Tras la determinación del Supremo federal que indica que los casos criminales deben decidirse por unanimidad.

La Oficina del Procurador General avaló, mediante una moción radicada ante el Tribunal Supremo, que se celebre un nuevo juicio contra el convicto Tomás Torres Rivera, que fue el primer reo en presentar una revocación de sentencia amparado en la determinación federal de que todos los juicios criminales en territorios estadounidenses, como Puerto Rico, debían concluirse por unanimidad.

Torres Rivera fue convicto en el año 2016 por actos lascivos y maltrato a menores cometidos mientras fue maestro de una escuela. Contra el educador fueron presentados 11 cargos. En 8 de ellos fue encontrado culpable unánimemente, en los tres restantes fue declarado culpable por mayoría.

Ante ambas determinaciones, la del Supremo federal y la sentencia de Torres Rivera, la Oficina del Procurador General se expresó de acuerdo con la celebración de un nuevo juicio para el convicto, pero solo en los tres cargos en los que fue encontrado culpable por mayoría y no por unanimidad.

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«De entrada, adelantamos que la Oficina del Procurador General, en representación del pueblo de Puerto Rico, y debido a la jurisprudencia aplicable que discutimos más adelante, acepta que la determinación de Ramos vs Louisiana, supra, aplica de forma general a Puerto Rico. Por ende, está conforme con que en este caso se emita una determinación a los únicos efectos de ordenar un nuevo juicio solamente en los tres cargos que el veredicto emitido no fue unánime, conforme al nuevo ordenamiento jurídico», lee la moción radicada por la Oficina del Procurador el 1 de mayo.

«El ministerio Público se encargará de probar -como lo hizo anteriormente- que el peticionario sea culpable más allá de duda razonable en dichos cargos y obtendrá un veredicto unánime a esos efectos», agrega el documento, que fue suscrito por el Departamento de Justicia en declaraciones emitidas a NotiCel.

«En cuanto, a los veredictos en los tres cargos de actos lascivos que fueron determinación de culpabilidad en voto de mayoría, el Ministerio Público reconoce que el acusado tiene derecho a que el juicio con respecto a esos tres cargos se vea nuevamente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la oportunidad en este caso de determinar el derecho aplicable en dichas situaciones», sostuvo la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones.

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No obstante, la defensa de Torres Rivera había solicitado la revocación de la sentencia general amparados en la decisión del Tribunal Supremo federal.

El Supremo federal determinó en el mes de abril que, los derechos de un acusado por delito grave en juicio por jurado incluyen que el veredicto en su contra tiene que ser unánime, tal y como lo es en la esfera federal.

Solicitan comparecer como amigos de la corte:

Varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Puerto Rico (PRACDL en inglés), la Unión Independiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (IASAL), el Proyecto A.D.N., entre otros, solicitaron comparecer como amigos de la corte en el proceso.

En una moción escrita, estas organizaciones suscriben que la determinación del foro federal debe extenderse de forma retroactiva absoluta y no únicamente a nuevos casos.

Para ello, hicieron un llamado no solo a la Rama Judicial, sino también a la Rama Legislativa.

«Queda entonces en este Honorable Tribunal, al igual que en la Legislatura, establecer normas que corrijan el daño causado por los veredictos mayoritarios, balanceando el interés de solventar los derechos constitucionales con el principio de la finalidad que proviene del poder constitucional de la Rama Judicial. La Legislatura en especial se encuentra ante una oportunidad idónea para esgrimir legislación de vanguardia que corrija un defecto estructural en nuestra Constitución e historia», sostienen.

La Cámara de Representantes presentó la pasada semana legislación a los fines de establecer que la determinación federal discutida aplique retroactivamente.

«[E]ste es un paso de vanguardia necesario, pero no suficiente, consistente con la obligación de todos los componentes del sistema de justicia de vindicar derechos de los acusados que cumplen condenas inconstitucionales al amparo de Ramos», agregan las organizaciones.

Mira a continuación la moción radicada por la Oficina del Procurador General:

La periodista Cynthia López Cabán colaboró en esta historia.