Dos exalcaldes son ejemplo esta semana de lo que puede costar en dinero real las actuaciones administrativas ilegales.

El exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, tendrá que pagar casi $20,000 en restitución a unas 20 víctimas de sus actuaciones ilegales en el municipio con el manejo de compensación a empleados, y represalias, bajo un programa de empleo con fondos federales.

La determinación de hoy del juez federal Joseph Laplante contra Nazario, quien además tiene que cumplir 18 meses de cárcel, se suma a la que emitió esta semana el juez Pedro A. Delgado contra el exalcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz Vélez, a quien sentenció a cinco años de probatoria y restitución de $130,612.45 tras declararse culpable por fraude postal.

El 19 de marzo pasado, Laplante había sentenciado a Nazario a 18 meses de cárcel por el veredicto de culpabilidad que ya su defensa apeló ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. El exsenador dijo esta mañana a 740 AM que tiene que entregarse el 25 de mayo a una prisión en Georgia para comenzar a cumplir.

En la vista de hoy quedaba por cubrir cuánto tendría que restituir Nazario a sus víctimas. La orden de pago sumó $19,774.50 para 18 víctimas que recibirán distintas cantidades, entre $174 a $3704.75. El juez no tomó en cuenta los empleados relacionados a cargos en los que el jurado no emitió veredicto de culpabilidad pero sí tomó en cuenta a víctimas que, aunque el jurado encontró que se había cometido delito en sus casos, habían expresado que ya se les había restituido.

La abogada de Nazario, María Domínguez Victoriano, estableció que las víctimas podrían obtener también la restitución de parte del municipio, reduciendo así lo que tiene que pagar su cliente y que le informaría al tribunal si eso sucedía, lo cual el juez no adjudicó en este momento dejándolo como asunto pendiente, si sucede. El juez adelantó que existe la opción legal para que las víctimas le sometan una solicitud para no recibir la restitución, lo cual él evaluaría para modificar la orden de pago.

Los fiscales Scott Anderson y Myriam Fernández habían hecho un cálculo de pago de $26,680.36, pero el juez subrayó que para algunas víctimas había discrepancia de cuál debería ser el pago y que, por disposición legal, solo podía sumar la cantidad menor de la discrepancia. Laplante también expresó que si el municipio encontrara base para sostener que a alguna víctima de le debe más de lo calculado, se le debe pagar la cantidad más alta.

Nazario fue encontrado culpable en marxo de 2020 por mentirle al gobierno federal sobre la compensación a unos empleados municipales y por fraude con transacciones electrónicas. Además, enfrenta otro caso que no ha comenzado, con imputaciones de usar empleados municipales para su campaña al Senado.

De otra parte, en el caso de Ortiz, su restitución no es a personas individuales sino al Departamento de Educación federal. El procesamiento de este alcalde es un corolario del caso contra el exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta. Ortiz hizo representaciones fraudulentas a Educación federal sobre un contrato por casi $2 millones que otorgó a la empresa Administrative, Environmental and Sports Consultants Corp (AESC), propiedad del coacusado con Orta, Irving Riquel Torres.

El pago ordenado a Ortiz fue lo que restó de restituir por las pérdidas del gobierno federal en el contrato después de que el municipio y el Comité Olímpico de Puerto Rico pagaran $1.2 millones al gobierno debido a su participación en el esquema.

Vea:

Cárcel por 18 meses para Abel Nazario