El juez Pedro Delgado Hernández emitió órdenes en el pleito de cuatro empleados públicos contra el gobierno por el mandato de vacunación en la Rama Ejecutiva.

El juez federal Pedro Delgado Hernández presentó señales ayer de que no estará listo para decidir una demanda federal por el mandato de vacunación en los empleados del gobierno hasta cerca del 30 de septiembre, que es el plazo límite que tienen los empleados para mostrar evidencia de vacunación o someterse a alternativas, como pruebas semanales, o acogerse a licencias.

Además, y contrario a la presunción del Departamento de Justicia de que para disponer del pleito no había que entrar en discusiones sobre los datos científicos, el juez le ordenó al gobierno indicar cuáles son las fuentes de los “datos empíricos, estadísticos y científicos” que se usan de justificación en la Orden Ejecutiva 58, que es la que establece el mandato de vacunación para empleados públicos.

La Administración Pierluisi tiene hasta el 7 de septiembre para entregar esa información, pero ese no es el último plazo establecido en el caso. El juez concedió a los demandantes hasta el 9 de septiembre para oponerse a la moción de desestimación del gobierno y luego hay hasta cinco día laborables adicionales para cualquier réplica.

Eso implica que aproximadamente para el 16 de septiembre el caso quedará sometido y listo para adjudicación. Según la orden ejecutiva impugnada, los empleados del Ejecutivo tienen hasta el 30 de septiembre para acreditar que están completamente vacunados contra el covid-19 ó, de los contrario, tendrán que entregar resultados de laboratorio negativos para poder trabajar.

Los datos que sustentan la orden y que se tienen que someter al tribunal a más tardar el 7 de septiembre incluyen: el total de contagiados y de muertes por la pandemia en la isla, promedio diario de contagiados, hospitalizados, tasa de positividad, proceso de autorización de vacunas, total de personas vacunadas y los síntomas que están arrojando los vacunados cuando se infectan.

Esta solicitud del juez contrasta con una expresión que hizo Justicia en su fuertemente argumentada respuesta a la demanda. “[L]as teorías temerarias de los demandantes están basadas en conclusiones erradas de estadística y política pública que son más propias de análisis y refutación en los foros científicos o políticos que en un tribunal de Derecho”, sostuvieron a la vez que citaron expresiones de un juez del Tribunal Supremo federal de que los tribunales “carecen el trasfondo, competencia y pericia para evaluar salud pública y no están sujetos al escrutinio del pueblo (como lo están los oficiales electos)”.

Parte de los argumentos del grupo demandante es que los mandatos de vacunación son excesivos y no responden a un interés real de salud pública porque la pandemia en la isla está controlada y hay alta incidencia de vacunación en la población.

Delgado Hernández ya le había negado a los demandantes la celebración de una vista en la que se pudiera discutir una orden de emergencia contra el gobierno para evitar que pongan en vigor el mandato de vacunación de los empleados públicos. El juez dijo que quería esperar a la respuesta del gobierno para decidir sobre esa solicitud de interdicto. El martes el gobierno acudió al tribunal para argumentar en contra del interdicto y pedir la desestimación de la demanda porque es un “subterfugio para adelantar una agenda antivacunas”.

El mismo grupo legal que sometió esta demanda en representación de cuatro empleados públicos sometió otra el viernes pasado en representación de dueños de negocios y de empleados en el sector privado que pide que sean declaradas inconstitucionales las órdenes ejecutivas que imponen a los comercios el requisito de verificar el status de vacunación de su cliente o, de lo contrario, tienen que operar a 50% de capacidad.

Vea:

Demanda federal es parte de una “agenda antivacunas” y debe ser desestimada, pide gobierno

Requerimiento de tarjeta de vacunación en negocios provoca demanda federal