Fiscalía buscaba recobrar dinero del esquema de corrupción en el DRD, en una estrategia que pudo abrir la puerta a otras demandas de ese tipo.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico tuvo una derrota en su plan de recobrar de las agencias del gobierno de Puerto Rico cualquier cantidad de dinero público involucrado en actos de corrupción.

El enfoque de recobrar la mayor cantidad de dinero posible que se haya malversado por actos de corrupción es una iniciativa del fiscal W. Stephen Muldrow, pero el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, le cortó el paso en lo que tiene que ver con demandar a las agencias del gobierno de Puerto Rico en acciones de recobro de dinero.

En una decisión del 25 de mayo, Arias Marxuach desestimó la demanda que la fiscalía sometió en verano pasado bajo el «False Claims Act» (FCA) contra el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para recuperar dinero que la agencia retuvo ilegalmente en el esquema que ejecutó el convicto exsecretario de la dependencia, Ramón Orta Rodríguez. En el esquema, el DRD hizo una propuesta y recibió $4 millones para llevar a cabo el programa Generación Saludable: Un proyecto para el desarrollo de destrezas académicas y estilos de vida sanos. Uno de los requisitos de uso de los fondos era que no se subcontrataran los trabajos, pero el DRD los subcontrató a Rosso Group, Inc. por una cantidad menor, quedándose con la diferencia.

“Oficiales del DRD crearon licitaciones falsas y postdataron otros documentos que contenían información falsa en un intento de encubrir la manera en que el DRD había adjudicado los contratos a Rosso, y para hacer ver como si se hubiera realizado un proceso competitivo para adjudicar los contratos a Rosso”, alegó el recurso judicial.

Pero Arias Marxuach concluyó que la FCA no se puede usar para demandar al gobierno de Puerto Rico ni sus agencias u oficiales. Al aplicar precedente del Tribunal Supremo federal, enfatizó que la ley solo puede usarse contra partes privadas.

Vea:

Fiscalía federal demanda al gobierno de PR por mal manejo y corrupción en el DRD bajo Orta