Carlos Soto Rodríguez es expone una pena de tres años de cárcel según el Código Penal de Puerto Rico.

Carlos Soto Rodríguez, de 35 años, se declaró culpable de todos los delitos imputados por la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia por realizar miles de llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La fiscal Naydik Ramos Montesinos, directora de la UICC, formuló siete cargos contra Soto Rodríguez en virtud del artículo 239 del Código Penal de Puerto Rico, que establece una pena de tres años de cárcel a quien realice llamadas telefónicas falsas a un sistema de emergencia. Soto Rodríguez aceptó haber cometido los hechos mediante una alegación preacordada con el Ministerio Público.

Desde enero hasta agosto del 2024, Soto Rodríguez realizó miles de llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1, sin reportar una emergencia real. El imputado profirió palabras obscenas y realizó bromas a los telecomunicadores.

La investigación estuvo liderada por las examinadoras forenses de la UICC del Departamento de Justicia, Elyaxid Gueváres e Ignerí Negrón junto al agente Omar Santos González, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía.

“Es imperativo que la ciudadanía comprenda que una llamada falsa o con intención de hacer broma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que tenga una emergencia real. En el Departamento de Justicia estamos comprometidos con procesar este tipo de delito que tanto afectan las labores del Sistema de Emergencias 9-1-1. Las acciones del imputado son inaceptables, por lo que serán procesadas con todo el peso que la ley impone. Reconozco la labor de los fiscales de la UICC y los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron incansablemente en el procesamiento de este caso”, expresó la secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado.

“Ahora el imputado debe responder por sus acciones ante un juez al utilizar de forma negligente los servicios de llamadas telefónicas que dispone el Sistema de Emergencias 9-1-1. La UICC cuenta con la tecnología y los mecanismos para identificar a quienes abusan de este servicio arriesgando la vida de los demás. Esperamos que este caso sirva de disuasivo para que los ciudadanos sepan que el mal uso del Sistema de Emergencias 9-1-1 puede tener consecuencias fatales”, expresó la directora de la UICC, Naydik Ramos Montesinos.

El pasado 8 de enero, el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que Soto Rodríguez era procesable bajo la Regla 240. Es decir, encontró que el imputado posee, al momento, la capacidad para entender los procesos judiciales en su contra.

La lectura de acusación fue pautada para el próximo 22 de enero.