Mientras los proyectos de ley para eliminar varias colegiaciones compulsorias languidecen en la Cámara de Representantes, sin acción registrada desde el año pasado, el Departamento de Justicia (DJ) compareció al tribunal para abogar por la descolegiación compulsoria sumaria para los contadores públicos autorizados.

La intervención de Justicia ocurrió en la demanda que radicaron el 19 de noviembre de 2019 contra el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y el Gobierno de Puerto Rico los contadores Félix Norman Román y Virgilio Vega III, este último exesposo de la Contralora, Yesmín Valdivieso, donante del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y ocasionalmente contratista público. El abogado de los dos contadores es el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés.

La demanda contra el CCPA, a su vez, ocurrió después de que el Tribunal Supremo decidiera en mayo de 2019 que todas las colegiaciones profesionales compulsorias violentan la libertad de asociación encumbrada en la Constitución del Estado Libre Asociado. Esa decisión versaba sobre el Colegio de Técnicos Mecánicos Automotrices pero el Supremo planteó que las colegiaciones compulsorias solo serían permisibles bajo la Constitución si el Estado demuestra un «interés apremiante», dejando así la puerta abierta para que cada colegio compulsorio fuera sometido a esa prueba a ver si sobrevive o no.

«A tenor con la jurisprudencia vigente, no es constitucionalmente permisible que se le imponga la colegiación compulsoria a un ciudadano en detrimento de su derecho a la libertad de asociación, salvo que se articule la existencia de un interés apremiante y se pruebe que el Estado no tenía a su alcance medidas menos onerosas que la legislada para lograr dicho interés», dice Justicia en la moción de sentencia sumaria sometida el 28 de febrero.

En una moción posterior, los demandantes recalcaron que Justicia no argumentó que existiera un interés apremiante para mantener la colegiación compulsoria de los contadores y que existe una alternativa menos onerosa para regular la profesión que es la Junta de Contabilidad adscrita al Departamento de Estado.

El tribunal concedió tiempo para que el CCPA conteste a Justicia antes de adjudicar el caso.