La fiscalía precisó que presentarían unos cuatro testigos en el juicio

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico presentará tres grabaciones de video de distintas fechas en la que, dentro de un vehículo, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, recibió sobornos del contratista Oscar Santamaría Torres.

La fiscalía detalló esto y precisó que presentarían unos cuatro testigos en el juicio a preguntas de la jueza federal Aida Delgado Colón en la primera conferencia de status del caso después del arresto del político del Partido Nuevo Progresista (PNP) en diciembre pasado.

Después de su arresto el 9 de diciembre, la fiscalía había adelantado fotocapturas de dos videos que reflejaban supuestamente dos pagos de soborno, por lo que los datos que trajo hoy el fiscal Scott Hamilton confirman que son tres las transacciones ilegales sobre las que descansa la acusación contra Pérez Otero.

Hamilton dijo que entregó unas 70 piezas de evidencia a los abogados defensores del exalcalde el 14 de enero y que todas eran grabaciones relacionadas a esas tres instancias porque cada transacción fue grabada desde distintos ángulos. «Fue dentro de un carro, no son largas», dijo a la jueza.

De la misma manera, hay «cinco o seis» grabaciones encubiertas de llamadas telefónicas alrededor de esas transacciones. En total, descansarían su caso sobre cuatro testigos que se presupone incluyen a Santamaría Torres porque sería necesario para autenticar las grabaciones.

«La evidencia es bastante fuerte en este caso, solo estamos esperando a que ellos (los abogados de defensa) estén listos» para explorar la posibilidad de una alegación preacordada que disponga del caso sin ir a juicio, planteó el fiscal.

Los abogados, por su parte, plantearon a la jueza que la fiscalía les entregó los contratos que fueron objeto del supuesto esquema de sobornos y comisiones ilegales, pero no los documentos que los sustentan, particularmente las evaluaciones y minutas del grupo que adjudicó los contratos en el gobierno municipal. Esto apunta a que exploran la posibilidad de levantar una defensa que separa al exalcalde de la adjudicación de los contratos, pero la acusación dice que parte de la conducta ilegal de Pérez Otero fue «aconsejar, presionar y dirigir a oficiales municipales» para asegurar los contratos de los que les estaban pagando soborno.

La petición de los abogados Eduardo Ferrer, José Olmo y Osvaldo Carlo dio pie a que el fiscal revelara que una táctica investigativa fue obtener documentos sin tener que someter una citación formal al gobierno municipal «para no delatarlos».

La jueza citó a una vista de seguimiento para el 29 de marzo en la que se discutirían fechas de juicio o se establecería que hay conversaciones para explorar un alegación de culpabilidad.

Según el pliego acusatorio, Pérez Otero recibió $5,000 mensuales entre fines de 2019 y mayo de 2021 para asegurar todo negocio en el municipio de «Individuo A» y, específicamente, contratos de Island Builders Corp., uno de los frentes que usó Santamaría Torres para ejecutar el esquema ilegal, por el que ya se declaró culpable, en varios municipios.

Island Builders fue creada el 8 de agosto de 2018 y ha amasado $3.8 millones en contratos con Cataño, Aguas Buenas, Arecibo, Guaynabo y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.

Pérez Otero enfrenta cargos por soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales (cinco años de cárcel), ayuda y asistencia en la comisión de soborno (10 años de cárcel), extorsión so color de autoridad (20 años de cárcel) y un cargo de confiscación.