Las decisiones que emitió el Alto Foro federal solo afectan al gobierno federal y no cambian el poder que tienen los estados y territorios para definir su estrategia en la pandemia.

Los jueces del Tribunal Supremo federal dejaron claro, tanto desde la mayoría como desde la disidencia, que sus dos decisiones el jueves sobre el poder que tiene el gobierno federal para imponer requisitos de vacunación en unas circunstancias particulares no son un juicio sobre la eficiencia de la vacuna ni alteran el esquema que permite que cada estado o territorio dicte su estrategia en la pandemia de acuerdo a guías salubristas.

De hecho, en ninguno de los dos escritos se menciona el caso de 1905 que todavía es un precedente vinculante (Jacobson v. Massachusetts) y que reconoce capacidad a los gobiernos estatales para obligar a la vacunación mediante mecanismos como multas y otras restricciones contra el individuo.

«Estos casos no son sobre la eficiencia o importancia de las vacunas del covid-19», afirmó en una opinión disidente el juez conservador Clarence Thomas. «Los mandatos de vacunación caen directamente dentro de los poderes de seguridad de los estados y, hasta ahora solo rara vez han sido un instrumento del gobierno federal», añadió.

El jueves, el Alto Foro emitió una determinación en la que dice que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA en inglés) no tiene poder en su ley habilitadora para imponer el requisito de vacunación que emitió y que aplica a todo patrono con 100 empleados o más pero, en la segunda determinación, dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés) sí tiene poder dentro de su ley habilitadora para requerir que los empleados de toda instalación sanitaria que reciba fondos federales Medicare y Medicaid tengan que estar vacunados.

Ninguna de las dos determinaciones es final en el sentido de que los casos donde surgieron todavía no han terminado, pero en el de HHS se tendrá que permitir la vigencia del requisito en lo que el caso termina y en el de OSHA el requisito se mantiene suspendido en lo que el caso termina.

La victoria de la Administración Biden en el caso de HHS se considera una pírrica ya que la mayoría de los 10 millones de empleados de instalaciones cubiertos por la regla están vacunados, mientras que la derrota de OSHA se considera un golpe fuerte a la estrategia antipandémica ya que aplicaría a unos 87 millones de personas. La agencia había estimado que la regla hubiera salvado 6,500 vidas y prevenido sobre 250,000 hospitalizaciones en los seis meses de vigencia que tendría.

En Puerto Rico, los efectos principales son dos: los patronos ya no enfrentan una orden federal de vacunación (lo que no quiere decir que puedan autoimponerse un requisito de vacunación para sus empleados) y podría alterarse el rumbo de la demanda que está pendiente ante el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, en la que un grupo de dueños de negocio impugnan las órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que regulan sus operaciones y les imponen requisitos sobre sus empleados y clientes.

«No hay ninguna duda de que las autoridades locales y estatales poseen poder considerable para regular la salud pública. Disfrutan del ‘poder general de gobernar’, incluyendo los poderes soberanos contemplados por la Constitución que no están específicamente adjudicados al gobierno federal. Y, de hecho, los estados han emprendido una variedad de medidas en respuesta a la pandemia actual. Los poderes del gobierno federal, sin embargo, no son generales sino limitados y divididos», argumentó el juez Neil Gorsuch en su concurrente del caso de OSHA.

Gorsuch fue el único miembro del Alto Foro federal que el viernes pasado atendió la vista oral en estos casos sin usar mascarilla, algo que se le requiere a los abogados y demás personas presentes en el salón de sesiones. La puertorriqueña Sonia Sotomayor, diabética y a quien le toca sentarse al lado de Gorsuch, atendió la vista de manera remota, desde su oficina.

En la decisión mayoritaria del caso de OSHA, que no está firmada por ningún juez en particular, el Supremo expone que «no es nuestro rol aquilatar esos equilibrios (entre las distintas estrategias salubristas). En nuestro sistema de gobierno, esa es la responsabilidad de los escogidos por el pueblo a través del proceso democrático».

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