El municipio no solamente quiere dar por terminado los contratos vigentes, sino recobrar todo el dinero pagado bajo los contratos que resultaron del esquema de corrupción.

El Municipio de Cataño demandó el miércoles pasado a las tres compañías, y los tres contratistas involucrados en el caso de corrupción de su exalcalde, Félix «Cano» Delgado Montalvo, para declarar nulos los contratos que tuvieron con el ayuntamiento y recobrar la cantidad millonaria de dinero pagado bajo los mismos.

Junto con las demandas, el municipio pidió también órdenes de embargo contra las empresas y contratistas para asegurar la posibilidad de recobrar el dinero. Estas órdenes son aparte y no tienen que ver con las confiscaciones que ya Delgado Montalvo y el convicto contratista Oscar Santamaría Torres hicieron como parte de los casos federales en los que se declararon culpables por soborno pago de comisiones ilegales. Las órdenes tampoco estarían afectadas por cambios en la dirección de la empresa, como ocurrió con la compañía Waste Collection Corp. que, semanas antes de que Santamaría Torres se declarara culpable, anunció un cambio en sus oficiales para sacar a éste y sustituirlo por oficiales allegados a él.

El ayuntamiento, que desde el lunes pasado está bajo el mando del alcalde Julio Alicea Vasallo, tramitó las demandas a través de sus abogados externos, el bufete Aldarondo & López Bras, quienes tienen contrato con el municipio desde el 2019, cuando Delgado Montalvo todavía era alcalde.

Las demandas no incluyen al exalcalde ni a VIP Healthcare Solutions, Inc., una corporación en la que Santamaría Torres no figura oficialmente, aunque sus contratos públicos están en el esquema de corrupción. Alicea Vasallo, sin embargo, dijo a NotiCel que estos no serán los únicos pleitos derivados de este esquema.

«Estas no serán las únicas acciones que el municipio tomará para intentar recuperar dichos fondos. Todas las demás acciones se encuentran bajo evaluación», dijo Alicea Vasallo a NotiCel. Específicamente sobre VIP, aseguró que está también bajo evaluación, «siempre pensando que los servicios directos de salud que reciben los residentes de Cataño tienen prioridad sobre cualquier otra consideración».

El razonamiento que presentan los abogados de Cataño al Tribunal de Primera Instancia es el mismo en todas las demandas y es uno que también está disponible para los municipios de Guaynabo, Trujillo Alto y Aguas Buenas.

En esencia, presentan que ya Santamaría y Raymond Rodríguez Santos, codueño de J.R. Asphalt Inc., se declararon culpables por conseguir contratos públicos a fuerza de soborno, por lo que los contratos suscritos con sus empresas son nulos ya que violentan cláusulas estándares que tienen los contratos públicos para evitar la corrupción y que específicamente declaran la nulidad del acuerdo si se violentan. Por ser nulos, todo dinero público desembolsado a través de los mismos debe ser devuelto, concluyen.

El argumento incluye que el exalcalde ya se declaró culpable y que el otro dueño de J.R. Asphalt Inc., Mario Villegas Vargas, está acusado por un gran jurado por los mismos hechos. El cuadro es similar en Aguas Buenas, donde ya el exalcalde que suscribió el contrato con Waste Collection se declaró culpable. En cuanto a Trujillo Alto y Guaynabo, los acusados, respectivamente, el vicealcalde Radamés Benítez Cardona y el exalcalde Ángel Pérez Otero, no se han declarado culpable, pero las demandas allí podrían estar basadas en la aceptación de culpa de Santamaría Torres y de Rodríguez Santos. De esos municipios, solo Guaynabo ha anunciado su intención de cancelar contratos relacionados al arresto de Pérez Otero, pero ninguno ha iniciado una acción de recobro de nulidad y recobro de dinero como Cataño.

«Toda vez que la contratación entre el Municipio y (la empresa) – y los pagos realizados por el Municipio a (la empresa) – se logró mediando actos ilegales y contrarios al orden público, al igual que fraude y dolo, procede que se declaren nulos los contratos antes descritos suscritos entre el Municipio y (la empresa), así como sus enmiendas, y se restituya al Municipio todo lo pagado», indican las demandas.

Además del recobro, con intereses, el municipio reclama en cada una de las tres demandas un pago por temeridad (valorado en $100,000 pero sin que se defina cuáles fueron los actos temerarios), un pago de honorarios ($100,000), y un pago por daños ($250,000).

«La contratación mediando conspiración, fraude, dolo y soborno, tuvo el efecto de desviar fondos públicos que debieron ser destinados a servicios en beneficio del pueblo de Cataño, y dirigirlos a beneficiar de manera ilegal a los demandados. Ello causó daños tangibles a las arcas municipales, pérdida de fondos públicos, y limitaciones en la prestación de servicios a la ciudadanía. Además, causó pérdida de credibilidad en la adecuada fiscalización de los fondos asignados, lo que razonablemente pone en peligro asignaciones futuras, tal como ha sucedido en el pasado con entidades públicas que han pasado por situaciones similares», señalan los abogados al explicar los daños causados.

«Más aun, el Municipio se ha visto obligado a incurrir en gastos adicionales no contemplados, como resultado de la necesidad de conseguir y contratar una entidad que, legalmente, asuma las obligaciones contempladas en los contratos con (la empresa)», añadieron.

Aparte las partidas de dinero que son iguales en todas las demandas, Cataño busca recobrar $13,418,333.30 de Waste Collection y Santamaría Torres; $9,213,375.20 de Asphalt, Rodríguez Santos y Villegas Vargas; y $584,220.00 de parte de Island Builders Corp. y Santamaría Torres. Similar a VIP, en Island Builders no figura formalmente Santamaría Torres, pero los contratos de la empresa en Cataño y Guaynabo son parte del esquema de corrupción que ejecutó.