El pleito de división de bienes sigue adelante solo contra el manejador, Noah Assad.

El exmilitar venezolano Rafael Ricardo Jiménez Dan, dueño de la empresa que maneja al artista número uno del mundo actualmente, el puertorriqueño Benito («Bad Bunny») Martínez Ocasio, quedó fuera de una demanda en la que la exesposa del manejador del astro, Noah Kamil Assad Byrne, le reclama la mitad de la fortuna que ha generado la compañía como parte de un proceso de separación de la pareja y división de comunidad de bienes.

Los abogados de la demandante, Gretchen Marie Hernández Rivera, notificaron en una vista del caso el viernes pasado que habían llegado a un acuerdo confidencial con Jiménez Dan que tuvo como resultado el que desistieran de las reclamaciones en su contra sin perjuicio.

Según la demanda, Jiménez Dan conoció a Assad Byrne en 2014 después de que éste se mudara a Florida tras salir de Venezuela habiendo servido como viceministro en el gobierno de Hugo Chávez. Ese año, Jiménez Dan le habría puesto en las manos a Assad Byrne $2 millones, así como una casa que compró en Ocean Park, para que potenciara un negocio de representación de artistas que había comenzado con poco éxito. De la unión de ambos surgió Rimas Entertainment, LLC, empresa que, según la demanda, vale ahora unos $1,000 millones. Tan solo la representación de «Bad Bunny» le valdría $500 millones.

En los únicos argumentos que sometió en el caso, una moción de desestimación, Jiménez Dan no disputó esta versión y, de hecho, afirmó que tiene una «participación mayoritaria» en Rimas.

La demanda fue presentada en marzo pasado después de que en diciembre de 2021, 90 días antes de que formalizaran su relación de 10 años y dos hijas con una boda, Assad Byrne le notificó a la demandante que se separaba de ella y dejó el hogar.

Assad Byrne no ha contestado las alegaciones de la demanda y su comparecencia hasta ahora es una solicitud pendiente para que la demanda sea desestimada porque argumenta que la relación no generó una comunidad de bienes que se pueda dividir.

Según la discusión en la vista ante la jueza Elisa A. Fumero Pérez, el pleito está estancado en la etapa de descubrimiento de prueba porque Assad Byrne sostiene que los requerimientos de prueba que le sometió su expareja son amplios y violentan distintas disposiciones que le aplican como persona y que le aplican también a las entidades corporativas.

Hernández Rivera busca obtener documentos de organización corporativa, acciones y esquemas de compensación, entre otros, de las empresas: Rimas Entertainment, Rimas Classics, Noah Assad LLC, CT Corporation, HABIBI, Skyline, Inc., NAB, Brummana, GMESPR y Noah Assad Presenta. También, relativo a Assad Byrne, documentos como sus planillas personales, cuentas de banco, cuentas de inversión, planillas de propiedades, préstamos y otros. Además, pidió comunicaciones de Assad Byrne con Jiménez Dan, con su madre, Molly Assad, y con el propio «Bad Bunny».

Las alegaciones de Hernández Rivera es que aportó significativamente a los negocios de Assad Byrne, incluyendo influenciar en su decisión de firmar como representante de «Bad Bunny» cuando éste era poco conocido.

El abogado de la mujer, Guillermo F. De Guzmán Vendrell, sostuvo que la prueba solicitada es la que puede establecer el nivel de participación que tuvo su representada en el desarrollo del negocio y se quejó de que Assad Byrne no quisiera contestar ninguna de las solicitudes.

El abogado del manejador, Pedro Ortiz Álvarez, ripostó que «los casos tienen etapas» y que primero correspondía dirimir si se llegó a crear una comunidad de bienes para entonces pasar a cuánto de esa comunidad le tocaría a la expareja. Añadió que su cliente estaba dispuesto a someterse a una deposición y que también les interesaba deponer a su expareja.

La jueza coincidió con el planteamiento y ordenó a los abogados de Hernández Rivera a que modificaran su solicitud de producción de documentos para que la enfocaran en aquellos que pueden establecer la existencia de la comunidad y también para que, en vez de dirigir todo a Assad Byrne, evaluaran si algunas de las solicitudes puede dirigirse a las corporaciones como entes separados que también estarían obligados a responder bajo las reglas de descubrimiento de prueba.

Vea:

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