Una moción de la defensa revela que la fiscalía federal intervino con cuentas de correo electrónico, pero solo incautó el teléfono de la exgobernadora Wanda Vázquez.

Los abogados de defensa en el caso de soborno alrededor de la operación del banco Bancrédito pidieron al tribunal que designe a un Comisionado Especial a quien se le pueda pasar para revisión las miles de piezas de evidencia que el Gobierno de los Estados Unidos recopiló cuando diligenció órdenes de allanamiento contra 31 cuentas de comunicación electrónica de sus clientes así como contra el teléfono celular de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La controversia está ocurriendo trasbastidores desde hace casi un mes. Temprano en la semana pasada, los abogados de Vázquez Garced la adelantaron sin abundar en argumentos o remedios, pero el viernes una moción suscrita por la representación de los tres coacusados entra en detalles. La radicación del documento el viernes ocurre de cara a la primera conferencia de status en el caso que se celebrará mañana martes ante el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach.

La moción contiene también la primera teoría de defensa que adelanta concretamente el banquero Julio Herrera Velutini. Según el pliego acusatorio, Herrera Velutini se enfrascó en una trama de soborno en la Administración Vázquez Garced, e intentó hacerlo en los inicios de la Administración Pierluisi, para controlar la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y descarrillar una auditoría de su banco en la isla, Bancrédito International Bank & Trust, que inició bajo el excomisionado de OCIF, George Joyner Kelly. La moción del viernes dice, basándose en evidencia entregada hasta ahora por los fiscales, que «el regulador, de hecho, trabajó bajo la dirección de investigadores del gobierno mientras estaba interactuando directamente con los abogados de Herrera Velutini sobre las auditorías».

La recopilación de evidencia mediante órdenes de allanamiento comenzó en este caso en 2020 y produjo miles de récords de las comunicaciones de los acusados, incluyendo comunicaciones con abogados que pueden ser objeto del privilegio abogado-cliente. Estas comunicaciones presumiblemente privilegiadas son el objeto de la moción de emergencia.

Los abogados y la fiscalía estaban discutiendo mediante cartas la forma de manejar esta evidencia pero tienen un detente porque los abogados quieren que la fiscalía cese inmediatamente de «filtrar» esta evidencia mediante un equipo especializado que se supone no tenga contacto con los fiscales investigadores y que se supone segregue las comunicaciones privilegiadas para que entonces la fiscalía entregue solo aquella evidencia que no es privilegiada. Pero la postura del gobierno es que «no vamos a estar de acuerdo en descontinuar el uso del equipo de filtración» y recordaron que todos los tribunales apelativos federales han permitido ese mecanismo. Más recientemente, en el caso contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la defensa levantó objeciones con el uso de un «equipo de filtración» que examinó el correo electrónico de la exfuncionaria, pero no tuvieron éxito.

Los abogados de Herrera Velutini, Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini, exhortaron al juez Arias Marxuach a que examinara la disputa a la luz de los desarrollos en el caso en el que el Departamento de Justicia federal allanó la residencia del expresidente Donald Trump y ocupó varias cajas de documentos. Una jueza de distrito designó a un Comisionado Especial, en vez de mantener los documentos bajo el cernimiento interno de Justicia. El Tribunal Supremo rehusó entrar en la controversia y el trabajo del comisionado continuó, resultando en que todavía hoy el expresidente y Justicia están disputando el acceso del gobierno a ciertos documentos.

Una opción que la fiscalía ofreció en este caso es que los acusados renunciaran al privilegio de abogado clientes entre ellos mismos para que se le entregara el mismo paquete de evidencia a todos, en vez de hacer entregas de información individualizada por acusado, pero los abogados lo rechazaron.

La moción pide al juez que le ordene al gobierno cesar inmediatamente el cernimiento del material; divulgar los procesos específicos que está usando para el cernimiento; realizar una vista de emergencia para escuchar argumentos sobre esto; designar a un Comisionado Especial o, en su defecto, permitir que sea cada acusado el que haga el cernimiento para identificar material privilegiado; ordene la devolución del material incautado; y ordene al gobierno que deje de usar el material privilegiado para cualquier propósito, incluyendo prepararse para juicio.

La fiscalía federal había adelantado que podría invocar en este caso procesos especiales debido a la existencia de evidencia clasificada como secreta por motivos de seguridad nacional, pero todavía no hay indicio público de que eso haya pasado.

Vea:

Documentos clasificados abren ruta fuera de lo común en caso Wanda Vázquez