Sale como secuela del caso de Ramón Orta.

El municipio de Sabana Grande y uno de los contratistas en el caso de corrupción que involucra al exfuncionario Ramón Orta ejecutaron un segundo esquema de corrupción relacionado con el Departamento de Educación (DE), según documentos radicados hoy en el Tribunal Federal.

La revelación ocurrió hoy como parte de la vista de aceptación de culpa de Irving Riquel Torres Rodríguez, expresidente y tesorero de la empresa Administrative, Enviromental and Sports Consultants Corp, Inc. (AESC), entidad involucrada en el caso de Orta.

Según el nuevo esquema recogido en una querella separada del caso de Orta que se presentó hoy y para la cual Tores Rodríguez tambien se declaró culpable, AESC sometió propuestas a nombre del Municipio de Sabana Grande en un sistema electrónico de la Unidad de Adjudicación de Fondos y Planes de Trabajo del DE que es financiado por fondos federales.

La querella (‘information’) presenta que hubo un acuerdo entre Torres Rodríguez y ‘el individuo C’ para someter propuestas en nombre del municipio por un total de $2,904,920. De la misma manera, establece, sin aludir a responsabilidad directa de ningún funcionario del municipio, que el ayuntamiento recibía le dinero, le pagaba una parte a AESC y se queda con la diferencia.

Detalla tambien que no solo estuvo involucrada la empresa AESC sino tambien la ‘Compañía F’. El acto ilegal se perfecciona cuando se representa que el municipio es el que va a prestar los servicios de la propuesta pero en realidad, y en contra de la ley, el municipio subcontrata a AESC y a la ‘Compañía F’ para prestar los servicios, de manera tal que el ayuntamiento obtuvo pagos sin prestar servicios. AESC se encargó de prestar los servicios bajo la propuesta para el programa ‘Verano Educativo’ mientras que la otra empresa no identificada prestó servicios para el programa ‘Desarrollo Continuo’, aunque luego tambien aceptó que AESC prestara servicios para ese programa.

En total, el municipio obtuvo pagos de $787,469.60 que la querella cataloga como ilegales porque no se prestó ningún servicio a cambio de eso ya que los servicios los prestaron las entidades subcontratadas en contra del contrato de las propuestas.

Desde el 1993, hasta ahora, Sabana Grande está al mando del alcalde del Partido Popular Democrático, Miguel ‘Papín’ Ortiz Velez.

La querella tiene cuatro cargos: robo de dinero y propiedad del gobierno, fraude por transmisión electrónica y dos cargos de transacciones monetarias derivadas de actividad ilegal.

Tras declararse culpable, el juez Pedro A. Delgado le fijó vista de sentencia a Torres Rodríguez para el 22 de octubre de 2018. El acuerdo con la fiscalía federal llama para que se recomiende una sentencia de 26 meses a Torres Rodríguez.

Para ver la querella, pulse aquí:

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