El Primer Circuito de Apelaciones resolvió que el dramaturgo Roberto Ramos Perea tiene los derechos de dos adaptaciones que realizó de obras de Enrique Laguerre y que es el que recibirá la compensación por violaciones a los mismos.

Comenzó como protagonista, luego quedó relegado mientras se desenvolvía la trama principal, pero al final, el dramaturgo Roberto Ramos Perea resultó ser la figura triunfante en la lucha legal por dos adaptaciones del novelista Enrique Laguerre: La Llamarada y La Resaca.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston escribió ayer el tercer acto sorpresivo en esta obra de teatro legal cuando decidió que Ramos Perea era el dueño de los derechos de autor de las adaptaciones y le transfirió el veredicto de $266,350 que inicialmente había sido otorgado a los herederos del novelista, considerado la figura de mayor trascendencia en su género dentro de la literatura puertorriqueña.

En su punto más antiguo, la historia comenzó en 1934 con la publicación de La Llamarada, seguida en 1949 por La Resaca. Para La Llamarada, hay evidencia de que quedó registrada oficialmente como obra de Laguerre en 1936, pero para La Resaca, no hay evidencia de que haya sido registrada. Bajo cualquier cálculo, sin embargo, ambas obras ya estaban en el dominio público para el 1977, según hilvanaron los jueces apelativos en su decisión.

La trama se mueve luego a 2001 cuando Laguerre, cuatro años antes de morir, suscribe un acuerdo con Teatro Caribeño, Inc. para que Ramos Perea hiciera una adaptación teatral de La Resaca y le concedió retener los derechos morales sobre las mismas. Laguerre retenía los derechos para imprimir las adaptaciones. En 2010, las mismas partes hicieron un arreglo similar para La Llamarada.

Pero, en el ínterin, para 2002, Laguerre llegó a un acuerdo con Editorial Cultural para hacer una tirada de la adaptación de La Resaca durante un periodo de siete años y en 2003 hizo el mismo acuerdo con la empresa para La Llamarada.

Laguerre murió en el 2005 y, en el 2013, Editorial Cultural imprimió y vendió las dos adaptaciones al Departamento de Educación, activando así en 2015 la primera versión de la demanda en la que Ramos Perea y la hija de Laguerre, Beatriz Laguerre Saavedra, reclamaron violación de derechos de autor contra la editorial.

Durante el transcurso del litigio, hubo cambios en los demandantes y las alegaciones, quedando Ramos Perea relegado como demandante cuando los seis herederos de Laguerre asumieron la promoción del litigio, aunque nunca sacaron formalmente al dramaturgo.

La reclamación de los demandantes fue en dos vías: o Ramos Perea tenía los derechos por la autorización expresa que le otorgó Laguerre en los contratos con Teatro Caribeño, Inc., o los tenía porque, para la fecha en que hizo las adaptaciones, las novelas llevaban décadas en el dominio público.

Tras un juicio de tres días, un jurado decretó veredicto a favor de los herederos y en contra de la editorial, sumando los daños en $266,350. Pero el juez federal Pedro Delgado Hernández revocó la determinación de violación de derechos de autor que pesaba contra la editorial, solo para reinstalarla después.

Los jueces apelativos, ante solicitudes de la editorial y de Ramos Perea para que revisaran el resultado del caso, encontraron que “[c]uando Ramos Perea adaptó las novelas en 2001 y 2003, respectivamente, Laguerre ya no tenía ningún reclamo de derechos en ninguna de las dos, ni en las obras derivadas, y Ramos Perea se convirtió en el dueño de las obras derivadas que creó, es decir, las adaptaciones teatrales, con poder exclusivo para autorizar su impresión y venta”.

Por tanto, añadieron, los acuerdos de Laguerre con Teatro Caribeño, no tienen nada que ver en la controversia y, cuando la editorial imprimió y vendió las adaptaciones a Educación, violentó los derechos de Ramos Perea.

Para resolver la parte del dinero que la editorial debe pagar por la violación de derechos, el panel de jueces apelativos anotó que “los herederos concedieron durante las argumentaciones orales que Ramos Perea es el dueño en ley de todos los derechos sobre las adaptaciones” y que, como dueño verdadero, “debe ganar este caso” y van a aceptar la revocación de la cantidad de dinero que se les concedieron en daños.

Y así lo hicieron los jueces, transfiriendo la cantidad completa a Ramos Perea.

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Vea:

Pugna legal por la obra del novelista Enrique Laguerre