La demandante es maestra en el Departamento de Educación y alega qu eestá siendo discriminada por sus creencias.

Una sacerdotisa de la religión Wicca demandó al Gobernador y el Departamento de Educación (DE) para que se le reembolse por el costo de las pruebas semanales de detección de COVID-19 que tiene que realizarse para mantener su empleo como maestra no vacunada o, en la alternativa, que se le requiera la prueba tanto a vacunados como a no vacunados.

Brenda Figueroa Ortiz sometió su petición de sentencia declaratoria el 13 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia, después de que un juez superior desestimara la demanda de un grupo de no vacunados que alegaban haber sufrido daños por el mandato de vacunación compulsoria de la Administración Pierluisi y en momentos en que está pendiente ante el Tribunal Federal una reclamación también en contra de este mandato por parte de cuatro empleados públicos.

La demandante es maestra desde 1997 y actualmente es maestra de Física en la escuela Pablo David Burgos Marrero de Corozal. Además, “profesa, es firmemente creyente, practica y es miembro de Magic Cauldron Fellowship and Order, un Templo Wiccano en el cual es Sacerdotisa según certificada por su congregación y templo en todos sus rituales, ceremonias de la Religión Wicca, es la vicepresidenta del Consejo del Templo y está debidamante registrada como tal en el Departamento de Salud de Puerto Rico como celebrante”. La religión Wicca es original de Inglaterra y clasificada como pagana. Sus practicantes reclaman también ser “brujas”. En Puerto Rico está reconocida desde 2000.

Como parte de su religión, Figueroa Ortiz suscribió la declaración de excepción que admite el mandato de vacunación, pero su reclamo es que, como parte de la excepción, se le obliga a someter pruebas semanales que le resultan onerosas, específicamente, a razón de $347 al mes y un estimado de $4,164 anuales “para retener su empleo”.

“En el presente caso no se cuestiona, como este Tribunal puede tomar conocimiento de la demanda, la eficacia o no de la vacuna. Se entiende que existe un interés apremiante del estado en proteger a sus ciudadanos. Lo que es insostenible es que se clasifique a la demandante Figueroa Ortiz de manera distinta y discriminatoria por el único hecho de no vacunarse por sus creencias religiosas obligándosele a hacerse la prueba semanalmente que la paga de su propio pecunio para retener su empleo, cuando los vacunados están igual de expuestos a adquirir el virus del COVID-19 en su variante Delta”, argumenta la reclamante.

La demanda suscrita por la licenciada Ada Conde Vidal argumenta que el Centro de Control de Enfermedades (CDC) ha reconocido que tanto vacunados como no vacunados pueden infectarse, e infectar a otros, con la variante Delta del COVID-19. Y alega que constituye un discrimen que solo a los no vacunados se les pida hacerse las pruebas. La demanda también expone, de manera incorrecta y contraria a los datos científicos disponibles, que son los vacunados los que están siendo hospitalizados con esa variante.

“No existe evidencia alguna que la demandante haya contribuido de manera alguna a la propagación o infectar de manera alguna el COVID-19, pero existen otras reglas menos restrictivas que pueden ser adoptadas para que no sea segregada, marcada y clasificada de manera distinta al que esta vacunado que esta ahora en riesgo de infectarse o propagar la variante Delta del COVID-19”, sostiene la demanda.

Figueroa Ortiz pide que se le reembolse el dinero de las pruebas, una compensación de $25,000 por los daños que ha sufrido o que se determine que las pruebas semanales aplican a vacunados igual que a no vacunados, sean estudiantes o personal docente o no docente.