La lista de testigos de los fiscales especiales independientes está llena de funcionarios que inicialmente fueron referidos para investigación por posible comisión de delitos.

Cuando la Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) reveló sus acusaciones por el trámite que siguió una compañía de construcción para intentar obtener un pago de $19 millones por suplir pruebas rápidas de detección de covid-19 al Gobierno de Puerto Rico el año pasado, la pregunta principal fue: ¿y dónde están los funcionarios que participaron en la transacción?

Las denuncias radicadas contra el licenciado Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick traen la respuesta: están en la lista de testigos del pueblo con los que cuentan los fiscales especiales independientes en contra de los imputados.

Por lo menos, una parte de ellos, otros, como el círculo íntimo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza y la propia exgobernadora, no figuran como testigos y, por tanto, quedan cubiertos bajo la declaración del FEI Ramón Mendoza Rosario de que solo han presentado los cargos con la prueba que tienen hasta ahora y que, de surgir más prueba, podrían ampliar la lista de procesados.

El jueves pasado, la jueza municipal Iraida Rodríguez Castro halló causa para arresto contra ambos imputados, aunque en el caso de Vick fue en ausencia porque no ha sido localizado y se cree está en Estados Unidos.

La abogada de Maldonado de Jesús, Mayra López Mulero, adelantó que pediría revisión de la determinación por entender que la OPFEI no tenía jurisdicción porque, precisamente, no se acusó a ningún funcionario público junto a los dos del sector privado.

En la trama de las pruebas rápidas de covid-19 contratadas a la empresa de construcción APEX General Contractors a través de Maldonado de Jesús y Vick, la OPFEI tuvo referidos tanto por la vía del Departamento de Justicia como de la Cámara de Representantes.

Justicia, que en ese momento seguía bajo el mando de la exsecretaria de la agencia, y gobernadora sucesoral, Vázquez Garced, dijo a la OPFEI que no había causa para investigar y acusar a nadie, ni siquiera a Maldonado de Jesús o a Vick. Ese resultado significaba un triunfo político y legal para Vázquez Garced, quien resultó exonerada por Justicia junto al círculo íntimo de colaboradoras en La Fortaleza que se había visto envuelta también en la investigación.

Esta conclusión de Justicia ocurrió a pesar de que le confirmaron a la OPFEI que hubo irregularidades en el manejo de los contratos y hasta la intervención de cabilderos para agenciarlos, pero que no había responsabilidad penal porque las leyes aplicables eran “insuficientes” o “flexibles”.

En su resolución anunciando la ampliación de la investigación y la designación de fiscales, la OPFEI disputó el argumento de Justicia y sostuvo que la emergencia por la pandemia no había dejado en suspenso la política pública de “cero tolerancia a la corrupción” y la necesidad de “garantizar que los recursos públicos sean utilizados correcta y efectivamente para proteger la vida, la seguridad y la salud del Pueblo”.

De 19 personas que Justicia había exonerado en su investigación preliminar, la resolución de la OPFEI del 28 de diciembre ordenaba a los fiscales a investigar a cuatro: Maldonado de Jesús, la exsubsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez Pérez, la exjefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera, y el excomisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos Vega.

De estos, ahora Burgos Vega es uno de los testigos de los fiscales contra Maldonado de Jesús y Vick. Otros testigos, que inicialmente estuvieron en la lista de investigados, son: la exsecretaria Auxiliar en Administración del Departamento de Salud, Adil Marie Rosa Rivera; la exayudante especial en NMEAD, Guarina J. Delgado García; la exdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris E. Santos Díaz; el secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy Raíces; la analista de compras en el Departamento de Salud, Mariel Rivera Rivera; y el presidente de APEX, Robert Rodríguez López.

Además de Sánchez Pérez y Cabeza Rivera, los funcionarios que fueron referidos para investigación, pero no aparecen ahora como testigos, son la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo; el exadministrador de Servicios Generales, Ottmar Chávez Piñero; el exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la exdirectora interina de Compras en Salud, Diana Meléndez Díaz y los miembros del Task Force Médico, doctores Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Luis Salgado Morales.

También quedó, ni como acusado ni como cooperador, Ricardo Javier Vázquez Hernández, presidente de 313, LLC, una empresa que, distinto a APEX, sí llegó a recibir pagos millonarios sin entregar los productos que se supone entregaran al punto de que hay una demanda civil pendiente entre la empresa y el gobierno sobre eso. En esa demanda, ya surgió información de que 313 sacó casi inmediatamente de su cuenta de banco el dinero que le pagó el gobierno y lo transfirió a otras, incluyendo a otra empresa que también controlan personas que estaban en 313.

Otros testigos de la OPFEI contra Maldonado de Jesús y Vick son el exsecretario de Salud, Lorenzo González, el fiscal Dennis Soto Fantauzzi, José A. Toral Pereyó, Vanessa Figueroa Colón, Arlene Disdier Ortiz y el calígrafo Héctor J. Figueroa Ramos. Presumiblemente, este último declararía que la firma de Vick que apareció en los documentos de la propuesta de APEX para las pruebas no es falsificada, sino real. Esto, porque Vick primero le pasó su firma a Maldonado de Jesús para que la usara en el trámite y luego, cuando explotó el escándalo, alegó que le habían falsificado la firma. Unos delitos de falsificación que el dúo enfrenta ahora no son porque la firma no fuera la de Vick, sino por las representaciones que se le hicieron al gobierno sobre esa firma. Esta parte del caso gira sobre cómo Maldonado de Jesús ensambló una resolución corporativa de APEX para presentarla al gobierno en el trámite del contrato.

Para Vick, esta la primera consecuencia que tiene su decisión de prestar su firma para que Maldonado de Jesús pudiera someter documentos que pedía el gobierno para tramitar el contrato de $38 millones que, entre contacto inicial con el equipo del Departamento de Salud y desembolso de un pago de $19 millones, tomó unos tres días. Ese desembolsó quedó detenido cuando levantó banderas de seguridad en el Oriental Bank. Luego de detenido el pago, se desmoronó la transacción y se conoció que las pruebas venían por una cadena de suplidores que se originaba en Australia en una compañía que nunca las produjo ni las podía producir.

Pero, para Maldonado de Jesús, es el segundo evento ya que todavía tiene pendiente ante el Tribunal Supremo una acción disciplinaria que puede culminar en sanciones en su contra como notario.

Para ver la resolución de la OPFEI ordenando la investigación, pulse aquí.

Para ver las denuncias contra Maldonado de Jesús y Vick, pulse aquí.

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