Familiares de mujer asesinada por su pareja reaccionan a determinación del Supremo federal de no entrar en la confidencialidad del proceso que decretó el Supremo de Puerto Rico.

La familia de Andrea Ruiz Costas, la mujer asesinada por su pareja después de que intentó buscar protección varias veces en los tribunales, dijo que sabía lo difícil que resultaría lograr que el Tribunal Supremo federal revisara las actuaciones del Supremo local en el caso y argumentó que quienes le fallaron a la mujer fueron el Departamento de Justicia y los tribunales locales.

«Sabíamos que este proceso legal sería cuesta arriba. Realmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ni tan siquiera evaluará el caso, por lo cual no sabemos qué hubiese ocurrido, si en efecto, lo hubiesen atendido en sus méritos», dijo la familia en una declaración escrita después de que el Supremo federal denegara la solicitud que sometió la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para que revisaran las decisiones del Supremo de Puerto Rico que decretaron confidenciales las grabaciones de las vistas en los dos casos mediante los que Ruiz Costas intentó obtener protección de su pareja.

«Sin embargo, quien tuvo la potestad de proteger la vida de Andrea no fue el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue nuestro Departamento de Justicia y el mal llamado “Poder” Judicial. ¿A qué “poder” se refieren? ¿Al poder de contribuir a salvar la vida de Andrea? ¿Se refieren al poder de autorizar a la familia y a la prensa a ver y escuchar las grabaciones? ¿Se refieren al poder de salvaguardar la transparencia en favor de los ciudadanos que buscan justicia? O más bien entendemos que se refieren al abuso de poder que evidencian en todas sus acciones: ese poder de autoprotegerse para evitar ser fiscalizados», añadieron.

La ASPPRO y la Alianza Pro Transparencia, que incluye al Overseas Press Club, indicaron que ahora tocaba a la Legislatura tomar los pasos para disolver el efecto de las decisiones del Supremo de Puerto Rico haciendo las modificaciones necesarias en las leyes para dejar claro que los procesos de violencia doméstica son públicos.

La familia de Ruiz Costas se mostró a favor de seguir trabajando a favor de transparencia a favor de todas las víctimas de violencia doméstica y del derecho ciudadano a saber sobre la operación del gobierno.

«Ya todo resulta muy doloroso y pedimos espacio. Tenemos la convicción de seguir luchando porque las víctimas de violencia de género en nuestro país sean atendidas y tomadas en serio por todo el aparato de justicia. No merecen menos», dijeron.

Vea:

Supremo federal no revisará decisión sobre grabaciones de Ruiz Costas