La vista argumentativa para atender el pedido de desestimación de cuatro cargos relacionados a la Ley de Ética Gubernamental que pesan contra el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borras, quedó en suspenso cuando el juez Enrique Silva Aviles optó por emitir una decisión por escrito.

Sin embargo, para la defensa legal del expresidente Cameral, Jose Andreu Fuentes, la extensa línea de cuestionamientos que el juez hizo al Fiscal Especial Independiente (FEI), Ramón Mendoza, sobre su argumento a favor de aplicar cargos relacionados la Ley de Ética cuando ese estatuto posee un alcance sumamente limitado en cuanto funcionarios de la rama legislativa, le da la impresión que el caso no prosperará.

'Ya ustedes están viendo como esto se está desmoronando porque aquí no hay caso ninguno, no hay credibilidad alguna y hoy es la mejor evidencia de que esto no va a proceder de ninguna manera', sentenció Andreu Fuentes al salir de la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Durante la vista, Andreu Fuentes planteó que la Ley de Ética aplica exclusivamente a funcionarios de la rama ejecutiva a la ve que establece que los funcionarios de la rama legislativa y judicial se tienen que adherir a los reglamentos administrativos aplicables.

Según Mendoza, la imputación contra Perelló consiste en que recibió un donativo de $10,000 en efectivo por parte de Lutgardo Acevedo que no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ni en el informe de ingresos que está obligado a presentar ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La teoría de la fiscalía consiste en que la intención de Perelló Borras fue ocultar esa aportación para fines que el ministerio público estaría revelando más adelante en el caso.

Pese a que Mendoza no contestó los argumentos de Andreu Fuentes en cuanto la inaplicabilidad de la Ley de Ética en este caso, insistió en su contrargumento que en ciertos casos ese estatuto puede aplicarse de manera limitada con exfuncionarios de la rama legislativa y judicial.

Su argumento sobre la aplicabilidad de la Ley de Ética consiste en que el donativo tuvo que haber sido reportado ante la OCE en primera instancia, y si no ante la OEG, ninguna de las cuales ocurrió, abriendo la puerta a la comisión de delito mediante omisión.

De paso, cuestionó la intención de la legislatura de no incluirse dentro el alcance de la Ley de Ética, resaltando que existe un vacío legal para procesar exfuncionarios de esa rama por actos de corrupción.

El juez Silva Aviles, por su parte, realizó una extensa línea de preguntas al fiscal Mendoza para dilucidar el razonamiento de aplicabilidad de los cargos. En ese sentido, solicitó en varias instancias al FEI a producir alguna autoridad que pueda sustentar sus planteamientos, pero el fiscal no pudo ofrecer una.

Andreu Fuentes, por su parte, insistió que la fiscalía intenta crear delitos por analogía con delitos que no aplican para la conducta imputada. Es decir, que el hecho de que Perelló Borras no haya reportado el donativo ante la OEG no implica delito pues no hay que reportar donativos políticos, mientras que el no reportarlo ante la OCE tampoco implica delito o al menos no se le puede adjudicar al expresidente cameral, más bien al tesorero de su campaña contra quien no se le encontró causa para procesar.

'Hay todo un procedimiento administrativo que en este caso se agotó donde el Contralor Electoral hace todas sus auditorias y examina esto y si hay alguna falla en algún informe de esos les da la oportunidad a las personas de enmendar y le da oportunidad a las personas a explicar. Eso es un asunto que todos los políticos de este país han tenido que pasar porque siempre puede haber errores', sostuvo el abogado.

Andreu Fuentes señala que enmienda a denuncias es otro tropiezo

Tras presentarse la moción de desestimación de estos cuatro cargos, el FEI optó por enmendar la denuncia original para señalar que el donativo hecho no fue para propósitos electorales. Mendoza sostuvo que la enmienda no es necesaria, pero indicó responde a la intención de aclarar que la fiscalía no pretende beneficiarse de agujeros en la ley.

'Lo que se requiere es que el tribunal examine la prueba, la reciba y conforme a eso determine si hubo una intención criminal o no de mentirle a una entidad gubernamental', insistió Mendoza.

Por su parte, Andreu Fuentes sentenció que se trata de una conducta persecutoria contra su cliente en la medida que el FEI pretende aguantar el caso contra los hechos que presentó y que ponen en duda la aplicabilidad de los cargos.

'Lo que se imputó en la denuncia es que el recibió un donativo político que no lo puso en el informe de etica. Entonces, cuando se enfrenta a la moción de desestimación y al hecho de que se le olvido, o no leyó bien de que eso no aplica a las donaciones políticas, entonces la quiere cambiar y quiere enmendar la denuncia para quitar eso', sentenció el abogado.

El caso se retomará con una vista de status el próximo viernes 9 de enero del 2018.