El Alto Foro federal emitió una denegatoria a la solicitud de revisión que sometió la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en contra de la decisión del Supremo local.

El Tribunal Supremo de los Estado Unidos decidió no evaluar la actuación del Tribunal Supremo de Puerto Rico al decretar confidenciales los procesos de violencia doméstica y prohibir la divulgación de las grabaciones de las vistas en las que Andrea Ruiz Costas solicitó sin éxito protección de la expareja que, un mes después de las vistas, la asesinó.

Cuando el Supremo federal deniega una solicitud de revisión (certiorari) no da motivos o explicación por lo que no hay constancia de por qué entendieron que no revisarían esta determinación ni la manera en que votaron para decidirlo.

El efecto que tiene la acción del Supremo federal es mantener inalterada y en vigor las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico denegando el acceso a las grabaciones y decretando, sin escuchar a ninguna parte al respecto, la confidencialidad de los procesos de violencia doméstica.

Los jueces del Supremo federal evaluaron la solicitud en su reunión del viernes pasado y notificaron su decisión hoy.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), promoventes de la acción, buscaba que el Supremo federal aceptara la solicitud, ordenara que todas las partes se expresaran por escrito (algo que no ocurrió con las decisiones originales porque el Supremo local las emitió sin tener la comparecencia de todas las partes), revocara la decisión de confidencialidad y devolviera la controversia al tribunal local con instrucciones de que la revisaran basándose en la protección de los derechos constitucionales de Primera Enmienda y de acceso a los tribunales.

El Procurador General y el Gobernador dijeron que favorecían la publicación de las grabaciones, pero esto fue solo en el foro público porque nunca comparecieron al Supremo para afirmarlo formalmente. Los fiscales del caso y el Secretario de Justicia llegaron a plantear a los tribunales primarios que su posición era la publicación de las grabaciones.

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En reacción a la decisión del Supremo federal, la Alianza Pro Transparencia, grupo de trabajo de la ASPPRO y el Overseas Press Club que manejó la solicitud, emplazó a la Asamblea Legislativa a que realice las enmiendas o leyes necesarias para disolver el efecto de la decisión del Supremo de Puerto Rico y garantizar que habrá acceso del público a los procesos relacionados con violencia doméstica.

Al realizar el pediro a la Legislatura, la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez, subrayó que «[e]l Poder Judicial de Puerto Rico no está exento de ser fiscalizado con el mismo rigor que el resto de las ramas de gobierno, por lo que la lucha por la transparencia y rendición de cuentas no ha terminado».

«Cumplimos con nuestro deber e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Lamentablemente sabíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene total discreción de decidir qué casos atiende y cuáles no. Son cientos y la posibilidad de que no se atendieran era real. A pesar de esto, estamos tranquilos porque hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Podemos decir que llevamos el caso hasta las últimas consecuencias. Aunque no prevalecimos, enseñamos al pueblo que estamos listos y dispuestos a trabajar hasta el final», comentó Edgar Villanueva Rivera quien, junto a Rafelli González Cotto y la Clínica de Libertad de Medios de Comunicación y de Acceso a la Información de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale representaron a la ASPPRO.

Vea:

Supremo federal evaluará caso de grabaciones de Ruiz Costas esta semana