Detrás de citación so pena de desacato la semana pasada contra Secretaria de Corrección hay un caso que refleja dejadez y desatención del Gobierno de Puerto Rico desde que el actual Gobernador era Secretario de Justicia.

Desde que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia era secretario de Justicia y el gobernador era Pedro Rosselló González, hace 28 años, la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) violenta derechos civiles y constitucionales de los menores de edad que quedan bajo su custodia porque están sometidos al proceso criminal juvenil.

La citación so pena de desacato la semana pasada de la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, por tomar decisiones de contratación que van contra órdenes del tribunal y no están consultadas con la monitora de la corte asignada al caso es solo la más reciente muestra de la dejadez que llevó al juez federal Francisco Besosa a amenazar a la funcionaria con la designación de un síndico si ella y su equipo no se alineaban para poder darle punto final a la supervisión del tribunal sobre las instituciones juveniles.

En 1994, cuando el Departamento de Justicia federal envió al exgobernador Rosselló González una carta que fue el punto de partida para el caso que todavía sigue, le preocupaban tres cosas sobre la manera en que Puerto Rico trataba a sus menores acusados de delito: no se les daba educación, estaban hacinados en instalaciones sucias y no recibían cuidado médico ni de salud mental. En 1997 quedó formalizado la orden por consentimiento mediante la que Justicia federal y el tribunal monitorean ;as instituciones juveniles hasta el día de hoy.

En una moción la semana pasada relativa a la citación de Escobar Pabón, la monitora de la corte, Kim Tandy planteó que, después de todo este tiempo y aún con los rigores de la supeervisión judicial, la Administración de Corrección y Rehabilitación todavía trata a sus instituciones juveniles como algo insignificante, a lo que le pueden quitar presupuesto y personal como quieran para suplementar los programas y servicios a la población adulta.

«Atender la conducta de jóvenes no está, y no debe estar, basado en un modelo correccional de adultos. Esa cultura es parte de lo que tiene que cambiar dentro de (la AIJ)», indicó Tandy en una moción.

La secretaria Escobar Pabón y su representante legal, licenciada Arlene Pérez Borrero, representaron al juez que todo se reducía a un error de la abogada al no enviar a tiempo una moción que pidió el juez Besosa. Pero tanto Besosa, como la monitora y Justicia federal dejaron claro en sus escritos que aún la moción que la abogada envió tarde no atiende el acto por el que el juez sometió a la Secretaria a una orden de desacato: el que tomó decisiones de contratación de personal sin la debida comunicación y consulta con la monitora, la cual, en última instancia, es la representante del juez en el día a día de la supervisión federal de las instituciones juveniles. Y por eso es que Besosa amenazó con nombrar a un síndico, que es lo mismo que cambiar el actual modelo de uno en el que el gobierno estatal se comunica y ejecuta en consulta con el tribunal, a uno donde el tribunal, mediante el síndico, simplemente saca del medio a la gerencia del gobierno estatal y entra directamente a correr el sistema carcelario de menores.

«Después de 28 años de fracasar en alcanzar un nivel sustancial de cumplimiento en áreas críticas que incicen en la protección de la juventud, la continua deferencia de este tribunal al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que arregle sus problemas a través de liderato efectivo y consistente todavía no ha resultado en la terminación exitosa de este caso», dijo el juez en la orden de mayo en la que primero adviritió a la Secretaria que la encontraría en desacato.