de la empresa educativa de la abogada y entonces candidata independiente a la Gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte, al igual que la firma Action to Build Changes, cuyo presidente es Juan Ángel Martínez Romero y su socio es Ernic Ortiz, hermano del excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder Ortiz.

Las empresas mantenían contratos millonarios con el Departamento de Educación de Puerto Rico. En ese momento no se diligenciaron órdenes de arresto.

En el 2018, ante el lente de NotiCel, Lúgaro Aponte aseguró que las pertenencias le fueron devueltas a los dos días del allanamiento y que no ha sabido nada del FBI por los pasados tres años. No obstante, reiteró que recibió la pesquisa con brazos abiertos, pues la había solicitado por mucho tiempo.

No se conoce de procesamiento contra Lúgaro ni la otra firma allanada.

Departamento de Recreación y Deportes

En horas de la madrugada del 12 de mayo de 2016, agentes del FBI allanaron las oficinas del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) ubicadas en Santurce, acto que dio paso a la revelación de un esquema de fraude de unos $10 millones.Los apodados 'Mercenarios de Educación', grupo conformado por siete personas ligadas al Partido Popular Democrático (PPD), elaboraron un plan para enriquecerse utilizando posibles convenios entre el DRD y el Departamento de Educación.

Entre los involucrados, se encontró el exsecretario del DRD, Ramón Orta Rodríguez, quien durante el verano en curso quedó como el único acusado que enfrentaría juicio. Los otros seis coacusados se declararon culpables.

Toa Baja

Un caso similar al de San Juan fue experimentado en el Centro de Gobierno del municipio de Toa Baja el 22 de noviembre de 2016, luego de que el FBI allanara las oficinas en relación a irregularidades en las cuenta municipales con fondos federales en las áreas de Vivienda y Salud.Mientras se llevaba a cabo el proceso, un emplazador acudió hasta el lugar para tratar de entregar la notificación de una demanda civil por parte de casi una veintena de empleados contra el ayuntamiento, el entonces exalcalde Aníbal Vega Borges y empleados gerenciales de Toa Baja.

Vega Borges, quien fue alcalde por 12 años de ese municipio, renunció ese mismo día a su nuevo puesto como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras el allanamiento, Vega Borges nunca ha sido acusado pero dos de sus empleados, el exdirector del Municipio, Edgar Arroyo, y el contratista Luis Serrano, fueron arrestados y procesados.

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Torre Municipal de San Juan bajo Administración Santini

En el 2006 el FBI había allanado la torre Municipal de San Juan, en aquel entonces bajo el mandato del alcade Jorge Santini, por una presunta malversación de fondos federales en un programa de Sida.

En aquel entonces, Santini expuso que se le entregó al negociado federal unas 450 cajas de documentos que no rindieron frutos para las autoridades.

Santini había expuesto que esta investigación fue motivada por el Partido Popular Democrático para desacreditar su administración del Municipio y alegó haber enviado millones para los programas de Sida de la capital.

No se conoce de ningún procesamiento que haya resultado de ese allanamiento.

Puede leer más del caso aquí: Silencio del FBI con Santini y el programa de Sida de SJ