La fiscalía federal tiene ahora oportunidad para aportar evidencia que cambie la determinación del juez, si la tiene.

El boxeador Félix Giomar Verdejo Sánchez, apodado “Diamante” en el mundo deportivo, no tiene suficiente dinero para sufragar su defensa en el caso federal de pena de muerte que enfrenta tras el asesinato de su pareja, Keishla Rodríguez Ortiz, por lo que el equipo legal seguirá pagándose con fondos públicos.

Así lo determinó hoy de manera preliminar el juez federal Pedro Delgado Hernández después de que ayer el púgil sometiera bajo pena de perjurio detalles sobre su situación financiera actual, en un documento que permanece sellado y solo bajo el control del juez.

La decisión es preliminar porque Delgado Hernández concedió a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico hasta el 21 de mayo para que sometan cualquier objeción que tengan “y entonces el tribunal determinará cuáles serán los próximos pasos”.

Las objeciones de la fiscalía tendrían que estar basadas en evidencia sobre la condición financiera real de Verdejo Sánchez. Si presentaran evidencia que contradiga la declaración bajo juramento, Verdejo Sánchez tendría no solo el problema de perder los fondos públicos para su equipo legal, sino posible procesamiento por mentir en el formulario.

Verdejo Sánchez tiene al menos un contrato con la compañía promotora Top Rank, cuyo dueño, Bob Arum, dijo que no sería cancelado hasta que al púgil se le pruebe si es culpable de los delitos presentados.

Los fondos públicos cubren a dos de sus abogados, Laura Maldonado Rodríguez y el especialista en pena de muerte, David Ruhnke, así como los gastos de distinto tipo en los que estos incurran para preparar la defensa, hasta cierto límite. Un tercer abogado, José F. Irizarry Pérez, lo paga la madre y familia del acusado con fondos privados.

La semana pasada, NotiCel publicó que la residencia de Verdejo Sánchez en Encantada, Trujillo Alto, tiene una anotación de embargo por un préstamo personal que no pagó y que está activa y pendiente de adjudicación una demanda del boxeador contra su exmanejador, Ricardo Márquez García, que busca la nulidad del contrato con este.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos de secuestro con muerte, carjacking con muerte, muerte de un niño no nacido y uso de armas en crimen violento. Los primeros dos lo exponen a la pena de muerte, pero la fiscalía no ha confirmado todavía si buscarán aplicar ese castigo. El supuesto cómplice confeso del boxeador, Luis Antonio Cádiz Martínez, también enfrenta los primeros tres cargos.

Esta semana, la magistrada federal Camille Vélez Rivé decidió que ambos quedarán detenidos sin fianza hasta la fecha de juicio, que no está señalada todavía, por ser un “peligro a la comunidad”. Contra Cádiz Martínez pesó también su historial criminal previo y que en dos ocasiones violentó su probatoria en un caso federal previo.

Vea:

Tribunal ordena que Verdejo someta datos de su situación financiera so pena de perjurio

Caso de pena de muerte atrapa a Verdejo entre demandas de cobro y disputas legales con su exmanejador

Cómplice de Verdejo con historial criminal en Nueva York y Puerto Rico