Piden paralización de nueva ley de drones
Gobernador alega firmó la ley que hace delito el grabar con drones sin conocer ningún caso de invasión a la privacidad
La Ley 68 de 2021, que convierte en delito menos grave el grabar a personas o propiedades usando drones sin el consentimiento debido o una orden judicial debe ser paralizada por sus defectos constitucionales y su efecto limitante en actividades válidas, como la fiscalización de propiedades abandonadas y estorbos públicos.
Esta es la solicitud que hace una demanda sometida por la organización sin fines de lucro Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH), que colabora con municipios en la fiscalización de propiedades abandonadas en el proceso de declararlas estorbos públicos.
El expresidente de la Cámara, el novoprogresista José Aponte Hernández, es el autor del Proyecto de la Cámara 402 que el Gobernador convirtió en la Ley 68 o "Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los Sistemas Aéreos no Tripulados". Se trata de una medida que el legislador ha estado intentando pasar constantemente desde 2015 y que, de hecho, en el cuatrienio pasado recibió el visto bueno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y fue aprobada en la Cámara, aunque luego murió en el Senado sin acción posterior. En esa votación del cuatrienio pasado, el proyecto tuvo el voto unánime de los presentes en el pleno, incluyendo de los tres partidos con delegación. El texto en esa ocasión era idéntico al convertido en ley ahora.
En el trámite del P de la C 402, sin embargo, no se contó con ninguna entidad cívica y, según el informe de comisión, solo comparecieron el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública. En la Cámara, solo le votaron en contra José B. Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Orlando Aponte Rosario y Luis "Narmito" Ortiz Lugo, del Partido Popular Democrático (PPD). Mientras, en el Senado, solo se registraron en contra la delegación del MVC y María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño.
En los registros públicos, solo consta una manifestación pequeña que se realizó en el Capitolio en mayo de 2016 de parte de un grupo que reclamaba la aprobación del proyecto de Aponte Hernández porque, en 2015, una residente de El Condado, identificada como Tamarita Maldonado, presentó querella en la Policía tras percatarse de que un dron la grababa cenando junto a su esposo en su apartamento de un piso 8. En ese momento, la Policía dijo no saber cómo tramitar la querella. Los representantes del grupo a favor eran José N. Figueroa, Carlos Vega, Loren Torres, Jorge Pagán y Janelis Torres.
En una entrevista reciente con NotiCel, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo que firmó el proyecto por recomendación de sus asesores y porque fue aprobado por "clara mayoría" en la Legislatura.
"Yo, personalmente, no tengo un caso así que mencionarte de invasión a la privacidad o mi propia privacidad. Eso no pesó en mí", dijo.
La demanda de CRH fue radicada el 3 de febrero y propone al tribunal que las prohibiciones de la Ley 68 "son amplias, vagas y prohíben a cualquier persona realizar actos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. y la Carta de Derechos de la propia Constitución (de Puerto Rico)".
Explican que son la única organización única organización "dedicada exclusivamente a detener el problema de las propiedades deterioradas y abandonadas con un enfoque abarcador intersectorial hacia vivienda asequible, planificación y desarrollo comunitario". Trabajan con varios municipios para "tomar imágenes aéreas de propiedades que representan riesgos por condición de estorbo público". "Es decir, en propiedades con acceso limitado identificadas en abandono y peligro, se utilizan sistemas aéreos no tripulados o 'drones' para identificar la existencia de riesgos, como por ejemplo techos colapsados, vertederos clandestinos y piscinas convertidas en criaderos de mosquitos. Como resultado, los Municipios utilizan esta evidencia para sostener la declaración formal de estorbo público en conformidad con los requisitos estatutarios y consecuentemente, para hacer justicia social en sus comunidades", añaden.
Entre las deficiencias que le señalan a la ley, y que incluye que no queda claro ni qué actividades caen bajo la prohibición ni que hay balance con otros derechos como la libertad de expresión, el CRH puntualiza que el requisito de tener el consentimiento del dueño de la propiedad para grabar es especialmente problemático para las necesidades de los municipios de fiscalizar propiedad abandonada porque, precisamente por estar abandonada, es difícil conseguir el consentimiento de sus dueños.
Esa dificultad, subrayaron también, se extiende a "los esfuerzos del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) que busca cobrar las contribuciones de las propiedades que contienen piscinas que no han sido registradas o tasadas".
La demandante recordó también al tribunal que hay decisiones de tribunales federales, que aplican a Puerto Rico, que reconocen "el derecho de grabar personas sin su consentimiento para el propósito de grabar asuntos de interés público o noticioso que están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.".
Según expuso en una columna el profesor y exmiembro de la Comisión de Derechos Civiles, Hiram Meléndez Juarbe, la nueva ley "está animada por un impulso legítimo de atender los efectos que nuevas tecnologías pueden tener sobre nuestros derechos". "Lamentablemente, es una ley muy mal concebida que afecta derechos de libertad de expresión y, por tanto, es inconstitucional", añadió.
Para Meléndez Juarbe, se trata de un problema de falta de precisión y de balance entre derechos constitucionales. "El concepto de vigilancia no está definido, y puede impedir el que un noticiero o una documentalista utilice un aeroplano no tripulado con cámara para documentar la participación de figuras públicas en actividades masivas en el espacio público, como sería por ejemplo Ricky Martin o Bad Bunny en las protestas del verano 2019", explicó.
"(La ley) es un esfuerzo muy poco sofisticado y muy burdo que le hace un mal servicio a los intereses de privacidad que intenta proteger, pues lo hace en detrimento de otros valores constitucionales importantes", concluyó.
El gobierno federal no ha entrado a regular esta área del uso de los dron, por lo que hay reticencia y duda en los estados sobre hasta dónde podría llegar una ley estatal. Solo 20 estados han establecido algún tipo de regulación. No todas tienen que ver con la intimidad y no todas establecen nuevos delitos.
La representante del CRH es la licenciada Michelle Alvarado Lebrón, quien realiza su trabajo con el CRH como parte de le Beca Charles Hey Maestre, que otorga la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
Hillary Román contribuyó en la redacción de esta historia.
Para ver la demanda, pulse aquí.
Vea:
Exigen aprobación de proyecto para lidiar con drones ligones